El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó la Consulta del Artículo IV sobre Nicaragua, correspondiente al 2024, el pasado 29 de enero. Dicha Consulta ocurre en seguimiento a las conclusiones preliminares elaboradas por la misión oficial que visitó el país del 11 al 22 de noviembre pasado en el marco de esa revisión periódica anual, y le tocaba al directorio debatir y aprobar dichas conclusiones preliminares.
Es por ello que en seguimiento a la nota de prensa que, al concluir la visita, publicó la jefa de esta misión Alina Carare, que la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) le hizo llegar al directorio ejecutivo del FMI, una primera carta el 25 de noviembre.
En ella le expresamos nuestra preocupación en relación con que esa declaración pública no incorporó, entre otros detalles: aspectos relacionados con los derechos humanos en el escenario geopolítico actual de Nicaragua, el desmantelamiento de la institucionalidad democrática, la destrucción sistemática de los partidos políticos y la cancelación arbitraria de aproximadamente el 80 % de los organismos de la sociedad civil, incluidos todos los empresariales y gremiales.
En la misiva le manifestamos al directorio ejecutivo que no es posible desvincular las condiciones políticas del comportamiento económico. Omitir información relevante o que invisibiliza la misma, no evita las afectaciones que esta provoca en el desarrollo económico del país. Presentar de manera parcial lo que está sucediendo no refleja la realidad del país, se presta a conclusiones equivocadas y genera dudas sobre el porqué de este tipo de posicionamiento.
Ignoraron repercusiones de la reforma constitucional
Tal como se expresó en la misiva, llama la atención que la señora Carare no haya hecho ningún comentario sobre las implicaciones que provocará en el ámbito económico, la reforma constitucional que aprobaron en primera legislatura, el mismo día que ella publicó la nota de prensa.
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Además, el 25 de noviembre, sólo tres días después de conocerse la posición pública de la señora Carare, aprobaron la Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones; el 30 de diciembre entró en vigencia la Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero; el pasado 30 de enero presentaron tres nuevas iniciativas de ley vinculadas al Sistema Financiero; y la reforma constitucional ya la aprobaron en segunda legislatura, por lo que solo resta que la publiquen para que entre en vigencia. Todo lo anterior resulta en el desmantelamiento de la iniciativa privada y en el control total del sistema bancario y financiero.
Tanto la reforma constitucional como el nuevo marco jurídico que aprobaron recientemente y lo que está en proceso de aprobación, deterioran aún más las condiciones que encontró la misión del FMI durante su visita al país.
Ante las recomendaciones que emitió la misión para: mejorar el clima de negocios y el Estado de derecho; garantizar la independencia judicial de conformidad con los pactos internacionales ratificados por Nicaragua; fortalecer la transparencia de los procesos administrativos y judiciales vinculados a los derechos de propiedad, y otras, el régimen Ortega Murillo respondió con un rotundo no a cada una a través de la reforma constitucional y la aprobación de otras leyes.
Política migratoria de Trump provocará efectos
La política migratoria de Trump provocará un impacto severo en la situación migratoria de más de medio millón de nicaragüenses que están acogidos a Programas de Protección Temporal (TPS) y parole humanitario; y eso no ocurrirá en el mediano plazo como planteó el personal técnico de la misión, sino en el corto plazo.
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Tomando en cuenta esta nueva coyuntura, la CDN envió el pasado 27 de enero, un recordatorio de lo planteado en la carta de noviembre, para que durante la Consulta el directorio ejecutivo del FMI tomara en cuenta la preocupación que se les planteó en la primera misiva, pero también que tomara en cuenta las nuevas circunstancias jurídico-legales de Nicaragua y las externas vinculadas al tema migratorio, con el impacto que puede generar en el flujo de remesas, en los empleos y en el salario real.
Esperamos que en la Consulta del Artículo IV la señora Carare y el directorio ejecutivo hayan incorporado todo lo que ha sucedió desde que terminó la visita de la misión y que sus conclusiones definitivas reflejen la realidad que vivimos los nicaragüenses y no una a conveniencia del interlocutor, como la que presentó la jefa de misión en sus conclusiones preliminares.
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.com
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