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A pesar de que la dictadura de Daniel Ortega ha abandonado diferentes espacios y organismos internacionales, y que su política exterior es considerada errática, nada diplomática y centralizada en las decisiones de Rosario Murillo, el régimen nicaragüense mantiene cinco asesores presidenciales para políticas y relaciones internacionales.
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Los detractores de la dictadura orteguista coinciden en que esto sólo puede ser una manera de seguir manteniendo en la planilla pública a leales funcionarios removidos de sus cargos.
En 2019, el medio de comunicación Confidencial reveló que el expresidente Mauricio Funes (fallecido en enero de 2025), devengaba un salario de más de 2,739 dólares como asesor de Cancillería. Este podría ser un aproximado del ingreso de los asesores presidenciales de Ortega.
Dos excancilleres
El más antiguo asesor presidencial en asuntos internacionales es el excanciller Samuel Santos López.
Santos López fue canciller del país durante casi 10 años desde que Ortega regresó al poder en 2007. Dejó ese cargo en 2016 y un año después fue nombrado ministro asesor para políticas y asuntos internacionales. En agosto de 2024 fue ratificado en ese cargo junto a otros 16 asesores presidenciales con rango de ministros.
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Denis Moncada Colindres es otro excanciller que, tras dejar esa función en 2024, fue nombrado inmediatamente ministro asesor presidencial para política y relaciones internacionales. Moncada fue siete años canciller de Nicaragua.
En 2022, Orlando Tardencilla dejó de ser diputado ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), para luego ser nombrado ministro asesor presidencial para política y relaciones internacionales.
Iván Lara Palacios es otro de los asesores de Ortega para políticas internacionales. Lara fue procurador especial penal de la Procuraduría General de la República y desde ese cargo, en 2002, persiguió por corrupción a Arnoldo Alemán. Con la Administración de Ortega fue nombrado asesor de Cancillería y en 2017 pasó a ser viceministro de Cancillería para asuntos jurídicos.
En marzo de 2022, Ortega nombró a Lara embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y el 9 de diciembre de 2023 fue nombrado asesor presidencial para políticas y relaciones internacionales.
Lara estuvo en Naciones Unidas abogando para que a Nicaragua se le retiraran las sanciones que le han impuesto otros países a funcionarios orteguistas por las violaciones a derechos humanos.
Nueva asesora presidencial
El caso más reciente es el de Gisell Socorro Morales Echaverry, embajadora de Nicaragua en Cuba y quien hace dos años fue removida del cargo de embajadora de Nicaragua ante el Reino Unido.
Este lunes 19 de mayo, Morales fue nombrada como ministra asesora presidencial para políticas y relaciones internacionales, según publicación en el diario oficial La Gaceta.
Morales Echaverry es hija de Ricardo Morales Avilés, un comandante sandinista asesinado en 1973 por la Guardia Nacional.
El actual canciller Valdrack Jaentschke Whitaker también pasó por el cargo de asesor presidencial antes de ser nombrado ministro del exterior. Jaentschke también fue embajador en numerosos países.
Cargos sin funciones
Un experto en relaciones internacionales explicó que «un ministro asesor en asuntos internacionales, como su nombre indica, estaría para asesorar al presidente en asuntos internacionales», pero señaló que «para eso existe un Ministerio de Relaciones Exteriores y un ministro con un amplio equipo de profesionales encargado del seguimiento a estos asuntos».
El experto manifestó que en un régimen como el de Nicaragua, en el que las decisiones están centralizadas en Ortega y su esposa, tantos cargos de asesores sólo pueden tener dos respuestas.
«Una, que se trata de un nombramiento a un cargo sin funciones, que se trata simplemente de garantizar a la nueva ministra asesora un salario. Dos, que se trata efectivamente de dejar sin funciones al actual ministro de Relaciones Exteriores, quien no asoma la cara desde hace meses y podría estar bajo riesgo», manifestó el experto.
Otro exdiplomático nicaragüense, que también pidió no ser identificado, manifestó que «la única explicación que tiene es que los nombran para continuar pagándoles un salario y mantenerlos con los beneficios del Estado».
