Para los nicaragüenses que tanto han luchado por la libertad y la democracia fundada en instituciones, debe ser motivo de vergüenza que su país sea calificado como el más autoritario de las Américas, más que Venezuela y que Cuba que tiene 66 años de antigüedad comunista y totalitaria.
Al contrario, para quienes detentan el poder y los que medran a su alrededor ese registro es motivo de orgullo. No en vano alardean de tener una nueva Constitución que es esencialmente totalitaria, que los poderes del Estado fueron degradados a órganos ejecutivos del poder autocrático bicéfalo; y que veneran como símbolos de la patria los del partido político en el poder.
Precisamente por la nueva Constitución de corte totalitario es que Nicaragua es reconocida como el país más autoritario de la región latinoamericana y del Caribe. Tal como lo establece el Índice de Democracia 2024 elaborado por la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist.
Según la información, para elaborar ese informe se evalúa la calidad democrática de 167 países y territorios alrededor del mundo, que son calificados en cuatro categorías: 1ª, democracias plenas; 2ª, democracias defectuosas; 3ª, regímenes híbridos (los que tienen rasgos democráticos pero también autoritarios); y 4ª, regímenes autoritarios.
En un país plenamente autoritario, como es Nicaragua en la actualidad, no existe el pluralismo político, las libertades civiles y los derechos democráticos no son reconocidos, y aunque se realizan elecciones estas no se ajustan a los estándares democráticos internacionales.
En realidad, lo que hace el reporte de la Unidad de Inteligencia de The Economist es confirmar la realidad de una situación sociopolítica desastrosa, de un país donde no sólo no hay libertad de prensa, sino que no se publica ni un periódico, independiente u oficialista.
Confirma además que en Nicaragua no hay oposición porque todos los partidos políticos independientes fueron prohibidos y sus líderes encarcelados, desterrados y desnacionalizados. Que las organizaciones autónomas de la sociedad civil también fueron canceladas. Y que hay persecución religiosa, sobre todo contra la Iglesia católica, que ha sido ferozmente reprimida por el régimen autoritario.
Pero no es válido sólo lamentarse por la desgracia política y social de Nicaragua. También hay que autocriticarse. Y tampoco se debe culpar sólo a Ortega y Murillo, pues ellos no tomaron el poder por asalto en enero de 2007, como lo hicieron los sandinistas en 1979, sino mediante elección popular.
Ciertamente, ellos tomaron el poder en enero de 2007 de manera legal y pacífica, después de ganar una elección gracias a que los principales líderes políticos democráticos pactaron con Ortega para amañar la ley y facilitarle el regreso al poder por la vía electoral. Mientras que los verdaderos antisandinistas dividieron el voto democrático en las urnas electorales.
Aquella oscura experiencia histórica no se deber olvidar, ni obviar. Hay que recordarla siempre y reconocerla como una penitencia, para que tal vez en el futuro no se vuelve a permitir que políticos extremadamente ambiciosos y corruptos cometan fechorías de consecuencias tan nefastas y duraderas.
