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La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (Uscirf, por sus siglas en inglés) recomienda al Gobierno de EE.UU. volver a incluir a Nicaragua en la lista de Países de Particular Preocupación (CPC), una categoría reservada para los peores violadores de la libertad religiosa en el mundo. Desde 2023, el país centroamericano comparte este estatus con regímenes autoritarios como China, Cuba, Irán, Corea del Norte y Rusia, según el informe anual de la Uscirf.
La Uscirf advirtió que durante 2024 las condiciones de libertad religiosa en Nicaragua siguieron «siendo pésimas», como consecuencia de la continua persecución de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra líderes religiosos, instituciones e iglesias que no se alinean con su política.
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«El gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo continuó su ofensiva contra la libertad de religión o creencias mediante la detención arbitraria, el encarcelamiento y el exilio de líderes religiosos y fieles, la cancelación de la personalidad jurídica de las organizaciones religiosas y el acoso e intimidación de los fieles», se lee en el Informe Anual 2025.
El informe documenta la situación de la libertad religiosa en 2024 en todo el mundo y a su vez brinda recomendaciones políticas a la Casa Blanca, el Congreso y el Departamento de Estado para promover la libertad de religión o creencias en el extranjero.
La represión de la fe, una estrategia sistemática para silenciar
El Informe cita lo corroborado por el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Derechos Humanos para Nicaragua (Ghren) que en febrero pasado aseveró que las violaciones particularmente graves han «acercado a las autoridades a su objetivo de eliminar el obstáculo a las voces cristianas organizadas críticas al gobierno».
Entre las violaciones se incluye la serie de detenciones y desnacionalización durante el 2024, incluida la condena a 11 pastores e integrantes del Ministerio Puerta de la Montaña a 12 y 15 años de prisión, les impuso una multa de 80 millones de dólares cada uno, y posteriormente los desterró Guatemala.
También recopila que en agosto los oficiales de la Policía arrestaron a varios miembros del clero católico sin explicación alguna y los exiliaron al Vaticano. En noviembre, el Gobierno arrestó arbitrariamente y exilió a Guatemala al obispo y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), Carlos Herrera. Asimismo, ordenó a todas las monjas que permanecían en Nicaragua que abandonaran el país antes de diciembre.
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«El régimen de Ortega-Murillo también acosó a líderes religiosos y fieles mediante amenazas, vigilancia ostentosa de servicios religiosos y actos de vandalismo, incluso contra miembros de la Iglesia morava, mayoritariamente indígena. La vicepresidenta Murillo se ha burlado y ridiculizado repetidamente a los líderes religiosos y fieles que enfrentan prisión y exilio, llamándolos ‘malvados’, ‘siervos de Satanás’ y ‘falsos representantes de Dios'», indicó el informe.
La Uscirf concluyó que el hostigamiento, los arrestos arbitrarios y la expulsión de religiosos del país han «convertido la represión de la fe en una estrategia sistemática del gobierno para silenciar cualquier voz disidente».
Destaca resiliencia de las comunidades religiosas
Ante el escenario hostil, refiere la Uscirf, las comunidades religiosas en Nicaragua «han seguido mostrando una notable resiliencia ante tales amenazas».
Destaca que «sus miembros se reúnen discretamente, a veces en plena noche, para ejercer su libertad de religión o creencias. Continúan brindándose ayuda mutua mientras atienden las necesidades espirituales comunitarias, aunque el gobierno nicaragüense considera cada uno de estos modestos actos como deplorables».
Finalmente, la Uscirf indica que «la tragedia de la libertad religiosa en Nicaragua no reside en la intimidación, los arrestos ni las deportaciones; es más bien la trágica miopía de un gobierno que carece de la valentía moral para permitir que su propio pueblo rinda cuentas o para respetar un derecho tan básico como la libertad».
Las recomendaciones al Gobierno de EE. UU.
La Uscirf, en su informe anual 2025, presentó al menos siete recomendaciones al Gobierno de EE. UU., bajo la administración de Donald Trump:
- -Redesignar a Nicaragua como «País de Particular Preocupación» o CPC (siglas en inglés) por participar en violaciones sistemáticas, continuas y flagrantes de la libertad religiosa, según lo define la Ley de Libertad Religiosa Internacional (IRFA).
- -Liderar los esfuerzos para renovar el mandato del GHREN en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU e invitar públicamente a la GHREN a enviar una delegación a Estados Unidos para consultar con los responsables políticos estadounidenses sobre la exigencia de responsabilidades a los funcionarios del gobierno nicaragüense por la represión de la libertad religiosa.
- -Imponer sanciones financieras, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851 y la Sección 203 de la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), contra los funcionarios nicaragüenses responsables del exilio de fieles religiosos, e investigar si alguna entidad del gobierno nicaragüense asociada con violaciones de la libertad religiosa mantiene propiedades en Estados Unidos, incluso en asociación con el Instituto de Previsión Social Militar.
- -Trabajar con los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con ideas afines para brindar protección humanitaria a las víctimas de violaciones de la libertad religiosa, incluyendo a quienes fueron exiliados a terceros países y despojados de su ciudadanía nicaragüense.
Al Congreso de EE. UU. le solicita «celebrar audiencias a través del Subcomité de Asuntos Exteriores para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes y/o del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental del Senado sobre las violaciones de la libertad religiosa cometidas por el gobierno nicaragüense contra comunidades específicas, incluyendo la Iglesia morava, principalmente indígena».
También «reintroducir y aprobar legislación para promover la libertad religiosa en Nicaragua, como la Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua de 2024, que amplía los fundamentos legales para las sanciones contra quienes violan la libertad religiosa y exige que el gobierno estadounidense se oponga a la asistencia de instituciones financieras internacionales a Nicaragua, excepto bajo ciertas condiciones».
Y finalmente «emitir declaraciones sobre las condiciones de la libertad religiosa en Nicaragua a través de un Caucus Internacional de Libertad Religiosa bipartidista y revitalizado, incluyendo la solicitud de investigaciones sobre si alguna entidad gubernamental nicaragüense asociada con violaciones de la libertad religiosa mantiene propiedades en Estados Unidos y el reconocimiento del aniversario del exilio a Guatemala de los presos nicaragüenses de la libertad religiosa, el 5 de septiembre».
