La dictadura bicéfala y conyugal de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ordenado una nueva reforma a la ley del Ejército, que no le cambia nada de fondo o de importancia. En la misma exposición de motivos de la reforma se dice que es sólo para “armonizar” dicha ley con los “nuevos postulados” de la constitución totalitaria dictada en enero pasado, que se refieren al reparto del poder del Estado autoritario entre Ortega y Murillo.
Es oportuno recordar que el gobierno democrático de doña Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) promovió una reforma difícil y lenta de democratización del Ejército, para que fuera la fuerza armada de Nicaragua y no del partido FSLN. Se avanzó bastante en la reforma militar democrática, pero terminó el mismo día en que Ortega recuperó el poder, el 10 de enero de 2007. A partir de entonces el Ejército comenzó a degradarse y a retroceder hasta donde ahora ha llegado.
No ha pasado mucho tiempo como para olvidar que aquel día, en la ceremonia de toma del poder presidencial Ortega proclamó que a partir de ese momento el Ejército volvía a sus orígenes sandinistas e hizo que los altos mandos militares le juraran lealtad. Lo que al parecer no les costó mayor esfuerzo.
En relación con la nueva reforma de la ley militar algunos medios independientes han reportado como novedosa la creación de las “fuerzas militares de la reserva patriótica”. Y aseguran que con eso la dictadura pretende “militarizar a la población”.
Pero las fuerzas militares de reserva ya estaban en la ley militar, antes de esta última reforma. En su artículo 17, acápite 2, dicha ley señalaba que “las fuerzas de reserva se constituyen a partir de la voluntariedad de los oficiales, funcionarios, suboficiales, clases, soldados y marineros que han pasado a condición de retiro o licenciamiento del Ejército, así como cualquier ciudadano que de manera voluntaria desee participar…”
Las fuerzas de reserva militar existen en todos o casi todos los países del mundo. Pero es diferente el caso en el sistema político totalitario, en el cual el ejército no es una institución profesional del Estado subordinada a un poder civil democrático. Al contrario, se le conceptúa como “el pueblo armado” o “el brazo armado del pueblo” (o sea del partido gobernante). Así se decía en la Constitución sandinista de 1987 hasta que fue suprimido por la reforma constitucional democrática de 1997.
Qué y cómo es la fuerza armada del Estado en el totalitarismo lo explicamos en el editorial del sábado 22 de febrero pasado, cuando comentamos la última prolongación del mandato del general Julio Avilés como jefe del Ejército. Y es oportuno repetir ahora un par de párrafos de aquel comentario editorial.
“La experiencia histórica —dijimos en esa ocasión— demuestra que el primero y principal de los rasgos fundamentales del Ejército en los Estados totalitarios es la lealtad absoluta al partido, pero en particular al líder, o a los líderes, según si el liderazgo es individual, matrimonial (como fue en la Rumania comunista igual que ahora en Nicaragua), o colegiado…
“Otra característica del Ejército es que no existe solo para defender al Estado de sus enemigos externos reales o percibidos, sino también y en primer lugar para la represión política interna de los brotes de oposición o disidencia… Además, el Ejército en el totalitarismo es sometido a un intenso adoctrinamiento ideológico y político de sentido partidista sectario; se funda en una rígida estructura jerárquica sometida al control político del líder o los líderes del partido; y participa en empresas y negocios que en la democracia son competencia exclusiva de autoridades civiles y empresas privadas”.
Tal es el Ejército que hay en Nicaragua desde que en 2007 se frustró la transición democrática. Lo novedoso a partir de entonces es que el Ejército dejó de ser nacional y se convirtió de nuevo en sandinista, y que las reformas que le han hecho a la ley militar han sido para adaptarla a la radicalización del régimen totalitario.
No hay que darle más vueltas ni buscarle otra explicación a algo tan evidente como eso.
