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A 17 días de cumplirse el séptimo aniversario de las protestas de abril de 2018, Rosario Murillo arremetió contra quienes participaron en dichas manifestaciones y contra la Iglesia católica, a la que acusó de promover la violencia en aquel entonces, a pesar de que el régimen solicitó a la Conferencia Episcopal organizar un diálogo nacional que inició a mediados de mayo de 2018.
En un comunicado publicado el 1 de abril de 2025 en el medio oficialista El 19 Digital, Murillo calificó a los manifestantes como «condenables» y «miserables» que «no pudieron ni podrán jamás» desestabilizar al país.
Otro ataque a la Iglesia
Murillo recordó las protestas como «siete años desde las masacres, siete años desde las imperdonables noches y días de terror, siete años desde la traición suprema a la patria y al pueblo».
Se refirió a los participantes como «los cuchillos largos y demenciales, de los infieles y cobardes, de la ignominia, el oprobio y la desvergüenza».
Además, acusó a la Iglesia católica de haber participado en la planificación y ejecución de las protestas, mencionando «la bestialidad, organizada y también dirigida e impuesta desde algunos templos, por demonios, sacrílegos y mentecatos al servicio del infierno».
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Estas declaraciones se suman a una serie de ataques verbales de Murillo hacia la Iglesia católica. En abril de 2024, acusó a sectores de la Iglesia de ser cómplices de la embajada estadounidense y de empresarios cobardes en un intento de desestabilizar el país.
Entre abril de 2018 y agosto de 2024, cerca de 200 religiosos han sido desterrados, expulsados o impedidos de ingresar al país por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este número incluye a cuatro obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, así como a numerosos sacerdotes, monjas y frailes de distintas órdenes y congregaciones.
Celebración inventada
En el mismo comunicado de abril de 2025, Murillo anunció la aprobación de una ley que declara abril como el «Mes del Pueblo que defiende la Paz», enfatizando que «se ha declarado abril como el mes del pueblo victorioso, glorioso, honroso, que defiende la paz».
Estas acciones y declaraciones reflejan la postura de la dictadura de deslegitimar las protestas de 2018 y reforzar su narrativa oficial sobre los eventos de aquel año.
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La desesperación de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por borrar de la memoria de los nicaragüenses el descontento nacido en abril de 2018 ha quedado en evidencia en los últimos siete años. Trabajadores públicos y paramilitares recibieron la orden de marchar el 1 de abril en cada uno de sus municipios.
Estas acciones han sido ampliamente condenadas por organismos internacionales y gobiernos extranjeros, que han impuesto sanciones a altos funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la propia Rosario Murillo, por violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
