Este lunes 14 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un informe sobre la situación actual de Nicaragua, en el marco de la conmemoración del séptimo aniversario de los sucesos de Abril de 2018. En su informe la CIDH reitera y actualiza las denuncias de violaciones a los derechos humanos que sigue cometiendo la dictadura.
La CIDH es un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) que tiene la función de proteger y promover los derechos humanos en todos los países de las Américas. En cumplimiento de esa responsabilidad, la CIDH monitorea la situación de los derechos humanos, denuncia las violaciones donde y cuando se cometen, y emite resoluciones, declaraciones y recomendaciones en procura de que sean respetados.
El Estado de Nicaragua no pertenece a la OEA, a pesar de que fue uno de sus fundadores en 1948. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sacó al país de la organización hemisférica para escapar de su vigilancia y de las denuncias por las violaciones a las libertades democráticas y los derechos humanos.
Sin embargo, el régimen de Nicaragua no puede eludir la vigilancia ni las denuncias de la CIDH, porque esta es un organismo de derecho internacional hemisférico y funciona con base en la Declaración Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, de la cual Nicaragua sigue siendo parte, a pesar de su salida de la OEA.
En la declaración sobre Nicaragua que ha aprobado y difundido con motivo del séptimo aniversario de Abril, la CIDH menciona en general las graves violaciones a los derechos humanos que ha cometido y sigue cometiendo la dictadura. Pero las actualiza poniendo énfasis en el caso de los nicaragüenses desterrados, despojados de su nacionalidad y convertidos en apátridas, que es otro abominable crimen de lesa humanidad condenado expresamente por el derecho internacional.
Menciona la declaración de Abril de la CIDH que más de 450 personas nicaragüenses han sido despojadas de su nacionalidad por la dictadura. Y que por lo menos a otras 290 les ha negado la entrada a su propio país, lo que también es prohibido por el derecho internacional.
Igualmente denuncia la CIDH que ha documentado 348 acciones de represión migratoria, como desplazamientos forzados y expulsiones colectivas. Y añade que más de 400 mil personas han sido obligadas a huir de Nicaragua para salvar sus vidas, proteger su integridad y defender su libertad personal. Y no omite denunciar que la dictadura ejerce un control arbitrario y represivo sobre la renovación de cédulas de identidad y confisca pasaportes.
La declaración de la CIDH alude también la reciente reforma constitucional del régimen, que en realidad es una nueva Constitución, que no reconoce el Estado de derecho, los poderes estatales independientes, el profesionalismo de las fuerzas armadas y las libertades democráticas fundamentales. Además, califica como traidores a la patria a las personas opositoras y disidentes, y las condena a la pérdida de la nacionalidad.
La declaración de la CIDH no cambia la situación de Nicaragua. Pero aviva la denuncia internacional contra la dictadura y sirve para dar ánimo a las víctimas de sus atropellos. Para fortalecer su esperanza en que tarde o temprano cambiará la situación, y que por fin se podrá hacer justicia a las víctimas de las atroces violaciones a los derechos humanos que se han cometido y se siguen cometiendo en Nicaragua.
Y que con toda la información documentada por los organismos de derechos humanos, los tribunales correspondientes podrán juzgar y castigar debidamente a los verdugos.
