El régimen de Ortega y Murillo ha dictado una nueva ley de simulación electoral, para ajustarla a la Constitución de corte totalitario que adoptó en el mes de enero pasado.
Decimos dictada, no aprobada, porque en un sistema político dictatorial como el de Nicaragua las leyes simplemente son dictadas por quienes detentan el poder y lo ejercen de manera autocrática y absolutista.
Aprobar las leyes es lo que se hace en democracia. Pero esto supone actuar de acuerdo con un procedimiento que manda a estudiar previamente el tema que se va a legislar, a consultarle a la población o al menos a los sectores interesados directa o indirectamente en lo que se va a legislar, y a realizar una discusión libre y abierta de los diputados que representan a diversos partidos, cada uno con derecho de sustentar sus propios criterios y exponerlos sin temor a ser sancionados o castigados por eso.
Pero, además, en la democracia el poder ejecutivo (ejercido por el presidente de la República) debe ratificar el proyecto de ley que aprueban los diputados. Y si no está de acuerdo puede vetarlo de manera parcial o total, para que vuelva al poder legislativo a fin de que se discuta nuevamente y se llenen los vacíos que a su juicio quedaron en el proyecto de ley. Un veto que los diputados pueden aceptarlo o rechazarlo mediante una votación calificada establecida para esos casos.
Pero en Nicaragua no hay democracia del todo. Lo que existe es una dictadura en la que las leyes no son aprobadas de la manera democrática antes mencionada, sino que son redactadas en el despacho del dictador, o mejor dicho, de la pareja de dictadores.
En el sistema político de Nicaragua los diputados no constituyen un poder legislativo, como en las repúblicas democráticas. Son miembros asalariados de un órgano funcional que solo como una formalidad “aprueba” lo que le dictan y que previamente ha sido aprobado por el poder dictatorial.
En consecuencia, la llamada nueva Ley Electoral no es para normar la realización de elecciones verdaderas, como las que se hacen regularmente en las democracias. En Nicaragua los actos electorales, igual que la aprobación de las leyes, son únicamente formalidades para darle visos de supuesta legalidad a la autodesignación de las personas que detentan el poder total; y de las que forman coro en los órganos funcionales del Estado que ejecutan las órdenes y sentencias del poder real y único del dictador y la dictadora.
Es oportuno recordar que las últimas elecciones (verdaderas) que hubo en Nicaragua, defectuosas por los vicios de la maniobrera clase política de entonces, pero elecciones al fin, fueron las de 2006. Ortega las “ganó” y a partir de entonces se comenzó a degradar más y más el sistema electoral democrático, hasta desaparecer completamente.
Así se llegó al año 2021, cuando por última vez la oposición intentó participar en las elecciones, a pesar de los vicios antidemocráticos del sistema electoral. Pero todos los precandidatos presidenciales fueron encarcelados, los partidos de verdadera oposición fueron disueltos y sus líderes condenados a largas penas de prisión por “traidores a la patria”. Y después de un largo tiempo presos los desterraron y despojaron de todo, hasta de su nacionalidad y sus identidades personales.
De manera que lo que ha hecho ahora la dictadura con sus nuevas constitución y ley de simulación electoral es darle una apariencia de legalidad a su poder absoluto.
En este país habrá elecciones verdaderas y se podrá participar en ellas solo hasta que Nicaragua vuelva a ser una república democrática. Que ojalá no sea dentro de demasiado tiempo y que la nueva democracia sea mejor que la perdida en las elecciones de 2006.
