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Cuando LA PRENSA publicó las razones por las cuales Estados Unidos había elevado a 25 millones de dólares la recompensa por la cabeza del dictador Nicolás Maduro, el régimen de Daniel Ortega también salió salpicado.
La noticia sobre el papel de Nicaragua en el entramado del narcotráfico venezolano quedó expuesta en la acusación oficial contra Maduro y sus funcionarios, como capos del Cártel de los Soles, según la presentación de cargos del Departamento de Justicia ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en 2020.
En la página 11 del documento de 28 páginas se lee que, en 2009, Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón y Hugo Carvajal Barrios participaron en una reunión con un representante de las FARC en Caracas.
Durante la reunión, los asistentes también analizaron la situación política en Honduras, que atravesaba un golpe de Estado a Manuel Zelaya. Cabello Rondón expresó su preocupación de que la inestabilidad en el país pudiera afectar el negocio del narcotráfico, advirtiendo que la situación podría “joder el negocio”.
En ese encuentro se discutió el traslado de un cargamento de cuatro toneladas de cocaína que la guerrilla estaba dispuesta a entregar al Cártel de los Soles, pero necesitaban un puerto de entrada distinto por la crisis hondureña.
Cabello Rondón ordenó entonces que la droga fuera depositada en un punto específico de Venezuela, donde un avión la transportaría a Nicaragua, para luego ser enviada a México y, finalmente, a Estados Unidos, según la investigación contra Maduro.
También se acordó que Maduro viajase a Honduras bajo el pretexto de intermediar en la crisis como canciller venezolano, pero con la intención de intervenir a favor del Cártel de los Soles y evitar que la crisis política interfiriera con las operaciones de tráfico de drogas de la organización.
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Narcos vienen, narcos van
Bismarck Antonio Jirón Lira, un narcotraficante nicaragüense vinculado al cártel colombiano del Norte del Valle, en 2007 fue condenado a 13 años de cárcel por transporte internacional de droga, pero la condena fue reducida a cinco años por magistrados de apelaciones de Managua y, además, le suspendieron la pena y lo dejaron en libertad condicional.
En 2012 lo capturaron de nuevo con 900 mil dólares, siempre en Managua. Lo condenaron a 30 años de cárcel, pero, inexplicablemente, salió libre tres años después, en 2015.
En 2018 fue capturado nuevamente, esta vez por asesinato, porque en el norte del país la banda que lideraba, denominada Los Moncada, asesinó a un hombre que supuestamente le había robado 600 mil dólares a Jirón Lira.
Sin embargo, un juez de Managua, Abelardo Alvir, archivó la causa por falta de méritos y ordenó la libertad de Jirón Lira.
En Nicaragua, hay varios casos como el caso de Jirón Lira, narcotraficantes capturados con grandes cantidades de dinero, algunos condenados con largas penas, pero que al poco tiempo son liberados por el sistema judicial del país.
La explicación a esos absurdos podría encontrarse en cables de la Embajada de Estados Unidos en Managua, revelados en el año 2010, que indican que “Daniel Ortega y los sandinistas reciben dinero de parte de traficantes internacionales de drogas, por lo general a cambio de ordenar a los jueces sandinistas que permitan salir en libertad a los traficantes capturados por los policías y los militares”.
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“Nicaragua, un narcoestado”
No es la primera vez que al régimen de los Ortega Murillo sale vinculado a acciones de narcotráfico.
En septiembre de 2023, un equipo de investigadores de la Cambridge University Press, la sección editorial de la prestigiosa universidad inglesa, desmitificó la propaganda sandinista que promueve a Nicaragua como “el país más seguro de Centroamérica”.
Al contrario: lo catalogó como un narcoestado donde el partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), actuaba como “jefe de plaza” y las instituciones de seguridad, ejército y policía, como sicarios del cártel.
La investigación se denomina “Desmontando el mito del excepcionalismo nicaragüense: Crimen, drogas y economía política de la violencia en un narcoestado”.
Los autores son Julienne Weegel, profesor asistente de Estudios Latinoamericanos, de la Universidad de Amsterdam; Dennis Rodgers, del Centro sobre Conflictos, Desarrollo y Consolidación de la Paz (CCDP), Instituto de Graduados en Estudios Internacionales y Estudios de Desarrollo, Ginebra, y José Luis Rocha, Investigador Asociado, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, San Salvador.
El documento sostiene que el bajo impacto de la violencia ligada al tráfico de drogas, a diferencia de Centroamérica, era producto de la complicidad entre el Estado y las organizaciones criminales.
A diferencia de otros países donde los cárteles libran guerras por el control de rutas, “en Nicaragua el negocio fluye sin obstáculos gracias a un pacto de no agresión”, argumentaron los investigadores.
Según el estudio, este acuerdo ha permitido que las autoridades mantengan una imagen de seguridad, mientras regulan el flujo de drogas a cambio de beneficios económicos y políticos.
Los académicos cuestionaron el discurso oficial que presenta a la Policía Nacional como una fuerza eficiente en la lucha contra el crimen organizado.
A su juicio, la ausencia de informes verificables de incautaciones de drogas y quiebres de cárteles o bandas, se debe a un modelo “en el que el gobierno negocia directamente con los narcotraficantes para evitar enfrentamientos violentos”.
“El mito del excepcionalismo nicaragüense ha servido para encubrir la consolidación de un narcoestado altamente organizado», concluye.
El estudio también señala que la captura del Estado por parte de la élite sandinista ha permitido que el narcotráfico se convierta en una actividad controlada desde el poder.
En este sentido, los investigadores recuerdan que documentos filtrados por Wikileaks en 2010 ya advertían que el FSLN obtenía financiamiento de traficantes a cambio de liberar a sus miembros detenidos.
Además, el análisis destaca que el Consejo Supremo Electoral facilitó cédulas de identidad a narcotraficantes, consolidando así su protección dentro del país.
«El narcotráfico en Nicaragua se ha vuelto menos violento no porque el Estado sea más eficiente, sino porque los vínculos entre el gobierno y las organizaciones criminales son más estrechos que en otros lugares», señala la investigación.
Según los autores, este pacto de estabilidad permite que el tráfico de drogas continúe sin las disputas sangrientas que afectan a otras naciones de la región.
La investigación concluye que la dictadura no ha erradicado el narcotráfico, sino que lo ha institucionalizado: «Nicaragua un narcoestado».
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Pablo Escobar, el primer antecedente
La primera vez que Daniel Ortega se vio involucrado en temas de narcotráfico fue en 1984, cuando era miembro de la Junta de Gobierno, durante el primer régimen sandinista, y además era candidato presidencial del Frente Sandinista (FSLN) para las elecciones que se realizaron en noviembre de ese año.
El gobierno estadounidense de Ronald Reagan, en ese momento financiador de los contras que combatían a los sandinistas, reveló en julio de 1984 unas fotografías en las que se observan al capo colombiano Pablo Escobar descargando sacos de cocaína de una avioneta en el aeropuerto Los Brasiles, en Managua.
Al momento de la captura de las imágenes, según se conoció después, Escobar y otros capos colombianos estaban refugiados en Managua, bajo la protección de los sandinistas, a cambio de grandes cantidades de dólares, pues la justicia colombiana los perseguía por el asesinato del ministro de Justicia de ese país, Rodrigo Lara Bonilla.
Tras la revelación de las fotografías, Escobar y los demás capos colombianos regresaron a Colombia. Escobar nunca quiso hablar sobre su estadía en Nicaragua, pero sí lo han hecho su esposa, su hijo, sus hermanos, algunos de sus exsocios y hasta su amante, quienes han descrito esos días en varios libros y también en entrevistas.
Las relaciones con la guerrilla colombiana
Para sostenerse económicamente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más antigua del mundo, se auxiliaron del tráfico de cocaína.
Según la página InSight Crime, esa guerrilla colombiana llegó a admitir que en cierto momento llegaron a ganar hasta 450 dólares por cada kilo de droga que se producía y se movía dentro del territorio que ellos controlaban en Colombia.
Daniel Ortega se precia de ser amigo de diferentes grupos guerrilleros de Colombia, pero, especialmente de las FARC.
En 1999, según se observa en una fotografía, Ortega visitó el campamento de las FARC en Colombia y le entregó la “Orden Augusto C. Sandino” al jefe máximo de las FARC, Manuel Marulanda (ya fallecido), quien era conocido como “Tirofijo”, al que Ortega llamaba “querido hermano”.
En 2009, Ortega, ya de regreso en el poder, le dio asilo a las colombianas Martha Pérez Gutiérrez y Doris Bohórquez Torres, así como a la mexicana Lucía Morett, vinculadas con las guerrillas de las FARC, luego de sobrevivir a un ataque de las fuerzas armadas de Colombia ocurrido el 1 marzo de 2008.
Y, un año después, Ortega también otorgó asilo político a Rubén Darío Granda, hermano del guerrillero colombiano de las FARC, Rodrigo Granda, conocido como “el Canciller”. Rubén Darío Granda fue señalado en ese momento por las autoridades colombianas de ser el encargado de realizar transacciones financieras millonarias con dinero de las FARC.
Incautan dinero, pero no droga ni capturan narcos
Desde que Ortega regresó al poder, en 2007, comenzó a cambiar el destino de los bienes incautados al narcotráfico.
Antes de eso, todos los bienes ocupados al narcotráfico, fuera dinero o vehículos y propiedades, se repartían según los criterios establecidos en la Ley 285, Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y otras Sustancias Controladas.
Sin embargo, el régimen cambió eso y en la actualidad se desconoce la forma en que se reparten esos bienes.
La Ley 285 fue derogada y en su lugar el régimen aprobó la Ley 735, que tiene un nombre largo: Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.
Esta última se trata de una ley de combate al crimen organizado y que establece algunos criterios muy amplios y discrecionales de cómo distribuir los bienes ocupados o incautados.
Sin embargo, nadie sabe si las autoridades de la dictadura cumplen con esos dichos criterios.
En los últimos años, se ha vuelto una costumbre que la Policía de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo incauta dinero a los narcotraficantes, pero no los captura, bajo el argumento de que “huyeron y dejaron abandonado el dinero”.
Según una investigación de la DW, solo en el primer semestre del año 2020, por ejemplo, la Policía nicaragüense decomisó al narcotráfico 10.5 millones de dólares durante 16 operativos, pero apenas incautaron unos 320 kilos de cocaína.
El problema se refleja mejor si se toma en cuenta que, entre 2007 y 2009, la Policía del régimen incautó 36,000 kilos de cocaína y, diez años más tarde, entre 2017 y 2019, la cantidad bajó a 16,000 kilos, según las estadísticas policiales.
Las consecuencias se notan en que las autoridades hondureñas, vecinos del norte, han reportado más incautación de droga en los últimos años, la cual necesariamente pasó por Nicaragua.
En enero de 2024, por ejemplo, el Servicio Federal de Aduanas de Rusia informó sobre la ocupación de más de una tonelada de cocaína procedente de Nicaragua, que había sido embarcada en el puerto de Corinto.
Un mes antes, en diciembre de 2023, las autoridades panameñas denunciaron un cargamento de droga oculto en un contenedor proveniente de Nicaragua y con destino a países europeos.
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Refugio de narcos
En febrero de 2022, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue detenido luego de que Estados Unidos pidió a las autoridades hondureñas la extradición del exmandatario, señalado por la justicia de ese país por narcotráfico.
Según diferentes versiones periodísticas, Hernández, quien se había vuelto muy amigo de Ortega, iba a huir a Nicaragua, para ser protegido por el dictador nicaragüense, pero no salió a tiempo.
A Ortega también se le ha señalado de proteger en territorio nicaragüense a terroristas y otros criminales, entre ellos narcotraficantes, a cambio de dinero.
Por ejemplo, en septiembre de 2023, acogió a Óscar Chinchilla, exfiscal general de Honduras, investigado por la Asamblea Legislativa hondureña para determinar por qué decidió no combatir casos de alto impacto vinculados a corrupción y narcotráfico, según publicó la revista hondureña de investigación Contra Corriente.
