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A las puertas del séptimo aniversario del inicio de la crisis sociopolítica de abril de 2018, que todavía le pasa factura al pueblo nicaragüense, una de las principales consecuencias es que Nicaragua sufrió el éxodo más grande de su historia.
En el país no existe posibilidad de elegir autoridades en procesos electorales democráticos, entonces la gente optó por votar con sus pies. Ante el cierre de los espacios democráticos, con la represión cargada de odio aplicada a cualquiera que no piensa como los dictadores, con una narrativa populista creada para sus seguidores y una economía formal decreciente, Nicaragua es ahora un país sin futuro.
Por esto, desde el inicio de la crisis cerca del 15 % de la población abandonó el país y por ende a sus familias, mientras otra parte también aspira migrar. El principal destino es Estados Unidos, a donde llegaron, entre 2018 y 2024, aproximadamente 563,000 nicaragüenses.
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Antes de 2018 la migración histórica acumulada de nicaragüenses en Estados Unidos fue de 300,000 personas. La crisis, ya casi duplica esa cantidad en sólo seis años, esa es una realidad que no se puede esconder ni ignorar y lo más grave es que la situación no mejora.
Al contrario, cada día Daniel Ortega y Rosario Murillo destruyen más el país, amparados en el poder de las armas y la complicidad de la Policía y el Ejército, instituciones que a cambio garantizan el enriquecimiento de sus altos mandos.
Alianzas con otras dictaduras
La dictadura Ortega Murillo decidió alejarse de los países democráticos y adherirse al grupo de las peores dictaduras del mundo, fortaleció alianzas con China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y Venezuela. No sólo eso, al no lograr imponer sus caprichos se retiró este año de cinco organizaciones en el ámbito internacional.
En febrero, terminó de enterrar la democracia con la entrada en vigencia de una nueva Constitución que concentra los poderes y decisiones en Ortega y en Murillo, que ahora son copresidentes.
Durante los primeros meses de 2025 siguieron los ataques y confiscaciones contra la Iglesia, especialmente la católica, pero también la evangélica y morava. Nicaragua está ahora en la lista de países de especial preocupación porque la persecución religiosa sigue profundizándose.
Como parte de los nuevos instrumentos de represión, tal como lo refleja el más reciente informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos de Nicaragua (GHREN), están la expulsión y la denegación de entrada a ciudadanos, decisión que busca mantener el temor a flor de piel. A la mayoría de nicaragüenses les aterra salir del país, por miedo a sumarse a los que de un momento a otro se quedaron sin país, sin bienes y sin familia.
Escalada represiva continúa
La privación arbitraria de la nacionalidad y la denegación de protección son parte de este nuevo repertorio represivo. Un crimen de lesa humanidad, la apatridia, es ahora una medida común que aplican los Ortega Murillo a quienes consideran enemigos.
La represión a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) continúa, ni las organizaciones de sandinistas o que trabajaban de la mano con ellos se salvan; las amenazas, acoso y vigilancia son el pan de cada día; el fantasma de las confiscaciones es una realidad que forma parte del esquema; y para mantener aterrorizados a los que consideran enemigos, las acciones represivas trascienden las fronteras.
Por ello, no es casualidad que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se haya expresado de manera categórica contra las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela, y que el departamento de Estado americano le sugiera a sus ciudadanos que eviten viajar a Nicaragua. Tampoco, que haya una investigación en el Departamento de Comercio americano sobre la sección 301, por las violaciones a los derechos humanos; ni que en el Congreso de Estados Unidos, republicanos y demócratas tengan una posición compartida sobre Nicaragua.
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En medio de esta crisis, la administración Trump revocó el programa migratorio de alivio humanitario del parole que benefició a unos 93,000 nicaragüenses. De verse obligados a regresar, una buena parte de ellos enfrentará un miedo razonable sustentado en años de persecución y represión que han sido corroboradas internacionalmente, y recientemente reactivados por las amenazas y expresiones de odio que Murillo manifiesta contra los exiliados.
Desde la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) consideramos que, ante el continuo deterioro democrático, la escalada represiva y la feroz persecución, es urgente que se revise esta decisión, ya que en Nicaragua nada esta normal y son muchos los riesgos que enfrentarán los miles de nicaragüenses que tendrían que volver.
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.com
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