El Parlamento Europeo (PE) es uno de los foros políticos más solidarios con el pueblo nicaragüense. Desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018, la legislatura anterior aprobó siete resoluciones y recientemente en febrero de este año, la octava, que es la de más alto consenso y contundencia. Incluso grupos de izquierda que antes tomaron distancia se sumaron a esta condena que, además pide acciones concretas para frenar los abusos de la dictadura Ortega Murillo y castigar los delitos de lesa humanidad que cometen.
La resolución pide entre otras acciones, que los países miembros de la Unión Europea (UE), de conformidad con el Estatuto de Roma, lleven a los Ortega Murillo a la Corte Penal Internacional (CPI) para que respondan por los crímenes de lesa humanidad. Esta acción abriría la puerta de la justicia para las víctimas y demostraría que, ante la gravedad de sus delitos, la investidura de jefe de Estado que ostenta Ortega no debe considerarse un escudo de impunidad.
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Los eurodiputados también pidieron que se active para Nicaragua, la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA) que rige las relaciones comerciales y de cooperación entre Centroamérica y la UE.
Poner candados a la cooperación
Para evitar que la cooperación internacional, bilateral y multilateral, siga sosteniendo a la dictadura, recomiendan que la UE y los organismos multilaterales incluyan entre los requisitos para recibirla garantías específicas de respeto a los derechos humanos. Este candado debe evitar que el financiamiento internacional que reciben los Ortega Murillo, directamente o a través del Sistema de LA Integración Centroamericana (SICA), siga fortaleciendo el modelo represivo y enriqueciendo a la dictadura familiar y su círculo de poder.
En su resolución el PE denunció el uso de la apatridia y el exilio como arma contra las voces disidentes; pidió que se revoque la nueva Constitución de corte totalitario que aprobaron recientemente los Ortega Murillo para consolidar su poder dinástico; y que Nicaragua respete sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El 13 de febrero todos los grupos políticos, a mano alzada, votaron de forma unitaria a favor de esa resolución que condena las violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos cometidas por Ortega y Murillo contra la población, opositores democráticos, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil (OSC), y la persecución de líderes religiosos, principalmente de la Iglesia católica.
El documento exige la liberación inmediata de las personas presas por razones políticas, el restablecimiento del Estado de Derecho, de la personería jurídica de las casi seis mil OSC canceladas y las libertades y derechos de miles de exiliados, incluido su retorno seguro. Además, tras casi siete años de crisis en los que los países miembros de la UE esperaron, sin resultado, el retorno hacia la democracia, advierte que todas estas son condiciones previas esenciales para un posible diálogo significativo.
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No es vinculante, pero tiene peso
Aunque las resoluciones del PE no son vinculantes, el respaldo unánime de todos los grupos políticos que lo integran le imprime un valor muy especial, que debe motivar al Ejecutivo de la UE, presidido por Ursula Von der Leyen, a tomar en cuenta que los llamados a restablecer las garantías y derechos ciudadanos no han tenido respuesta, y es momento de escuchar a la clase política europea y emprender las acciones que sugiere el PE para frenar los abusos de los Ortega Murillo.
Son muchas las oportunidades de diálogo que la UE y la comunidad internacional han propiciado, pero la dictadura en lugar de reconsiderar su actuación ha menospreciado e ignorado las recomendaciones de los foros políticos e incluso resoluciones vinculantes de organismos especializados en materia de derechos humanos, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Además, irrespeta flagrantemente sus compromisos con el derecho internacional y esto convierte a Nicaragua en un Estado que atenta contra la paz y la seguridad de la región e incluso del continente.
Ante esta clara realidad la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) confía en que la presidenta Von der Leyen, y la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, tomen conciencia de que Nicaragua se convirtió en un Estado forajido, con el que es imposible llegar a un entendimiento a través del diálogo, y que se requieren acciones contundentes, como las que recomienda el PE, para garantizar el retorno del país a la senda democrática.
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.com
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