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Las medidas del régimen Ortega Murillo para que la educación superior «levante cabeza» no han dado resultados. Desde que estalló la crisis sociopolítica en 2018 es notoria la reducción de graduaciones en la educación superior, tanto en pregrado, grado como posgrado, según cifras oficiales del Consejo Nacional de Universidades (CNU), una tendencia que va en línea con la reducción de la matrícula y de los docentes universitarios a partir de 2018. En 2017 —un año antes del estallido social— se graduaron 41,018 estudiantes en las tres modalidades de educación superior.
Aunque las cifras oficiales del 2018 al 2021 no están disponibles, en 2022 el CNU reportó que la cifra de graduados se redujo a 10,145. Mientras que en 2023, último año con cifras disponibles, se graduaron 11,469.
El investigador en temas académicos, Alexander Reyes, considera que la reducción de precios en los títulos no hará frente al problema de la falta de calidad de la educación de décadas.
«La crisis en la matrícula, las graduaciones y la permanencia escolar tienen que ver con otros factores, y no sólo a nivel de educación superior, sino también en la educación básica y media. El problema de fondo tiene que ver con tres aspectos. Primero, la calidad. Es un sistema educativo que no responde, que no brinda calidad en la enseñanza, en los contenidos, en el pensum ni en la labor docente», dijo Reyes.
Según Reyes, el segundo aspecto es la migración, que ha tenido un impacto enorme en la población nicaragüense.
«Y esta migración está relacionada con las condiciones sociopolíticas y socioeconómicas que atraviesa el país. El Estado no sólo es incapaz de garantizar una educación de calidad, sino que tampoco puede ofrecer condiciones mínimas de dignidad a la ciudadanía, lo que empuja a la gente a migrar y, con ello, también a abandonar sus oportunidades educativas», dijo Reyes.
Los esfuerzos del CNU por reducir los costos para graduarse
El 11 de marzo, el CNU emitió una resolución que establece que las universidades acreditadas por esta entidad deben emitir «automáticamente» los títulos correspondientes a los grados de los estudiantes en un período de 45 días hábiles, a partir de que hayan aprobado las asignaturas y todos los requisitos necesarios para optar por el título.
El 14 de octubre de 2021, la Asamblea Nacional —al servicio de la dictadura Ortega-Murillo— aprobó la Ley de Reconocimiento de Títulos y Grados Académicos de la Educación Superior y Técnico Superior (Ley 1088), con la que se evitarían cobros excesivos por parte de universidades privadas para emitir títulos y que estos no se excedieran de los 1,500 córdobas.
El artículo 9 de la Ley 1088, publicada en 2021, ya señalaba esta medida, estableciendo que, una vez egresado, el estudiante tiene derecho a que la universidad o centro de educación emita y entregue el título correspondiente. Además, establece que el estudiante no está obligado a participar en actos de graduación. Sin embargo, tanto la Ley 1088 como su normativa no especifican el plazo, algo que sí hace la resolución del CNU.
Las medidas del CNU para estimular la matrícula
Debido a la abrupta caída de matrícula y graduaciones, desde 2021 el CNU ha implementado medidas para “estimular” la educación superior, aunque no han dado resultados que recuperen los índices previos a la crisis de 2018.
Desde 2016, las autoridades académicas suprimieron los exámenes de admisión en más de diez carreras, entre las que se encuentran Física, Matemáticas, Informática Educativa, Educación Física y Deportes, entre otras.
Sin embargo, fue hasta 2020 que las autoridades del CNU suspendieron la realización de los exámenes de admisión en las universidades públicas, bajo el supuesto argumento de que la medida era para evitar las aglomeraciones de cara a la pandemia de covid-19.
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En el informe presentado por la dictadura de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se afirmó que la educación está en auge y que la matrícula universitaria en el país creció un 20 por ciento entre 2019 y 2023. Sin embargo, una revisión de LA PRENSA a los anuarios estadísticos del CNU muestra que en 2017 —un año antes del estallido de la crisis sociopolítica— había 241,113 estudiantes matriculados. En 2024, según la presidenta del CNU, Ramona Rodríguez, esa cifra se ha reducido a 180,220 estudiantes.
Las cifras reflejan que las medidas implementadas por el régimen, como la eliminación de los exámenes de admisión en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua y UNAN-León) en 2020 y la aplicación de esta misma medida en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en diciembre de 2023, no han logrado aumentar las matrículas.
Confiscaciones de universidades pasan factura
Contrario a lo que indican las cifras oficiales, la presidenta del CNU, Ramona Rodríguez, aseguró en una entrevista con un medio estatal que «el incremento en la matrícula» se debe a la existencia de más universidades estatales, en referencia a las instituciones que el régimen confiscó desde diciembre de 2021.
«Las universidades que no tenían la calidad fueron cerradas y surgieron nuevas universidades. La matrícula en 2024 mostró un crecimiento muy visible en comparación con años anteriores. Claro, ahora tenemos más universidades públicas y gratuitas», afirmó Rodríguez.
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El 14 de diciembre de 2021, el régimen cerró el primer centro de educación superior, la Universidad Hispanoamericana (Uhispam). A esta le siguieron otras 36 instituciones, entre ellas la Universidad Centroamericana (UCA), clausurada en agosto de 2023, y la más reciente, el Instituto Nicaragüense de Estudios Humanísticos (INEH).
De las 37 universidades cerradas por el régimen, surgieron cinco nuevas que utilizan la infraestructura de las confiscadas, entre ellas la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, instalada en el campus de la antigua UCA.
