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El expresidente panameño, Ricardo Martinelli, condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales, finalmente recibió luz verde para viajar y ser acogido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como asilado político en Nicaragua, país considerado como santuario para figuras poderosas acusadas o condenadas por corrupción a nivel internacional.
El 7 de febrero de 2024, Martinelli cruzó discretamente los muros de la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, escoltado por asesores, abogados y su perro Bruno, para acogerse al asilo que el régimen sandinista no dudó en otorgarle.
Lo hacía pocos días después de que la Corte Suprema de Justicia panameña ratificara su condena en el caso New Business, por el uso de más de 40 millones de dólares de fondos públicos para la compra irregular del grupo editorial EPASA.
La sentencia incluyó también una multa de 19.2 millones de dólares.
La embajada nicaragïuense se convirtió rápidamente en un refugio de lujo, con camiones transportando electrodomésticos, víveres, aire acondicionado y cortinas opacas. Un equipo técnico preparó el lugar para una estadía prolongada.
Era evidente que Martinelli no planeaba irse pronto, y Nicaragua no tenía intención de entregarlo.
Del poder a la protección política
Martinelli, empresario multimillonario y líder populista de derecha a quienes en su círculo más cercano apodan “el Loco”, gobernó Panamá entre 2009 y 2014 con altos niveles de aprobación, aunque con alertas tempranas de autoritarismo.
En 2009, la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Barbara Stephenson, reportó que el presidente le había pedido tecnología para espiar a sus adversarios. Los panameños ignoraron la advertencia.
Años después, más de 150 personas, entre opositores y periodistas, fueron espiados ilegalmente bajo su mandato, lo que derivó en una orden de captura internacional.
Sus vínculos con la corrupción no se detienen en New Business. Martinelli figura como protagonista o implicado en múltiples escándalos, incluyendo los casos Odebrecht, Blue Apple, y Financial Pacific.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sus hijos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares recibieron 28 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, 19 millones de los cuales pasaron por bancos estadounidenses.
Pese a todo ello, Martinelli, de 73 años, conserva una importante base de apoyo en sectores populares, gracias a una retórica populista, una imagen cuidadosamente construida en redes sociales, donde incluso su perro Bruno tiene una cuenta, y el uso de recursos para programas clientelistas.
“A los sectores más pobres no les importa el expediente judicial. Martinelli lo sabe y lo usa a su favor”, explicó el periodista panameño Errol Caballero.
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El asilo como blindaje
Ricardo Alberto Martinelli Berrocal nació el 11 de marzo de 1952. De ascendencia italiana y española, proviene de una familia económicamente poderosa y fue uno de los empresarios más influyentes de Panamá antes de entrar a la política en los años noventa.
Es propietario de la cadena de supermercados Super 99 y tiene inversiones en empresas azucareras, plásticas y medios de comunicación.
Estudió bachillerato en EE. UU. y cursó una maestría en Administración de Empresas en el Incae de Nicaragua, país donde vivió entre 1975 y 1977.
En el ámbito público, su primer cargo fue como director de la Caja de Seguro Social (1994-1996), del cual renunció tras huelgas del sector salud.
Fundó en 1998 el partido Cambio Democrático, con el que se postuló a la Presidencia en 2004, obteniendo apenas un 5 % de los votos. En 2009 ganó las elecciones presidenciales con un 60 %, gobernando hasta 2014.
Durante su mandato se inclinó por políticas de derecha y mantuvo relaciones distantes con gobiernos como los de Nicaragua, Cuba y Venezuela, aunque tuvo vínculos con Brasil bajo la administración de Lula da Silva. Su relación con Daniel Ortega fue “respetuosa”, según su vocero, pero sin mayor acercamiento político en ese periodo.
Martinelli está casado con Marta Linares y tiene tres hijos, dos de los cuales —Ricardo y Luis Enrique— también están condenados por lavado de dinero.
El asilo político fue concedido oficialmente por la dictadura de Nicaragua, que lo calificó como un “perseguido político”.
Luego de más de un año de presión diplomática, el gobierno panameño finalmente emitió un salvoconducto el 27 de marzo de 2025, válido hasta el 31 de marzo, permitiendo su salida segura rumbo a Managua.
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El próximo nica
La medida ha desatado una tormenta política en Panamá. “Martinelli no es un perseguido, es un criminal condenado. Este asilo es un abuso de una figura legal destinada a proteger a víctimas de persecución política, no a evasores de la justicia”, dijo la exfiscal general Ana Matilde Gómez.
Diversos sectores panameños, que incluso habían pedido la ruptura de relaciones diplomáticas con Nicaragua por los constantes post de Martinelli desde sus redes sociales, ahora acusan al presidente José Raul Mulino de complicidad en un caso más de corrupción que termina en impunidad.
Desde la embajada nicaragüense en Panamá, su vocero Luis Eduardo Camacho dijo a LA PRENSA que el trato brindado por el nuevo presidente ha sido “respetuoso y cordial” y que Martinelli “se encuentra de buen ánimo” y «agradecido”.
¿Será Martinelli nicaragüense muy pronto? En los círculos políticos opositores de Nicaragua y Panamá no se descarta que Ortega le conceda la nacionalidad nicaragüense, como lo ha hecho antes con otros expresidentes y exfuncionarios públicos extranjeros, guerrilleros y acusados de terrorismo.
Intereses de peso
Aunque Martinelli es un político de derecha y Ortega se autoproclama de izquierda, ambos comparten una visión de poder concentrado, desprecio por la rendición de cuentas y un uso instrumental del Estado para beneficio personal o político.
Durante sus mandatos simultáneos (2009-2014), no mantuvieron relaciones especiales, pero ahora convergen por necesidad mutua: uno necesita protección, el otro necesita legitimidad internacional y recursos.
En Managua, Martinelli podría vincularse a grupos empresariales —posee inversiones en supermercados, plásticos y azucareras— y una red de contactos formada durante sus años como estudiante del Incae, cuando vivió en Nicaragua entre 1975 y 1977.
Para los analistas panameños, abundantes en los medios los últimos días, el caso Martinelli abre un peligroso precedente en América Latina: el uso del asilo como herramienta de impunidad para líderes políticos corruptos, más allá de la ideología.
“El delito viaja más rápido que la justicia”, escribió en sus redes el académico panameño Miguel Antonio Bernal. Con la llegada de Martinelli a Nicaragua, la frase cobra nuevo sentido.
Nicaragua, con su historial de persecución a periodistas, opositores, obispos y estudiantes, ahora se posiciona como refugio para delincuentes de cuello blanco.
Para él, lo que se dirime con Martinelli no es sólo su destino personal, sino el mensaje que se envía al resto de la región: que con suficiente dinero y conexiones es posible evadir condenas judiciales, comprar protección política y borrar los límites entre el asilo y la complicidad.
