Han matado a un hombre

Comienzo así este artículo y con ese gentilicio por una razón muy específica, aun sabiendo que pueda disgustar ligeramente a quienes consideren que la nacionalidad va siempre ligada al sentimiento. Y tendrán razón: este hombre realmente nació en Nicaragua y amó por encima de todas las cosas a su patria, y de hecho murió por ello: por quererla libre y por decir lo que pensaba. Ser nica era su emoción más profunda y una manera de estar en el mundo y de querer cambiarlo, y esa era su principal bandera y su pasión.

El acoso del régimen le obligó a salir del país y a refugiarse en Costa Rica, desde donde seguía dando entrevistas y publicando textos siempre cargados de información relevante. Más allá de sus opiniones personales, su experiencia como militar le permitía obtener datos y conocimientos que ponía al servicio de los medios y de la gente, y quizá tenía acceso aún a fuentes confidenciales que hacían que cualquier declaración suya fuera especialmente útil. Diría que era una de las voces más escuchadas por todos, tanto dentro como fuera del país, y de igual manera por amigos que por enemigos.

Esta notoriedad y su militante compromiso le supuso, como a tantos otros, que le quitaran la nacionalidad nicaragüense por decreto y quedara en situación de apatridia. España, en un gesto de gran valor, le otorgó la ciudadanía de ese país como parte del grupo de las 94 personas que habían quedado en la misma situación, y que se suman a otros pocos centenares que la han ido adquiriendo por idénticas razones.

Vuelvo entonces al comienzo: es la primera vez que un ciudadano español incluido en ese grupo es asesinado en estas circunstancias. Imagino que el sicario no sabía casi nada de los pormenores personales de su víctima y tampoco le importaban: su labor era cobrar por el trabajo y huir. Pero la pregunta es si los ejecutores intelectuales eran conscientes del hecho de que no sólo estaban matando a un nica de nacimiento, sino que se estaban internando también en un terreno pantanoso en el que la justicia internacional podría comenzar a interesarse por el caso.

Un ciudadano con pasaporte español adquirido por nacionalización tiene los mismos derechos que el poseedor de ese mismo documento que haya nacido en Madrid o en Bilbao. A efectos jurídicos, la protección que deben recibir ambas personas es la misma. Ciertamente, puede haber algunas excepciones muy puntuales: es de dominio público que en Estados Unidos uno no puede ser presidente si no ha nacido dentro de sus fronteras o de padres estadounidenses (a Barack Obama le lanzaron el bulo de que era presidente ilegítimo por haber nacido en Kenia, cuando ya las fake news campaban a sus anchas por las redes y él tuvo que mostrar su partida de nacimiento hawaiana).

Precisamente, España es uno de los países más garantistas en este sentido, y un nacionalizado tiene prácticamente todos los derechos que ostenta un nacional de origen, ya sea que se encuentre viviendo en el propio país o en el extranjero. En este último caso, la protección consular debe valer tanto para unos como para otros, asumiendo que no hay embajada que pueda proteger individualmente a cada uno de sus ciudadanos las 24 horas. Pero el interés por el asunto debe ser máximo tomando en cuenta que Roberto Samcam ya ejercía como español de pleno derecho: podía votar desde el consulado, ir a España a trabajar o a pasear por sus plazas, o presentarse si hubiera querido a un cargo público.

La generosísima decisión del Estado español de nacionalizar a tantos nicaragüenses tiene sus consecuencias a todos los niveles, más allá del gesto. Y una de ellas requiere una respuesta: qué ocurre cuando estos nuevos ciudadanos están siendo víctimas de vigilancia, acoso, persecución y, en último término, atentado contra su vida. ¿Habrá algún tipo de investigación oficial desde España, aunque sea reservada, sobre estos hechos? ¿Se prestará colaboración al Estado costarricense para sumar esfuerzos en esta pesquisa? ¿Y habrá algún juez español que recurra a la jurisdicción extraterritorial para indagar en ello y se abra una vía de amplio recorrido que pueda acabar vinculándose con otros casos análogos que se cometieron previamente?

Pero también Costa Rica está obligada a dar respuestas efectivas ante una brecha abierta en su tan cacareada armonía suiza. No son tiempos para la lírica, ciertamente: ya hace tiempo que los índices de criminalidad en el país han aumentado de manera alarmante, y aunque los efectos para el turismo todavía no son palpables, hay preocupación por la penetración de redes criminales en varias zonas del país. El sicariato no es más que un apéndice de este entramado, que pugna por el dominio territorial para preservar el negocio de sus capos, pero que al mismo tiempo puede ser un instrumento para otro tipo de actividades no específicamente lucrativas.

El modus operandi de este asesinato denota, como ya han señalado todos los medios independientes, una preparación y una logística acordes con una finalidad política. Pero sin investigación precisa de las autoridades competentes y la coordinación con otras instancias internacionales será de compleja resolución. No sirve de nada negar lo evidente, pero tampoco el silencio es una opción, y tanto Costa Rica como España deberán afrontar una realidad incómoda pero tan cierta y sólida como el dolor que sentimos todos ante este crimen.

Quede el último párrafo de este texto para la memoria perenne de Roberto, un nica y español que, por encima de los adjetivos, es un hombre que seguirá presente (¡presente!, como tantas veces se gritó en su funeral) en esta tierra y en todas las tierras donde su voz llegó potente y clara, con la conciencia de que su misión no termina con su muerte y de que su testimonio permanecerá en la memoria de quienes lo escuchamos y lo leímos y aprendimos tanto de él.

El autor es cooperante español en Centroamérica.