La justicia de Estados Unidos (EE. UU.) ha salido en defensa de los inmigrantes paroleados, amenazados con la deportación por el gobierno del presidente Donald Trump, a pesar de que no están en ese país de manera ilegal.
Lo hacen en cumplimiento de su responsabilidad de ejercer el control judicial del ejercicio del poder, y específicamente, de hacer cumplir las leyes del debido proceso. El cual significa que nadie debe ser condenado sin ser previamente juzgado y sin garantizar su derecho a defenderse.
El sistema de control judicial, que los estadounidenses llaman check and balance (controles y contrapesos), es el que realmente ha hecho grande a EE. UU., política y moralmente, desde la independencia nacional y la fundación de la república a fines del siglo 18, hasta la actualidad.
Está claro que nadie puede negarle al Gobierno de EE. UU. su derecho de proteger las fronteras nacionales, de impedir el ingreso ilegal de personas extranjeras. y de encarcelar y deportar a las que han cometido crímenes de cualquier clase.
Pero tiene que hacerlo con respeto a las normas universales del derecho y sobre todo a la Constitución y las leyes de los mismos EE. UU. Además, las personas inmigrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua amparadas por el programa migratorio llamado parole humanitario, no son ilegales. Llegaron legalmente y por lo tanto no se les puede ni debe deportar como si fueran ilegales, y menos aun negándoles el derecho al debido proceso.
De allí que una jueza de Massachusetts, primero, y después un tribunal de apelaciones del mismo estado, han cumplido su deber de frenar el intento de la administración Trump de eliminar el parole humanitario y deportar a los paroleados.
Aunque Trump se resiste a aceptar la autoridad del poder judicial porque cree que su poder está por encima de todo, tiene que acatarla y puede recurrir a la Suprema Corte para que diga la última palabra. La justicia ya le había dado esta lección al presidente Trump, durante su primer mandato presidencial en el período de 2017 a 2021, cuando también pretendió pasar por encima de la ley y de la misma Constitución.
Al respecto la profesora Erica Frantz, maestra de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Michigan, ha dicho a BBC News que a su juicio Trump no es ahora más autoritario que en su primer período de gobierno. Es igual. Lo que lo hace parecer diferente es que ahora, aprovechando la experiencia de su anterior administración “está siendo mucho más exitoso en marginar, silenciar o desmantelar a cualquier individuo, institución o grupo que potencialmente pudiera limitar su poder”.
En la historia de EE. UU. se menciona que en la época fundacional alguien le preguntó a Benjamin Franklin si el país derivaría en una monarquía o sería una república. “Será una república, si sabemos mantenerla”, respondió quien fuera uno de los padres fundadores de la gran democracia norteamericana.
Y la han sabido mantener, hasta ahora, gracias sobre todo a la institución virtuosa del check and balance, la cual evita que una sola de las tres ramas del Gobierno, y en particular el Ejecutivo, acumule demasiado poder y se vuelva autoritario. Como al parecer lo está pretendiendo otra vez el presidente Trump y sólo el poder judicial lo puede detener.
