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El recado era simple, mal escrito y atemorizante: “Aunque no haiga (sic) pruebas según ustedes, llueva trone o relampaguee, van a la cárcel. Estás a tiempo para retirarte de ese grupo”. Lo firmaba Inés Miranda Mercado, fiscal auxiliar del Ministerio Público de la dictadura de Nicaragua.
La notita, escrita en un volante del Frente Sandinista que llamaba a marchar en todo el país, estaba garrapateada en lapicero azul, con mayúsculas y al final las siglas PLOMO; se la entregó un policía a este abogado cuando tramitaba un documento en los Juzgados de Managua en el moderno complejo central de Carretera Norte: “Ahí le mandan doctor”.
El jurista fungía como asesor de Derecho Penal al grupo de abogados y exfiscales que defendían a los acusados Brandon Lovo y Glen Slate, dos jóvenes afrodescendientes de Bluefields acusados de asesinar al periodista Ángel Gahona
“Fue como que me pusieron una pistola en la frente”, dice ahora este abogado. Por un tiempo dudó sobre si la fiscal hubiera realmente escrito ese mensaje y hasta creyó que podía ser obra de un policía, pues de ellos “cualquier atrocidad se puede esperar”.
“Me parecía una estupidez, porque era una evidencia de su amenaza y de su parcialidad, pero viéndola luego en la audiencia, en los medios oficialistas y en los pasillos de los juzgados, me convencí que fue ella y que el mensaje en realidad era una amenaza”, dice desde el exilio este abogado penalista, quien comenta el caso Gahona siete años después de aquella simulación de justicia.
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Origen del caso Gahona
Ángel Gahona cayó fulminado el 21 de abril de 2018, mientras transmitía en vivo desde la Alcaldía de Bluefields los destrozos en un cajero del Banpro, en medio de las protestas sociales que se alzaron espontáneamente en toda Nicaragua contra la dictadura sangrienta de la familia Ortega Murillo.
“Narraba el saqueo de un cajero automático completamente destruido”, recuerda el abogado. Y entonces se escuchó el disparo.
La imagen tembló y Gahona cayó con la cabeza reventada por una bala. Los periodistas que lo acompañaban corrieron para auxiliarlo y los policías que estaban a 10 o 12 metros de la escena no se inmutaron.
Días después, comenzaron las capturas. Brandon Christopher Lovo Taylor, 18 años. Glen Abraham Slate, de 20.
“Los fueron a buscar como se busca al culpable perfecto: jóvenes, pobres, afros y participantes de las protestas. No tenían pruebas. Ni testigos. Nada. Inventaron un arma que no tenía sus huellas. Ni restos de pólvora en sus manos. Ni un solo testigo que los viera disparar. Pero la narrativa ya estaba escrita desde la Corte Suprema de Justicia”.
Lovo y Slate se convirtieron en los primeros presos políticos de la dictadura sandinista en 2018, acusados por el asesinato número 35 de esos primeros días de violencia estatal: la muerte de Gahona.
El juicio se llevó a cabo en Managua, a más de 400 kilómetros del lugar del crimen. “Lo trasladaron ahí porque Bluefields era territorio incómodo y podían generarse marchas o plantones de protestas. En Managua podían controlar todo: el juez, los testigos, el acceso a la sala”, recuerda un periodista independiente, exiliado, que cubrió el caso.
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“A los medios independientes, familiares y defensores de derechos humanos no nos permitieron la entrada. Sólo a los oficialistas. Fue un juicio a puertas cerradas. Un teatro judicial”, dice ahora desde la distancia este comunicador.
Lo mismo opina el abogado que apoyó en el juicio: “En el caso nosotros alegamos que los manifestantes estaban a más de 200 metros y los policías a menos de 20 metros. La víctima estaba rodeada sólo por antimotines. No había un solo manifestante en 100 metros a la redonda. Y sin embargo, culparon a dos chavalos como si fueran francotiradores”.
La Fiscalía basó su acusación en una supuesta intención de los jóvenes de disparar a los policías con un arma artesanal, al participar en las protestas.
Sin embargo, el parte policial describe un ángulo de tiro y una distancia imposible de confirmar en el terreno ante los ojos de cualquier perito independiente.
“Pero esa arma hechiza que dicen que usaron… habría tenido que hacer un viaje de ciencia ficción. Volar cien metros, saltar un bus que iba sobre la vía, girar en una esquina, rozar a un oficial en el abdomen y luego subir de nuevo para impactar a Gahona en la frente. Eso no fue justicia, eso fue una farsa”, dice.
“Quizás hoy con un dron de alta tecnología se pueda hacer esa magia, pero no con una pistola hechiza de 2018”, dice sarcástico.
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Campaña de terror
Además, recuerda que a los periodistas que acompañaban a Gahona y que eran testigos claves, no los tomaron en cuenta, aunque muchos de ellos se ofrecieron como testigos.
Pero sí tomaron en cuenta a una periodista local identificada como María Victoria Borge, citada como testigo clave.
En un audio de transmisión se le escuchaba decir que “fueron los chavalos” los autores. Sin embargo, nunca la citaron a juicio. “Alegaron que no había presupuesto para traerla desde Bluefields a Managua. ¿En serio? Un caso de asesinato y no hay ni para un boleto de bus”, dice el abogado.
En declaraciones a la radio La Costeñísima días después, la periodista Borge negó que haya visto disparar a Brandon Lovo. Esta fue la última vez que se supo de ella, también se exilió.
El abogado que participó en el caso argumenta que en los videos presentados en audiencia, los acusados no aparecen nunca, no hay un solo testimonio de un testigo civil o un ciudadano diciendo “yo los vi, nadie, ni los mismos policías alegan haberlos vistos”.
El abogado recuerda con rabia lo que vino después. “Amenazaron a los abogados defensores. Les mandaron mensajes de muerte. A una, Amy García Curtis, le escribieron: ‘Recuerde que esta vida es prestadita’. A otro, Nelson Cortez, le dijeron que caería preso y renunció. Hasta al abogado de la familia Gahona, Boanerge Fornos, la fiscal a cargo lo amenazó de acusarlo por ‘patrocinio infiel’, sólo por decir que había duda razonable”.
Hubo testigos que señalaron a un agente antimotines como el tirador. Uno de ellos habló en radio La Costeñísima. Dijo que era “un policía bajito, con casco y escudo” y que podía reconocerlo si se lo ponían de frente.
Ese testigo terminó huyendo del país por las amenazas policiales y al periodista que lo entrevistó, Sergio León, lo acosaron hasta su muerte en 2020.
La periodista Ileana Lacayo, que denunció el caso, también se exilió. “Todos los que dijeron la verdad tuvieron que irse. Mientras los verdaderos responsables siguen en sus puestos o ya cayeron con las purgas del mismo régimen”, dijo.
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Lavan crimen con amnistía
El juez radical sandinista Ernesto Rodríguez Mejía sentenció a Brandon a 23 años y a Glen a 12. Dictó sentencia un viernes por la noche ante policías y medios oficialistas.
La familia de Gahona, abogados y defensores de derechos humanos rechazaron desde el inicio las acusaciones. El hermano del periodista, Juan Carlos Gahona, lo expresó tajantemente: “Él estaba rodeado de policías. ¡Por favor!”
La Fiscalía, dirigida por Ana Julia Guido —exjefa policial y figura leal al régimen—, sostuvo por medio de su fiscal auxiliar Inés Miranda Mercado que Lovo disparó con un arma hechiza facilitada por Slate, desde una distancia de 79 metros.
Según la versión oficial, con ese disparo también resultó herido un agente, y otros seis periodistas estuvieron en peligro. Sin embargo, la trayectoria planteada era inverosímil. La Policía no investigó a los suyos, pese a los pedidos de la defensa de los jóvenes y la familia de la víctima.
El juez no cuestionó por qué el periodista cayó justo frente a una línea de antimotines. No interrogó a Valle —el comisionado que dirigía el operativo—. Tampoco revisó las armas de los agentes. No protegió a los testigos que hablaban de un tirador policial y desechó los testimonios y videos de los periodistas en la escena del crimen.
En junio de 2019, el régimen aprobó una Ley de Amnistía que permitió a Brandon y Glen salir libres, junto a decenas de presos políticos.
“Ni siquiera los dejaron demostrar su inocencia. Sólo los sacaron para cerrar el caso. Para que nadie más hablara”, dijo uno de los abogados defensores.
El abogado dice que lo que se hizo en este juicio fue encubrir un crimen de Estado. “Mataron a un periodista en vivo. Y en vez de investigar a quienes tenían las armas, construyeron un juicio sin justicia. Fabricaron pruebas. Aplastaron defensas. Fue una ejecución y luego, una simulación”.
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Simulación de justicia
Organismos de derechos humanos consideraron el juicio como anómalo, violatorio de todas las garantías y procedimientos, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en su informe de diciembre de 2018.
El juez Ernesto Rodríguez Mejía, vinculado al círculo de confianza del régimen, rechazó que ellos ingresaran como observadores internacionales, pero gracias a los abogados del caso, tuvieron acceso al expediente judicial.
“Fue como un pleito de tigre suelto contra burro amarrado”, dice este abogado exiliado, y Claudia Paz y Paz, integrante del grupo de expertos que investigó el caso, dijo años después a Confidencial que el juicio fue una “simulación de justicia”.
“En el caso por el asesinato de Gahona hubo una simulación, hubo unos chicos que estuvieron detenidos. En el GIEI determinamos claramente que ellos no podrían haber sido los tiradores, quienes dispararon en contra de Gahona por la distancia, por el ángulo. Entonces es muy importante para la familia que se diga ‘la verdad es esta’ y se han violado sus derechos humanos”, dijo Paz y Paz.
De igual modo el magistrado del círculo de confianza de la dictadura, Rafael Solís, admitió años más tarde que los jueces recibieron una orden directa de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo de condenar a los presos políticos, con o sin evidencias.
En una entrevista con 100% Noticias y Nicaragua Actual, el exmagistrado detalló: “Me reunía con ellos (Ortega y Murillo), cuando me decían Payo tenés que ver estos casos, que salgan condenados. Entonces, yo les decía: ‘Voy a llamar por teléfono al juez, voy a citarlo a mi oficina’#.
Solís reconoció que citó a “bastantes jueces” porque “fueron varios los casos (para condenar) que me pidieron tanto Daniel como Rosario. (Los casos) fueron de muchachos que estuvieron vinculados a los tranques, en las barricadas, en las universidades”.
Justicia internacional
En octubre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso No. 14.747 sobre el asesinato del periodista nicaragüense Ángel Eduardo Gahona López.
La CIDH responsabilizó al Estado de Nicaragua por ejecución extrajudicial, impunidad y violaciones graves a derechos fundamentales, en el contexto represivo que siguió a las protestas iniciadas en abril de 2018.
Según la Comisión, existen elementos de convicción suficientes para concluir que Gahona fue asesinado por un agente estatal mientras realizaba su labor periodística.
Pese a ello, el Estado no brindó auxilio inmediato, manipuló la investigación y culpó a Brandon Lovo y Glen Slate, “quienes fueron condenados sin pruebas concluyentes y posteriormente liberados” bajo la Ley de Amnistía de 2019, acto que la CIDH considera violatoria del derecho a la justicia y al esclarecimiento de los hechos.
La Comisión concluyó que el Estado nicaragüense es responsable por la violación de los derechos a la vida, libertad de expresión, garantías judiciales y protección judicial, y también por el daño psicológico infligido a los familiares del periodista.
Además, solicitó a la Corte ordenar una reparación integral, reabrir la investigación penal de forma efectiva, y adoptar garantías de no repetición, como reformas sobre el uso de la fuerza y mecanismos de protección al periodismo independiente.
Resumen cronológico del caso
A Brandon Lovo lo capturaron el 2 de mayo de 2018, y a Glen Slate tres días después. Ambos fueron acusados formalmente el 8 de mayo por la Fiscalía.
El juicio inició el 14 de agosto y concluyó el 30 del mismo mes, en una audiencia a puertas cerradas donde el juez de la dictadura Ernesto Rodríguez Mejía los declaró culpables. Lovo fue condenado a 23 años y Glen Slate a 12 años de prisión, pero sólo estuvieron 392 días detenidos.
El 11 de junio de 2019, ambos fueron liberados bajo la Ley de Amnistía 996, junto a otros 54 presos políticos.
La familia de Gahona, organizaciones internacionales y la CIDH denunciaron el proceso como fraudulento y señalaron al Estado de Nicaragua como responsable directo de la ejecución extrajudicial del periodista.
La viuda de Gahona, Migueliuth Sandoval, se exilió en Estados Unidos junto a su hija y trabaja en un bufete de derechos migratorios. Ella declinó una entrevista para este reporte.
El papa de Gahona, Ángel Gahona Ramos, falleció en septiembre de 2021 y algunos familiares del periodista se exiliaron después de exigir justicia públicamente.
El abogado Boanerges Fornos, defensor de la familia de la víctima, se exilió en 2021 al igual que sus asesores y colegas exfiscales que defendían a los presos políticos, como Amy García Curtis.
La fiscal a cargo de la farsa, Inés Miranda Mercado fue integrada a la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada y trabajó junto a la Policía en la fabricación de casos, evidencias y pruebas falsas contra los presos políticos.
Se desconoce si ha sobrevivido a las purgas internas del Órgano Judicial ahora bajo control directo de la dictadura conyugal Ortega Murillo.
El destino de Brandon y Glen
Brandon Lovo se exilió a Estados Unidos y allá ha iniciado una carrera musical, creando un canal de Youtube de música urbana, con sus iniciales BLT.
Ha colaborado con estudios musicales en Miami y ha lanzado su primera canción, a la vez que ha trabajado como DJ y en ventas en tiendas de electrónicos e instrumentos musicales en Florida.
Glen Abraham Slate se quedó en Nicaragua y volvió a ser arrestado en febrero de este año por la Policía.
Esta vez, enfrenta cargos por dos homicidios ocurridos en una balacera dentro de la discoteca Four Brothers en Bluefields, el 1 de mayo de 2024, en la que murieron Kenny Noel Brooks Gordon y Joneyce Janice Simmons.
Medios oficialistas informaron que Slate fue capturado en Managua, con armas de fuego y drogas. Slate además fue señalado como miembro de la banda criminal conocida como Haulover, vinculada al narcotráfico internacional y relacionada con organizaciones criminales de Jamaica.
Según informes policiales, además de la balacera en la discoteca, se le investiga por su presunta participación en el asesinato de Bruce Clanroy Hodgson, ejecutado el 26 de enero de 2024 en Ciudad Sandino.
La policía de la familia Ortega Murillo vincula a Slate con una red de sicariato y tráfico de drogas, responsables de múltiples asesinatos violentos en el Caribe nicaragüense.
Ascenso y caída de juez verdugo
Ernesto Rodríguez Mejía, el juez que condenó a los dos jóvenes, se convirtió en uno de los principales operadores judiciales del régimen Ortega-Murillo, como verdugo de los presos políticos.
Su ascenso fue respaldado por el magistrado Marvin Aguilar, entonces figura clave en la Corte Suprema de Justicia, quien en 2021 lo designó presidente en funciones del Tribunal de Apelaciones de Managua.
Desde ese cargo, Rodríguez Mejía se consolidó como una pieza del engranaje represivo del poder judicial.
El 15 de febrero de 2023, Rodríguez protagonizó uno de los episodios más cuestionados del aparato judicial: leyó en sala abierta la sentencia que despojó de su nacionalidad a 94 ciudadanos críticos del régimen, entre ellos periodistas, religiosos y defensores de derechos humanos.
La resolución, considerada inconstitucional, también ordenó la confiscación total de sus bienes. Dos meses después, el 19 de abril de 2023, Estados Unidos lo sancionó bajo el Decreto Ejecutivo 13851 por su papel en violaciones a los derechos humanos y por su colaboración activa con la represión estatal.
La caída de su padrino Marvin Aguilar, en enero de 2025, precipitó también el fin del poder de Rodríguez Mejía.
Aunque su destitución no ha sido oficializada, fuentes judiciales confirmaron que fue retirado de sus funciones y sometido a interrogatorio en la temida cárcel del Chipote, para luego quedar en condición de “casa por cárcel”.
