El lunes 7 de abril, el fiscal general de Costa Rica acusó al presidente Rodrigo Chaves Robles por el presunto delito de concusión. Y solicitó a la Corte Suprema de Justicia la apertura del caso a juicio, para lo cual se requiere que la Asamblea Legislativa suspenda el privilegio de inmunidad al acusado.
En el lenguaje del derecho penal, concusión es el delito que comete un funcionario público cuando abusa de su cargo para conseguir un beneficio particular, sea para él mismo o para otras personas, parientes, amigos o compañeros de partido.
El artículo 355 del Código Penal de Costa Rica tipifica el delito de concusión y pena hasta con ocho años de cárcel al “funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.
La Fiscalía acusa también, por la misma causa, al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, quien era el jefe del despacho presidencial cuando se cometió el presunto delito de concusión. El cual consistió en haber favorecido a una persona muy bien identificada en una contratación por más de 400 mil dólares por servicios de comunicación en la Casa Presidencial. La contratación fue pagada con fondos obtenidos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Debemos destacar la participación de la prensa libre de Costa Rica en este caso, referida a la fiscalización ciudadana no oficial que ejercen los medios de comunicación independientes donde hay democracia. En la sustentación de hechos para acusar al presidente Chaves y su antiguo jefe de despacho, el fiscal general presentó grabaciones en audio de conversaciones en Casa Presidencial, que fueron divulgadas por el periódico La Nación de Costa Rica. En los audios se escucha claramente la voz del presidente Chaves diciendo a sus interlocutores que quería el contrato “porque tenía ´un montón de antojos´ y quería pedir ´un par de chineos, de cariñitos´”.
Costa Rica es uno de los países más democráticos de las Américas, pero no ha estado a salvo del deterioro político y ético de la democracia. Y en los últimos años ha bajado lamentablemente su posición en los índices internacionales de buena gobernanza, transparencia y confianza ciudadana en las instituciones.
Precisamente el actual presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha declarado su simpatía hacia gobiernos de tendencias autoritarias y una manifiesta hostilidad a la prensa libre y los periodistas independientes, por su función de fiscalización pública al servicio de los ciudadanos.
Sin embargo, en beneficio de la clase política costarricense debemos reconocer que a pesar del deterioro de su credibilidad, o quizás por eso, en el caso de la acusación de la Fiscalía al presidente Chávez ha tomado una posición responsable.
Por una parte, los líderes de los cuatro partidos de la oposición parlamentaria le han pedido al gobernante que solicite él mismo el retiro de su inmunidad procesal y que demuestre en el juicio la inocencia que alega públicamente. Y Álvaro Ramos, quien es el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional que llevó a Chaves al poder, declaró que se le debe suspender la inmunidad procesal para que responda ante la justicia.
Es evidente que a pesar de todo Costa Rica sigue siendo superior a los demás países de la región en cuanto a cultura política e institucionalidad democrática. Y sobre todo en comparación con Nicaragua, donde hasta las palabras libertad, democracia, justicia y Estado de derecho han sido proscritas por la dictadura.
