La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció esta semana la violencia a la que son sometidas las comunidades indígenas en el Caribe de Nicaragua. En un pronunciamiento oficial, el organismo condenó los asesinato en octubre del indígena mayangna Dionisio Hernández Bruno y de su hijo Wilmer Hernández Smith.
«La CIDH condena los recientes ataques armados contra comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua. Asimismo, expresa su preocupación por la persistencia de la represión estatal y el despojo territorial, en un contexto de impunidad», afirmó el comunicado.
Semanas atrás, LA PRENSA reportó el asesinato de los Hernández, ocurrido en la comunidad de Dimanwas en el caribe norte de Nicaragua. El doble crimen causó el éxodo de familias horrorizadas tras las ejecuciones de estos mayangnas.
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La CIDH indicó que el ataque contra los Hernández ocurrió a mano de colonos armados —invasores foráneos— que intentan apoderarse de tierras en el territorio Mayangna Sauni As en Bonanza.
Antecedentes de otros ataques de invasores
El organismo recordó que el 19 de septiembre asesinaron a un líder comunitario en la comunidad de Alal, presuntamente vinculado con conflictos territoriales y represalias de grupos de colonos. También hubo un ataque con machetes el seis de septiembre a los integrantes del equipo de fútbol Kayayawas.
Según organismos de la sociedad civil, el Estado de Nicaragua mantiene una política extractiva, caracterizada por el otorgamiento de concesiones mineras. Hasta abril de 2026, según la misma fuente, unos 62 lotes mineros afectaban a 18 territorios indígenas y afrodescendientes, equivalentes aproximadamente al 25,5 por ciento de las tierras comunales
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«Entre agosto y septiembre, también se intensificaron las amenazas de muerte, la ocupación de parcelas y destrucción de cultivos en la comunidad de Wilu, territorio Mayangna Sauni As, lo que mantendría a 47 familias indígenas bajo un clima de terror», lamentó la CIDH.
La huella de la represión estatal
El organismo afirmó que recibió información sobre hechos de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes indígenas, incluidas secuestros y embarazos forzados. Esto ha dado lugar a un desplazamiento interno y transfronterizo mientras persisten las denuncias de criminalización, detenciones arbitrarias y desaparición de autoridades tradicionales y liderazgos indígenas.
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«Según la información disponible, al menos 20 personas miskitu y mayangna se encontrarían privadas arbitrariamente de su libertad. Entre ellas se encuentran los familiares del líder indígena Brooklyn Rivera, quienes permanecen en situación de desaparición forzada desde mayo de 2026, tras ser detenidos por reclamar la entrega del cuerpo luego de su muerte bajo custodia estatal el 31 de mayo», lamentó la CIDH.
