A raíz de la decisión de la administración Trump de terminar las operaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Nicaragua en 2025, quedó claro que, el supuesto muro de contención que la dictadura Ortega Murillo propagandeaba como logro de política internacional en materia de seguridad, en realidad no existía.
Desde que el régimen rompió con la comunidad democrática internacional y se cubrió bajo la sombra de las principales dictaduras del mundo, desechó las relaciones donde no obtiene ningún beneficio, o el costo de seguir es mayor que el beneficio. Ese es el caso de todos los espacios de donde se retiró, o inició los procesos para hacerlo.
Al mismo tiempo que se alejaba de los espacios democráticos, impulsaba el tráfico de drogas y la migración irregular, como parte de las actividades que ahora prioriza junto a otras dictaduras y grupos delincuenciales.
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Pero no sólo se ha alejado de espacios democráticos e impulsado actividades ilegales. Para tener control total de la sociedad, paralelamente desmantela los del campo económico, a través de cambios en el marco legal en que operan las empresas privadas que no son suyas o de sus allegados.
Desde 2018 desarrolla un proceso sistemático de destrucción en el campo económico, que se incrementa de manera progresiva. Inició con las tomas de tierra en 2018 y continuó en 2019 con una reforma tributaria que impactó negativamente, principalmente entre las pequeñas y medianas empresas; muchas de ellas cerraron y las que sobrevivieron pagan impuestos de extorsión.
Empresas no pueden defenderse
Las empresas que han subsistido, no han contado con un marco legal para defenderse de las decisiones que les imponen las autoridades tributarias, aduaneras, municipales o de cualquier otro ámbito.
A partir del 2023 cerraron todas las asociaciones empresariales y les confiscaron sus bienes. Esto generó una denuncia contra la dictadora Ortega Murillo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el incumplimiento de cuatro convenios relacionados con la libertad sindical; el derecho a la sindicación y negociación colectiva; la discriminación en el empleo; y la consulta tripartita. Proceso que culminó con la creación y conformación de una Comisión de Encuesta, por segunda vez en la historia del país y bajo el mismo gobernante.
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Además, el objetivo de la reforma constitucional vigente desde febrero y las leyes económico-financieras aprobadas recientemente, es concentrar el poder del Estado sobre lo económico, mediante la eliminación de los compromisos estatales promovidos por el sector privado y la construcción de un marco jurídico represivo (y ya no de hecho), que mantiene a empresas y empresarios completamente subordinados, indefensos y en manos del Estado.
La nueva ley de inversión extranjera y su reglamento controlan a las empresas nacionales y extranjeras. En el caso de las inversiones nuevas tendrán que ser aprobadas por el hijo de los co-dictadores; y las extranjeras existentes, para seguir en el país están obligadas a firmar un contrato de inversión con el Estado, independientemente de que les parezca o no su contenido.
Ningún empresario independiente, ni empresa nacional o extranjera tiene seguridad en Nicaragua. Su existencia, certidumbre o rentabilidad no está determinada por su eficiencia, competencia o productividad, sino por lo que decida la familia Ortega Murillo, que puede cambiar su opinión en el momento en que lo desee.
Empresas están en indefensión
Un ejemplo de hasta dónde llega la indefensión de los inversionistas quedó en evidencia hace pocos días, con la aprobación de un préstamo que la Empresa Nicaragüense de Transmisión Eléctrica (Enatrel), recibirá de una empresa china para entrar al negocio de la telefonía móvil; negocio en el que la dictadura será competidor desleal para las compañías Tigo y Claro. Además, autorizó el uso de la infraestructura de estas empresas y de las compañías privadas de torres para que Enatrel coloque sus antenas sin tener que invertir, como deben hacerlo las empresas privadas.
Este proceso contra el sector privado ha provocado que, prácticamente en los últimos años no haya inversión privada nueva, ni nacional ni extranjera. Lo que se observa es la reinversión de utilidades de las empresas extranjeras que están en el país, en parte porque no les autorizan distribuirlas.
A esto hay que agregar que recientemente, la dictadura que se caracteriza por manipular sus estadísticas a vista y paciencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), redujo los montos de inversión extranjera que había anunciado en 2021, 2022 y 2023. Adicionalmente, este año no ha presentado cifras de la inversión extranjera que ha llegado al país.
Por todo lo anterior en la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) consideramos que el verdadero muro de contención que la dictadura construyó en los últimos años es contra la inversión y no contra el tráfico de drogas; y que el gran perdedor es el pueblo nicaragüense que, a pesar de lo que digan en sus informes el FMI y las Agencias Calificadoras de Riesgo, que complacientemente callan estas realidades, ve como se pierden las esperanzas de un futuro con crecimiento económico y generación de empleo.
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.org
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