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El pasado jueves 10 de abril, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció que retomará su intervención en el caso que Sudáfrica presentó contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el que se acusa al Estado israelí de cometer actos de genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza, pese a que la dictadura anunció su retiro del litigio el 1 de abril, alegando «altos costos» y falta de recursos.
A la vez, la vocera de la dictadura, Rosario Murillo, anunció la creación de una conferencia internacional para lanzar «un frente mundial» contra el «genocidio en curso».
Durante su alocución, Murillo informó que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) invitó al régimen a formar parte de actividades internacionales contra Israel, incluyendo la participación en una conferencia para lanzar un «Frente Mundial contra el Apartheid, el Colonialismo y el Genocidio en curso», en el marco de la estrategia de trabajo del Comité de Coordinación Palestina.
¿Qué es el Comité que organizará el Frente Mundial?
Actualmente no hay información sobre el Frente Mundial en el que se involucrará el régimen. Sin embargo, este será una iniciativa del Comité de Coordinación Palestina contra el Apartheid y el Colonialismo, que es una instancia articuladora compuesta por organizaciones, colectivos e instituciones palestinas que luchan contra el régimen de ocupación, colonización y apartheid impuesto por el Estado de Israel sobre el pueblo palestino.
Según una declaración pública de este comité del 26 de enero de 2024, esta instancia está formada por el Departamento contra el Apartheid de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Comité contra el Apartheid del Consejo Nacional Palestino (PNC), movimiento por el Boicot, las Desinversiones y las Sanciones al Estado de Israel (BDS), Consejo Palestino de Organizaciones de Derechos Humanos (PHROC) y la Red Palestina de ONG (PNGO).
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Según su sitio web, este comité funciona desde 2020. Entre sus principales demandas se encuentra el respaldo a los esfuerzos de las Naciones Unidas para reconstituir tanto el Comité Especial de la ONU contra el Apartheid como el Centro de la ONU contra el Apartheid, «con el objetivo de investigar formalmente el sistema de apartheid israelí».
Desde 2020, el conflicto entre Israel y Palestina entró en una nueva etapa marcada por tensiones diplomáticas, cambios geopolíticos y denuncias crecientes por parte de organizaciones de derechos humanos. Ese año, el plan propuesto por el Gobierno de Estados Unidos —conocido como “Acuerdo del Siglo”— fue rechazado por el liderazgo palestino al considerarlo favorable a los intereses israelíes. Paralelamente, Israel fortaleció su presencia en territorios ocupados y normalizó relaciones con varios países árabes a través de los Acuerdos de Abraham.
Al mismo tiempo, organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y B’Tselem comenzaron a calificar el sistema israelí como un régimen de apartheid, lo que generó una mayor movilización de la sociedad civil palestina en foros internacionales.
¿Es posible la expulsión de Israel?
Un especialista en relaciones internacionales, consultado bajo condición de anonimato por temor a represalias, aseguró a LA PRENSA que considera que el Frente Sandinista no le aportará nada a la lucha de Palestina.
Además, expresó que esta iniciativa no logrará mayores resultados debido a que, a su criterio, el problema de la OLP es que «nunca se ha desvinculado de Hamás», el grupo terrorista.
«Para que la causa palestina tenga alguna lógica y reciba el respaldo de un buen número de países en el mundo, debe exigir la salida de Hamás de Gaza y desvincularse de los proxies iraníes. Pero además, tiene que aprender a jugar con los árabes», consideró el especialista.
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Según el especialista, mientras la Autoridad Palestina no tome una posición desligada de todos esos grupos armados y de algunos países árabes que los financian, sus acciones nunca van a ser creíbles.
«Podrán criticarlo, podrán cuestionar un montón de cosas, pero lo cierto es que Israel es un proveedor de recursos de seguridad, de recursos tecnológicos, de software muy sofisticado. Cumple un rol importante que muchos países —aunque no lo digan y critiquen a Israel— agradecen, porque mantiene contenidos a los árabes en esa región del mundo. Entonces, no, no hay nada; es una iniciativa más, sin mayor relevancia», señaló.
Cambios del régimen exponen contradicciones
Un especialista en relaciones internacionales, consultado bajo condición de anonimato, señaló que el retiro de la participación de Nicaragua en la demanda de Sudáfrica contra Israel y la reversión de esta medida anunciada el jueves expone las contradicciones del régimen Ortega-Murillo en cuanto a su política exterior.
«Sobre el tercer punto, yo creo que es una de las tantas inconsistencias que tiene el régimen. A no ser que alguien les haya dicho: ‘No se preocupen, nosotros les financiamos los costos de los juristas, y ustedes mantengan la presencia en esta demanda’, porque de lo contrario no habría forma de explicar que dijeron que se retiraban porque no tenían dinero y ahora reiteran que van a continuar», agregó.
En términos individuales sería como si se hubieran ganado la lotería… ¿O de dónde salió el dinero para financiar eso? Y esa es la pregunta: si no tenían dinero, ¿quién está financiando en este momento el elevado costo que implica participar en un proceso judicial que no es sencillo ante la Corte Internacional de Justicia?», cuestionó el especialista.
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El 11 de octubre de 2024, la vocera de la dictadura, Rosario Murillo, confirmó la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Israel, horas después de que la Asamblea Nacional aprobó una declaración en la que hizo esa solicitud.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad una declaración que pide al dictador Ortega romper las relaciones diplomáticas con Israel por la guerra que mantiene contra el grupo terrorista Hamás y que ha dejado a más de 40 mil palestinos asesinados.
El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva en respuesta a una solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas realizada en diciembre de 2022. El tribunal fue convocado a examinar las implicaciones jurídicas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, en el marco de más de cinco décadas de presencia israelí en la región.
