Algunos opositores nicaragüenses exiliados se han entusiasmado con la información de que el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue detenido en su país y extraditado a La Haya, en Países Bajos, para ser juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI). Esperan que algo igual suceda con el dictador de Nicaragua.
No hace mucho tiempo —apenas a mediados de febrero pasado— el Parlamento Europeo aprobó por unanimidad una petición al órgano de gobierno de la Unión Europea, para que acuse a Ortega ante la CPI. Pero no es una resolución vinculante y los gobiernos europeos no parecen tener interés en involucrarse en eso.
Además, según los expertos en derecho y justicia internacional los casos de Filipinas y Nicaragua son diferentes.
Rodrigo Duterte fue presidente de Filipinas de 2016 a 2022 y su gobierno declaró una guerra a los traficantes y consumidores de droga que causó la muerte de miles de inocentes. En total habrían muerto unas 6,200 personas, según el gobierno de Duterte, pero los organismos de derechos humanos documentaron más de 27,000, muchas de ellas sin juicio previo y mediante ejecuciones extrajudiciales.
Duterte inclusive se jactaba de la matanza que estaba promoviendo. En una ocasión, en 2016, declaró insólitamente: “Hitler masacró a tres millones de judíos. Ahora hay aquí (en Filipinas) tres millones de drogadictos y yo estaría feliz de masacrarlos, porque están destruyendo al país”.
En 2018, por las denuncias de los familiares de las víctimas y de los organismos de derechos humanos, la CPI inició una investigación preliminar. Duterte reaccionó retirando al país del Tratado de Roma, que es el marco legal constitutivo de la CPI, a la que acusó de parcial y de que sus acusaciones eran infundadas. Dijo eso, a pesar de que él mismo se jactaba públicamente por los graves crímenes que se estaban cometiendo en la guerra contra el tráfico de drogas y los drogadictos.
A pesar de la oposición de Duterte la CPI continuó la investigación, basada en que cuando se cometieron muchos de los hechos investigados Filipinas era parte del Tratado de Roma. Después el presidente filipino que sucedió a Duterte, Ferdinand Marcos Jr., decidió cooperar con la investigación de la CPI y cuando esta pidió su captura y extradición a Países Bajos para juzgarlo debidamente, el presidente de Filipinas atendió la petición, a pesar de que una hija de Duterte es la vicepresidenta de la República.
El caso de Daniel Ortega es distinto. Nicaragua no es y nunca fue parte del Tratado de Roma y él sólo podría ser juzgado por la CPI si lo ordenara el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero China y Rusia son sus protectores y no lo permitirían.
Una segunda posibilidad es que otro país lo acuse, de acuerdo con el principio de la jurisdicción universal. Es lo que está haciendo la justicia de Argentina, que tiene esa potestad y ha iniciado una investigación sobre las acusaciones internacionales que pesan sobre Ortega y otros miembros de su cúpula de poder.
Pero los expertos no son optimistas. Creen que es muy probable que esa investigación quede estancada de manera indefinida.
