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Una jueza federal de Estados Unidos dictaminó que la administración del presidente Donald Trump puede usar una ley de tiempos de guerra para expulsar a un presunto pandillero venezolano, el último giro en el conflicto legal sobre deportaciones.
La jueza Stephanie Haines, nombrada por Trump, concluyó el martes que este caso «cumple con» la Ley de enemigos extranjeros de 1798 (AEA, por sus siglas en inglés), pero dijo que las autoridades deben «proporcionar mayor notificación a aquellos sujetos a remoción».
El presidente republicano invocó en marzo esa ley, usada entonces por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para enviar a individuos a los que acusa de ser miembros de la banda venezolana Tren de Aragua a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
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Pero la Corte Suprema y varios tribunales inferiores alegaron falta del debido proceso y suspendieron temporalmente las deportaciones bajo la AEA.
Argumentos de abogados de los detenidos
Los abogados de varios de los venezolanos deportados sostuvieron que sus clientes no eran miembros del Tren de Aragua, no habían cometido delitos y fueron apresados principalmente por sus tatuajes.
Ahora, en una victoria legal para Trump, Haines falló que el gobierno de Estados Unidos podía de hecho utilizar la ley para deportar a sospechosos miembros venezolanos del Tren de Arangua que se encontraran ilegalmente en Estados Unidos «siempre que el gobierno cumpla con la notificación y el debido proceso suficientes».
Según el fallo, las autoridades deben dar a los deportados al menos 21 días de aviso.
Haines describió a los miembros del Tren de Aragua como «empeñados en desestabilizar a Estados Unidos» e «inundar» el país con drogas ilegales, buscando causar una «disrupción significativa a la seguridad pública».
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La decisión, que se relaciona con un venezolano identificado sólo por las iniciales A.S.R., podría llevar a otras deportaciones en el distrito de Haines en Pensilvania, informó el Washington Post.
El Tren de Aragua fue designado como una «organización terrorista extranjera» por la administración de Trump, que ha pagado a El Salvador millones de dólares para encerrar a cientos de migrantes deportados que afirma son criminales y miembros de pandillas.
