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Nicaragüenses que tuvieron que huir de la persecución política que sufrían en Nicaragua, por orden del régimen Ortega-Murillo, hacia Costa Rica, encontraron, a través del programa de Movilidad Segura, impulsado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) una oportunidad para comenzar de nuevo, esta vez desde territorio español.
Kary José Rojas, especialista en ventas y atención al cliente, y el abogado Braulio Abarca, defensor y miembro fundador del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, tienen más de dos meses de estar en España tras ser beneficiarios de ese programa.
Rojas, de 32 años, salió de Nicaragua en abril de 2019, luego de que su vivienda fue allanada por la Policía, en represalia contra su entonces pareja, un policía que decidió dejar las filas de esa institución para no reprimir al pueblo nicaragüense.
“Decidí salir de Nicaragua y migrar hacia Costa Rica el 19 de abril de 2019. Tomé esa decisión por la persecución y asedio político que sufría por parte de la Policía Nacional. Mi pareja trabajaba como policía y renunció por todo esto de las protestas sociales. Cayó preso en El Chipote y luego fue liberado porque la CIDH ayudó en ello. Después pasó un tiempo y, supuestamente, todo estaba normal, pero llegaron, el 17 de abril de 2019, a mi casa cuando yo andaba trabajando, allanaron la casa, rompieron las puertas, y buscaban detenerme por delitos inventados”, denunció Rojas.
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Quiso presentarse a la Policía para aclarar de qué se le acusaba, su madre le advirtió que no fuera, ya que la actitud de la Policía era clara: detenerlo y violentar cada uno de sus derechos.
“En la mañana llegaron a allanar y ella pensaba que yo estaba detenido, fue a la Policía y le dijeron que se fuera, que si no la detenían a ella también. Al verla, la misma Policía decía: ‘Ahí viene la mamá del maricón’, de esa forma se expresaron, eso me lo dijo ella. Sabíamos que iban a violentar mis derechos; sabemos que en Nicaragua la comunidad LGBTIQ+ sufre violaciones a sus derechos, al igual que toda la población, porque en el país no hay derechos. Entonces, todo eso me obligó a salir del país forzadamente”, relató Rojas Lanuza.
Inseguridad en Costa Rica
El hombre salió de Nicaragua de forma irregular y, en cuanto pisó territorio costarricense, solicitó refugio. Pasó cinco años en Costa Rica y los más duros fueron los años de la pandemia.
“No teníamos para pagar la renta, estábamos estresados totalmente, pero gracias a Dios estaban las organizaciones y nos pudieron apoyar. La comida no nos faltó, la renta tampoco. Fueron meses muy duros, pero eso me dio resiliencia”, relató.
El abogado Braulio Abarca, de 34 años, defensor y miembro fundador del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca, sufrió una experiencia similar de persecución en Nicaragua. Huyó de Nicaragua en diciembre de 2018, cuando recrudeció la represión contra las organizaciones de la sociedad civil.
El joven colaboraba en ese entonces con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organización a la que el régimen en diciembre de 2018 canceló, cerró y confiscó arbitrariamente.
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“Yo salí de Nicaragua el 23 de diciembre de 2018, días después del cierre y confiscación arbitraria del Cenidh, donde yo laboraba en el equipo de defensa y denuncia, y tuve que salir, migrar hacia Costa Rica, buscando protección internacional, refugio, por la persecución política, amenaza de muerte, encarcelamiento, persecución en contra de las personas defensoras de derechos humanos”, denunció Abarca ahora desde España.
Explicó que aplicó al programa de reasentamiento de personas refugiadas, que tiene el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de España es para personas refugiadas o solicitantes de refugio de Nicaragua, Venezuela, Ecuador y otros países, que se encontraban en Costa Rica, Guatemala y otros países, junto con Acnur y OIM.
“Fue un proceso largo, que comenzó en enero de 2024, y en ese entonces no estaba la oportunidad de viajar a España porque recién había salido en diciembre un primer grupo, en 2023, por lo cual pasé en espera de que se abriera nuevamente el programa y en septiembre de 2024 me notificaron que se abría nuevamente la convocatoria de aplicar al Programa Nacional de Reasentamiento de Personas Refugiadas y ha sido un proceso bastante integral”, detalló.
Abarca explicó que, a diferencia de Costa Rica, el proceso en España ha sido bastante rápido. Actualmente, indicó que ya es asilado político y “ya tengo aprobado el carnet, en dos meses y medio, aproximadamente, logré acceder a la tarjeta de identidad para extranjero, que además me otorga la posibilidad de tener un permiso laboral y de una residencia legal, regular y continua en España, que tiene una vigencia de cuatro años, desde 2025 hasta 2029”.
Rojas, por su parte, explicó que, en Costa Rica, afortunadamente, tuvo sus primeros trabajos bastantes relacionados a atención al cliente y ventas, ya que fueron de impulsador en supermercados y luego laboró en ventas y atención al cliente en tiendas. Aunque lamenta que en territorio tico el acceso a refugio y permisos laborales “no son nada fáciles”.
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Rojas, al igual que al abogado Abarca, aplicó al programa de Movilidad Segura a través de Acnur y, después de pasar filtros, enviar documentos y esperar alrededor de seis meses, finalmente viajó a España el 12 de diciembre de ese mismo año.
Al joven lo motivó salir hacia un tercer país por la violencia doméstica que sufría de su entonces pareja en Costa Rica y por el aumento de la inseguridad en territorio tico para los exiliados.
“El exilio en Nicaragua nos enseña que uno sabe dónde nace, pero no dónde va a morir; buscar nuevos horizontes, oportunidades. Además, en Costa Rica ha incrementado la criminalidad. No era fácil salir, pensar que en cualquier momento podría salir y me iban a balear. La ola de asesinatos, incluso asesinatos contra nicaragüenses, era cada vez peor. Ahora quiero trabajar en mí, vivir con seguridad, tranquilidad y conocer otros lugares», resaltó.
El defensor del Colectivo concuerda con el joven, pues afirma que su motivo para salir del territorio costarricense, que lo acogió por seis años, fue justamente “buscar más seguridad”, ya que en Costa Rica, en los últimos años, ocurrieron varias situaciones relacionadas a situaciones de riesgo para las personas refugiadas.
Dos tipos de programas de Movilidad Segura
Kary Rojas detalló que en su caso aplicó a dos tipos de Movilidad Segura, uno que ofrece un año de trabajo en una empresa y otro que es independiente con estudio. “Apliqué a los dos tipos de movilidad, de trabajo e independiente con estudio, pero se me dio el segundo, no sé por qué el laboral no. Entonces, ahora estoy estudiando, intentando insertarme laboralmente en lo que a mí me gusta, que son las ventas”, apuntó.
Resaltó que como todo inicio, aunque haya asistencia de organizaciones, «es duro». «Adaptarme a la jerga, la comida, las leyes, todavía es un reto. Es adaptarse, pero poco a poco nos vamos adaptando. Apenas son dos meses los que tengo aquí. Algunas veces me entra depresión, tristeza, porque extraño parte de Costa Rica, porque era como un pedacito de Nicaragua», agregó.
Por ahora, su meta es seguir estudiando, conseguir un empleo y ser independiente. Resaltó que a través del programa y otras organizaciones ha recibido apoyo en vivienda, alimentos, asesoría legal y psicológica, y el proceso de acceso a refugio ha sido rápido, ya que ya tiene su identificación y puede aplicar, en dos años, a su nacionalidad.
El abogado Abarca, por su parte, afirma que aunque llegar a España ha significado “empezar de nuevo” esta vez “ha sido una experiencia distinta”, ya que tiene una red de apoyo y “con una familia con la cual uno cuenta, que en mi caso es el Colectivo, del cual soy parte y me siento orgulloso de estar desde su inicio”.
En España reciben acompañamiento psicosocial, legal, empleabilidad, vivienda y alimentación. Por ahora, Abarca asegura que no ha buscado una nueva oportunidad laboral, pues seguirá apoyando al Colectivo “hasta donde me sea posible” y además sigue aprendiendo cosas nuevas sobre el funcionamiento legal y del sistema en España, por ahora relacionados a integración social, estudios y procesos de asilo.
El defensor dijo estar agradecido con el Gobierno de España por el programa de reasentamiento, que ofrece a las personas refugiadas “conseguir más seguridad”. Además, se solidarizó con otros pinoleros, y muchos otros de diferente nacionalidad, “que ya habían incluso vendido sus cosas, entregado los apartamentos donde vivían, que ya habían buscado la manera de ahorrar dinero para viajar a Estados Unidos a través del programa de Movilidad Segura de Acnur y OIM y que, lamentablemente, no lograron hacerlo”.
