El pasado jueves 3 de abril el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) adoptó una resolución crucial para la denuncia y visualización internacional de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua: la renovación del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) por dos años adicionales, hasta marzo de 2027.
Este grupo, establecido originalmente en marzo de 2022, gracias al impulso de nueve países latinoamericanos y Canadá, se ha consolidado como un mecanismo esencial para documentar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Es importante destacar que esta segunda renovación del mandato del GHREN tuvo el respaldo de 29 países, 8 más que la primera, en 2023, cuando fue respaldada por 21. De manera que la nueva prórroga del mandato del GHREN con mayor respaldo internacional asegura la continuidad de su trabajo de investigación y documentación y amplía su alcance político y simbólico.
Además, por primera vez los informes del GHREN no sólo serán presentados ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, sino también ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, lo que eleva el nivel de importancia global de la crisis de derechos humanos en Nicaragua.
Esto es un cambio estratégico que permitirá mayor visibilidad de la situación en este país, para que la comunidad internacional no permanezca indiferente frente a las denuncias de los crímenes de lesa humanidad y ejerza mayor presión diplomática sobre el régimen nicaragüense.
En el ámbito político, la renovación del mandato del GHREN tiene especial relevancia frente a la decisión que en febrero de 2025 tomó el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de retirar a Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos como política de aislamiento. Retiro que ha motivado una respuesta decidida de la comunidad global, al reafirmar su compromiso con el seguimiento y la rendición de cuentas a través del grupo de expertos. A su vez, la decisión de mantener la vigilancia en Nicaragua demuestra que la impunidad no será tolerada y que los mecanismos internacionales persistirán en su labor.
Esta renovación es también una herramienta clave para preparar el terreno hacia futuros procesos de justicia internacional y nacional dentro de un contexto de transición democrática, al resguardar pruebas y consolidar la memoria histórica de las víctimas.
Es importante destacar la trascendencia casi inmediata que tuvo el informe actualizado del GHREN, al dar lugar a que los abogados que llevan la acusación contra la dictadura de Nicaragua ante la justicia de Argentina solicitaran al juez correspondiente la ampliación de la lista de acusados con los nombres de los otros mencionados en el informe del GHREN.
Este es un trabajo técnico de gran trascendencia para la esperanza de acceso a la justicia por parte de las víctimas. Y la renovación del mandato del grupo de expertos es un compromiso moral de la ONU en la lucha contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad cometidos en Nicaragua.
Como ha dicho uno de los abogados que acusan a la dictadura de Nicaragua ante la justicia de Argentina, el doctor Darío Ricarte: «Después de tanto tiempo, por fin vemos que un organismo de la ONU, con todos los recursos que tiene a su disposición, toma medidas concretas en favor de las víctimas de tantas injusticias”. Lo cual “es fundamental resaltarlo, especialmente ante la profunda desilusión que genera en la gente la habitual inacción y lentitud de estos organismos, que no siempre se corresponden con las estructuras y prerrogativas de las que gozan”.
En realidad, el camino hacia la justicia es largo y muchas veces desesperante, pero los informes como el del GHREN van allanando la ruta. Porque la renovación de su mandato en 2025 no es sólo una continuidad técnica, es una declaración política ante la impunidad.
En resumen, el nuevo mandato al GHREN tiene un significado importante para la ONU en varios niveles, especialmente en términos de su papel como garante de los derechos humanos a nivel global, por las razones siguientes:
Primero, porque sostiene el multilateralismo y el principio de que las violaciones graves de derechos humanos no son asuntos internos, sino preocupaciones legítimas de la comunidad internacional.
Segundo, porque refleja la voluntad del Consejo de Derechos Humanos de continuar enfrentando situaciones graves de violaciones sistemáticas, incluso cuando los Estados implicados se niegan a cooperar.
Tercero, porque muestra que la ONU sigue apostando por herramientas como los grupos de expertos independientes para documentar crímenes, preservar pruebas y promover justicia internacional (fortalecimiento de los mecanismos de investigación y rendición de cuentas).
Cuarto, porque es un claro respaldo a las víctimas de la represión en Nicaragua y demuestra que la ONU no ignora sus denuncias, aunque el régimen niegue los hechos o impida el acceso de observadores.
Quinto, porque legitima el trabajo del Grupo de Expertos, valida los hallazgos de los informes anteriores y les da continuidad, evitando que queden como esfuerzos aislados.
Sexto, porque representa el rechazo al autoritarismo, así como el respaldo a las víctimas y el compromiso sostenido de la comunidad internacional con la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. Igualmente, la ONU da una respuesta y condena por la aprobación de la “nueva constitución”.
Nicaragua sigue en la agenda de la ONU, pese al contexto global y a los esfuerzos de la dictadura por evitar la vigilancia de los organismos internacionales y ponerse fuera del alcance de la justicia.
