El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, viajará muy pronto a Nicaragua como asilado político, posiblemente este mismo fin de semana, después que el gobierno panameño accedió a otorgarle el salvoconducto correspondiente por “razones humanitarias”.
Martinelli se refugió en la Embajada de Nicaragua en Panamá en febrero del año pasado huyendo de la justicia panameña. Allí fue acogido como asilado político y se hizo rodear de lujosas comodidades. Pero la verdad es que Martinelli ha sido condenado por la justicia ordinaria a 10 años y 8 meses de prisión, por delitos de lavado de dinero que fueron plenamente demostrados en un juicio público en el que ejerció libremente su derecho al debido proceso.
Nos informan desde Nicaragua que dentro del país este asunto no le interesa a nadie más que a la cúpula gubernamental. Sin embargo, en Panamá es un tema de intensa controversia, pues se discute si el salvoconducto le fue otorgado a Martinelli por humanitarismo —como lo justifica el presidente Raúl Mulino— o por ayudarle a evadir la justicia porque Martinelli es el líder del partido de gobierno.
Pero el caso también debería ser de interés para los nicaragüenses, porque Nicaragua será el refugio de Martinelli para escapar de la justicia panameña. Y sobre todo porque la dictadura de Ortega y Murillo ha convertido al país en un refugio de prófugos de la justicia de otras partes del mundo acusados o condenados por delitos de corrupción.
El diario La Estrella de Panamá señala en un comentario editorial sobre el caso de Martinelli que “asilarse en una embajada extranjera para sortear la justicia fue algo que nunca debió ocurrir. El derecho de asilo se consolidó en América Latina como una institución para proteger la vida e integridad de las personas perseguidas por sus ideas políticas, no como un manto de impunidad. Lo ocurrido refuerza la idea de que el brazo de la justicia panameña aún no es capaz de alcanzar a quienes con su dinero y poder consiguen evadirla”.
Esta reflexión del diario panameño sobre la justicia y la impunidad es válida también para Nicaragua.
Añade La Estrella de Panamá que “para complicar el asunto, se trata de una medida aplicada al líder del partido gobernante, Realizando Metas… Tomando en cuenta que gran parte de la estructura política del actual gobierno está vinculada al endoso que diera Martinelli a (el presidente actual) José Raúl Mulino durante la campaña presidencial, está por verse cuál será el impacto político de la medida. Más allá de las pugnas políticas, el único interés que debe prevalecer, por encima de todos, es el del pueblo panameño”.
Ciertamente, en un país democrático como es Panamá, donde hay Estado de derecho, separación de poderes e independencia de la administración judicial, debería prevalecer la justicia. Y ser un ejemplo para Nicaragua donde la justicia ya no existe ni siquiera en apariencia.
