El Gobierno de Estados Unidos se sumó a la conmemoración del séptimo aniversario de las históricas protestas sociales del 18 de abril de 2018, que se convirtieron en una rebelión nacional por la democracia y fue sofocada de manera sangrienta por la dictadura.
Según los organismos internacionales de derechos humanos, por lo menos 355 personas fueron asesinadas entre abril y octubre de 2018, cuando el régimen prohibió las manifestaciones opositoras. Después, en los meses y años siguientes serían suprimidas todas las libertades y derechos y desmantelado el precario Estado democrático que había hasta 2018.
Para conmemorar el séptimo aniversario de aquel abril glorioso y trágico a la vez, el pasado viernes 18 de abril el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) impuso restricciones de visa a 250 funcionarios de la dictadura de Nicaragua. No se conocieron los nombres de tales personas porque en estos casos el Gobierno de EE. UU. no suministra información.
Al dar a conocer la nueva ronda de sanciones migratorias al régimen nicaragüense, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, declaró que “a siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y Murillo contra manifestantes, reflexionamos sobre su valentía y deseos de vivir en una Nicaragua libre de tiranía…” Aseguró que Estados Unidos no tolerará “los sistemáticos ataques de Ortega y Murillo contra Nicaragua”, y añadió que “con este nuevo conjunto de restricciones, el Gobierno de los Estados Unidos ha impuesto a la fecha (abril de 2025) restricciones de visa a más de 2,000 funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha privado al pueblo de Nicaragua de sus libertades fundamentales y han forzado a tantos al exilio”.
Activistas de la oposición nicaragüense en el exilio entrevistados por LA PRENSA elogiaron las nuevas sanciones de EE. UU. a funcionarios de la dictadura, pero aseguraron que son insuficientes y que le debería imponer sanciones económicas y financieras.
En realidad, se conoce que ha habido mucho cabildeo opositor en Washington para que el gobierno estadounidense imponga sanciones económicas al régimen de Ortega y Murillo, como lo ha hecho con Cuba y Venezuela. Sin embargo, el gobierno estadounidense no lo ha hecho hasta ahora y tampoco ha explicado por qué.
Personas que se precian de estar muy bien informadas opinan que las autoridades de Washington no están convencidas de que las sanciones económicas y financieras ayudarían a resolver el problema de Nicaragua. Y que más bien temen que esa clase de sanciones podría empeorar la situación, pues afectarían directamente a la población, pero no a la dictadura.
Eso es lo que ha ocurrido con Venezuela, y sobre todo con Cuba que desde julio de 1960 ha sido castigada con duras sanciones económicas y financieras estadounidenses. Sin embargo, la dirigencia comunista resistió siempre las sanciones, se aferró más al poder y culpa a EE. UU. por la miseria extrema que sufre la población, que en realidad es causada por el fracasado sistema económico y social comunista. A estas alturas del tiempo, 187 países, de los 193 que integran las Naciones Unidas, condenan las sanciones económicas de EE. UU. a Cuba, y le exigen que les ponga fin.
Aparte de eso, Nicaragua no parece ser del interés del Gobierno de EE.UU., a pesar de algunas retóricas declaraciones de Marco Rubio y las simbólicas sanciones de restricción de visa a funcionarios orteguistas. Restricciones que, dicho sea de paso, también le son impuestas a muchísimos nicaragüenses comunes y corrientes que quieren irse a EE. UU. O que ya están en ese país, muchos inclusive amparados por un programa legal migratorio como el parole humanitario. Pero el gobierno de Trump quiere sacarlos como deportarlos como si fuesen delincuentes.
