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La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo control de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, aprobó este martes otra ley que declara abril el mes que «defiende la paz» y deroga la ley aprobada el año pasado, que tenía el mismo sentido de descalificar las protestas civiles de 2018.
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Esta nueva ley establece que «en abril de cada año el Gobierno central, los órganos del Estado, las instituciones, las escuelas, colegios y universidades, medios de comunicación, los gobiernos municipales y regionales realizarán actividades en unidad con las familias nicaragüenses, las comunidades y la juventud organizada, para celebrar en todo el territorio nacional Abril, pueblo que defiende la paz«.
«El mes de Abril, pueblo que defiende la paz, lo celebraremos todos los años con la alegría contagiosa de las familias, profundizando los valores, actitudes y comportamientos que corresponden a la cultura de paz del pueblo nicaragüense», manifiesta el artículo 2 de la nueva legislación.
Durante la aprobación de la nueva ley, los diputados sandinistas repitieron la versión de la dictadura orteguista de que las protestas civiles de 2018 fueron un «intento de golpe de Estado».
El diputado y jefe de la bancada del partido gobernante FSLN, Edwin Castro, mencionó los nombres de los policías y simpatizantes sandinistas que murieron en medio de la represión armada que orientó la misma dictadura Ortega Murillo.
En cambio, la dictadura no reconoce las muertes de civiles, en su mayoría jóvenes, que fallecieron tras la brutal represión policial.
La ley del año pasado, aprobada el 8 de abril de 2024, tenía una denominación más corta: «Ley que declara Abril mes de la paz».
Las masivas protestas de 2018 fueron reprimidas por la Policía orteguista en coordinación con civiles armados, lo que dejó más de 300 muertos, según reportes de organismos internacionales de defensa de derechos humanos. La mayoría de los muertos fueron jóvenes y civiles que salieron a protestar contra Ortega. También murieron 22 policías y al menos dos fanáticos del FSLN que colaboraron con la Policía en la represión armada.
Sin embargo, para Ortega las protestas civiles fueron el intento de un golpe de Estado para quitarle el poder.
