Al parecer la dictadura de Nicaragua se sintió particularmente afectada por el último informe del GHREN (siglas en inglés del Grupo de Expertos en Derechos Humanos en Nicaragua), en el que señala la participación del Ejército en la brutal represión de las protestas y la revuelta civil de 2018.
El GHREN dice que pudo obtener “información creíble” de que el Ejército participó en aquella sangrienta represión usando armas letales, coordinado con la Policía y con grupos de civiles progubernamentales armados. Se refiere a los paramilitares, tan queridos por la dictadura que hasta los ha incluido en su nueva Constitución totalitaria con el nombre de “Policía Voluntaria”.
El régimen respondió al informe del GHREN sacando a Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De igual manera sacó al país de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, porque publicó un informe sobre la situación de hambre que padecen muchos nicaragüenses. Y también lo retiró de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es la institución especializada de la ONU para los asuntos concernientes a las relaciones laborales y patronales, y de estos sectores con el Estado.
En realidad, la dictadura de Nicaragua ha demostrado que no le importa el derecho ni la justicia internacional, y que no le reconoce importancia a sus instituciones. O, mejor dicho, solo le importan cuando sirven a sus intereses. Como el caso de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en junio de 1986 sentenció a EE. UU. a indemnizar a la dictadura sandinista de aquella época, por haberle causado daños de guerra. EE. UU. no le reconoció competencia a la CIJ y nunca pagó la indemnización, pero la dictadura ha incluido la sentencia en su Constitución totalitaria (artículo 5), atribuyéndole supuesta “plena validez y fuerza legal”.
Precisamente porque el régimen sandinista solo le ha reconocido validez a las sentencias de la CJI, los expertos sugieren acusarlo ante dicho tribunal. La CIJ es la máxima instancia para el ejercicio de la justicia internacional, definida esta como “el conjunto de principios, normas y mecanismos legales que regulan las relaciones entre los países y buscan garantizar la resolución pacífica de disputas, el respeto a los derechos humanos y la responsabilidad por crímenes internacionales, como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”.
Teóricamente, la CIJ podría juzgar al régimen de Nicaragua por los crímenes denunciados y documentados por el GHREN, pero solo si es acusado por otro Estado. Se recuerda al respecto que en abril de 2024 el régimen de Ortega y Murillo, en nombre de Nicaragua acusó a Alemania ante la CIJ, por supuesto genocidio cometido con su apoyo a Israel en la guerra de Gaza. La Corte desestimó la petición de trámite de urgencia a la acusación, pero no la rechazó y quedó archivada junto a otros casos pendientes.
Parece difícil que algún gobierno quiera meterse en el problema de acusar al régimen de Nicaragua ante la CIJ, como sugieren los expertos. Y aun en el caso de que alguno lo hiciera, y que la Corte aceptara darle trámite a la acusación, debido a la excesiva lentitud de la justicia el caso terminaría en lo de siempre, o sea, que la justicia por ser tan tardía termina siendo extemporánea y en realidad no llega a ser justicia.
