El miércoles de la semana pasada (19 de marzo de 2025), el régimen de Nicaragua denunció el tratado constitutivo de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). O sea que sacó al Estado nicaragüense de dicho tribunal regional que fue creado en el año 1991 por los presidentes de Centroamérica.
Los gobernantes centroamericanos de aquel tiempo estaban animados por el espíritu de los Acuerdos de Esquipulas para la paz y la democratización en Centroamérica. Y tenían la buena intención de fortalecer el proceso de la integración centroamericana, dotándola de un poder judicial regional que ayudara a resolver democráticamente los litigios que se presentaran, como es inevitable.
En ese tiempo se creía que el proceso de creación y desarrollo de la democracia que estaba en marcha en todo el mundo era irreversible; inclusive en los históricamente conflictivos países de América Central. Particularmente en Nicaragua, donde con muchas dificultades, pero con éxito, avanzaba una esperanzadora transición democrática liderada política y moralmente por la presidenta Violeta Barrios de Chamorro. Mientras que en el norte de Centroamérica se desarrollaba un proceso de pacificación y apertura a la democracia, después de largos años de violencia revolucionaria y estatal.
Pero la democratización de Centroamérica se estancó y en el caso de Nicaragua hasta se revirtió, cuando Daniel Ortega y el FSLN recuperaron el poder y retomaron su proyecto autoritario. Mientras que los demás países de Centroamérica, salvo Costa Rica, se llaman democráticos sólo porque sus gobiernos resultan de procesos electorales formalmente competitivos, pero nada más.
De manera que el proyecto de crear un sistema de justicia centroamericana fracasó de hecho, principalmente porque su existencia y eficacia dependen de que toda la región sea plenamente democrática, como es el caso ejemplar de Europa con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Ahora, con la retirada de Nicaragua de la CCJ, esta prácticamente ha dejado de existir. Para eso se requiere que participen por lo menos tres países, pero sólo han quedado dos: Honduras y El Salvador. Únicamente eran tres, porque a pesar de que en diciembre de 1992 la XIII Cumbre de Jefes de Estado de Centroamérica aprobó el Convenio del Estatuto de la Corte, los de Guatemala, Costa Rica y Panamá no se integraron.
No obstante, es justo reconocer que la CCJ tuvo algunos éxitos relativos mediando en disputas territoriales y de interpretación de tratados regionales. Y dictando sentencias sobre la aplicación de normas del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), del Protocolo de Tegucigalpa y del mismo Tratado General de Integración regional.
En 1999 la CCJ medió en el conflicto sobre delimitación marítima entre Honduras y Nicaragua. En 2002 ayudó a Nicaragua y El Salvador a resolver un diferendo sobre derechos comerciales. Y lo más relevante para nuestro país, en marzo de 2005 acudió en auxilio del presidente Enrique Bolaños cuando los caudillos autoritarios Arnoldo Alemán, del PLC, y Daniel Ortega, del FSLN, se confabularon para tratar de despojarlo de sus funciones principales mediante una espuria reforma constitucional.
Como está actualmente la situación política de Centroamérica se ve muy difícil, por no decir imposible, que la CCJ pueda ser rehabilitada. Habría que esperar a que haya democracia en todos los países centroamericanos, y que funcione de verdad. Pero esto por ahora no se vislumbra en el horizonte.
