Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado un nuevo paso hacia el desmantelamiento de la protección ambiental en Nicaragua.
El pasado 23 de abril de 2025, el régimen presentó ante la Asamblea Nacional una iniciativa de ley que, según advierte la organización ambientalista Fundación del Río, pone en grave riesgo las áreas naturales protegidas del país al abrirlas a la explotación económica indiscriminada.
La propuesta, llamada «Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible», plantea una transformación radical del marco jurídico que regula actualmente las Áreas Protegidas, derogando el Decreto Ejecutivo N°01-2007.
Actividades de explotación
En su lugar, se instauraría un modelo que permite actividades extractivas —como minería, explotación de hidrocarburos, pesca y cacería— en territorios que antes estaban legalmente resguardados.
“Dentro de estas medidas está el permitir actividades económicas, extractivas, geotérmicas, geológicas y de hidrocarburos dentro de las áreas protegidas de nuestro país”, dijo Amaru Ruiz director de Fundación del Río.
Puede leer: Lluvias y efectos de la minería artesanal provocan derrumbes en Bonanza
El cambio de nombre, de Áreas Protegidas a Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible (ACADS), refleja el giro discursivo hacia una visión de “aprovechamiento productivo” de la naturaleza, compatible con el modelo económico extractivista del régimen sandinista.
Juez y parte
Entre los puntos más alarmantes de la iniciativa están la autorización de infraestructura para almacenamiento de hidrocarburos y obras hidráulicas en territorios sensibles, la eliminación de la figura de co-manejo comunitario con pueblos indígenas y afrodescendientes, y la centralización del poder sancionador en el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), que ahora actuará como juez y parte en los conflictos ambientales.
Puede leer también: Nicaragua se encamina a concretar la segunda minera más grande con una inversión de US$50 millones en 2021
Fundación del Río advierte que esta ley representa una grave amenaza para la biodiversidad, la soberanía ambiental y los derechos de las comunidades que históricamente han protegido los ecosistemas.
Aceleración del deterioro
Además, denuncia que detrás de esta propuesta subyacen los intereses económicos de las élites del régimen, en alianza con empresas nacionales y extranjeras dedicadas a la minería, la tala y los hidrocarburos.
Puede leer también: Nicaragua se encamina a concretar la segunda minera más grande con una inversión de US$50 millones en 2021
“El régimen ha dejado claro que su prioridad no es la naturaleza, sino el capital. Esta ley es una licencia abierta para destruir lo poco que aún queda en pie”, advirtió la organización en un comunicado reciente.
También alertó que, de aprobarse la ley tal como está redactada, Nicaragua podría enfrentarse a una aceleración sin precedentes del deterioro ecológico, con impactos irreversibles para la fauna, flora y el clima del país.
