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Los sucesos de abril del 2018, aunque ya casi alcanzan los siete años de historia, vienen a la mente y reviven en los medios y las redes sociales de Nicaragua en cada aniversario.
Como en un carrusel vertiginoso y ya casi de color sepia por el tiempo, los rostros inertes o ensangrentados de las víctimas, los videos y las imágenes de las masacres, los discursos de odio de Daniel Ortega y Rosario Murillo y las caras de los represores vuelven a la memoria una y otra vez.
De las víctimas, ya se sabe, quedan sus tumbas y sus recuerdos; de muchos actores quedan sus testimonios de sobrevivencia desde el exilio y el destierro en su mayoría.
¿Y de los represores qué queda? Tras aquellos rostros que encarnaron el terror y la brutalidad de la represión, quedan muchas historias de ascensos, caídas, desgracias y sobrevivencia en las turbias periferias del poder que rodea a la familia Ortega Murillo.
“Se han hecho reacomodos y las purgas internas han depurado a gente de la vieja guardia, mientras han elevado a nuevas fichas de poder”, dice desde el exilio un analista y exinvestigador de temas de seguridad y gobernabilidad del antiguo centro de pensamiento Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).
Para él, la dictadura ha desechado sin miramientos ni gratitud a quienes en su momento sirvieron a su plan de sostenimiento del poder.
“A los Ortega Murillo no les importó si mataste a 10 o a 100 para defenderlos en 2018. Si les fallaste en algo luego no te lo van a perdonar. Y detrás de cada caído y cada promocionado hay serruchadas de piso, zancadillas, trampas y traiciones. Son cosas típicas de las intrigas palaciegas y el FSLN no escapa a esas pugnas internas”, dice.
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Los que bajaron:
Alba Luz Ramos. La eterna y otrora poderosa presidenta del Poder Judicial, aunque sigue en el cargo como magistrada, ha visto perder toda su influencia en la dictadura desde 2023. Perdió casi todos sus privilegios, a la mayoría de sus familiares y allegados en la Corte los despidieron, encarcelaron y desterraron.
Casi pierde su libertad, sus bienes y su cargo bajo sospechas de querer abandonar al partido sandinista y estuvo bajo vigilancia domiciliar por órdenes de la dictadura bicéfala. Del 2018 le quedan las sanciones en Estados Unidos y Europa, y ahora una orden de captura internacional desde Argentina por violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Juan Valle Valle. Era comisionado mayor y jefe de vigilancia policial en Managua cuando estallaron las protestas de 2018. Se le recuerda en las calles de Managua con un fusil de guerra terciado al hombro dirigiendo operativos de represión contra los manifestantes en la capital.
Fue ascendido a comisionado general en septiembre de 2020 luego de ser sancionado por Estados Unidos por su papel sangriento en las “Operaciones Limpieza” del régimen sandinista. Lo separaron en silencio del cargo de jefe policial en Masaya en abril de 2023 y en enero de 2024 se le reintegró como jefe de una discreta estación policial en las afueras de Managua.
Adolfo Marenco Corea. Esta es una de las caídas más sonadas y humillantes dentro del círculo de represores sandinistas. Fue subdirector de la Policía y jefe de inteligencia en la etapa más sangrienta de los sucesos de 2018.
Se le consideraba el tercer hombre de más poder en el país, detrás de Daniel Ortega, de su asesor Néstor Moncada Lau y del jefe del Ejército, Julio César Avilés Castillo.
Su caída ocurrió en noviembre del 2022 por un supuesto acto de corrupción y sospechas de traición al FSLN. Le dieron de baja, fue detenido en el Chipote, sus familiares fueron investigados, separados de cargos y privilegios, y sus cuentas y bienes intervenidos. Se desconoce su paradero y estado legal.
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Luis Alberto Pérez Olivas (LAPO). Se le considera el rostro principal de las torturas policiales en Nicaragua. En abril de 2018 era el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial y del centro de torturas el Chipote.
Se destacó por su brutalidad, sadismo y cinismo en los sucesos de aquel abril, cuando tenía el rango de comisionado mayor.
El dictador Ortega lo ascendió a comisionado general en septiembre del 2018 y lo condecoró en septiembre de 2020, luego que en marzo de ese año lo sancionara Estados Unidos por su papel en las torturas a los presos políticos.
Fue retirado del cargo en junio de 2023, por contradicciones y reclamos contra el ascenso de nuevos jefes policiales; fue degradado a jefe policial de una delegación de discreta incidencia y salió humillado del círculo de esbirros cercanos a Ortega.
Ramón Antonio Avellán. Si LAPO es considerado el rostro de la tortura policial en Nicaragua, Avellán es calificado como el rostro de los asesinatos en las protestas. Estados Unidos, en las sanciones aplicadas en 2020, le achacó la responsabilidad en el asesinato de 107 manifestantes en la masacre de abril de 2018.
Avellán era jefe departamental de Masaya, una de las ciudades más castigadas por la represión sandinista; era comisionado mayor y tras su despiadado papel, Ortega lo elevó a subdirector de la Policía y comisionado general.
Luego tuvo papeles específicos en la represión y persecución a líderes religiosos, empresarios, políticos y periodistas, hasta que empezó a desaparecer de los escenarios y actos públicos de la Policía junto al dictador Ortega. En la actualidad ocupa un papel discreto en las sombras y lejos de los reflectores y escenarios.
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Los que subieron:
Luis Roberto Cañas Novoa. Fue fundador de la Policía sandinista en 1979 y ocupó varios cargos como jefe de tropas y operaciones de inteligencia, hasta su retiro por sospechas de corrupción a finales de 2006.
Fue reintegrado en 2009 a la Policía en discretos cargos de espionaje, hasta que ascendió a viceministro de Gobernación en 2015. Para 2018 fue señalado como uno de los cerebros de la organización, entrenamiento y planificación de las fuerzas paramilitares que bañaron de sangre el país, junto a Edén Pastora y el exmilitar Leopoldo Rivas Alfaro.
Luego Cañas fue responsable de las torturas y castigos a los presos políticos en el Sistema Penitenciario y se le achaca haber autorizado disparar en el motín en que los carceleros asesinaron al reo político Eddy Montes.
Ahora Cañas es comisionado general, viceministro del Interior, jefe de las cárceles y de Migración y uno de los más brutales funcionarios de Ortega y Murillo. Aun no figura como sancionado.
Zhukov Serrano. Es subdirector de la Policía, ostenta el rango de comisionado general y ocupa el cargo de jefe de Inteligencia. Ha tenido un ascenso meteórico: de subcomisionado en 2015 a comisionado general en 2022.
Para los sucesos de 2018 era el segundo al mando del defenestrado comisionado general Adolfo Marenco en las misiones de inteligencia y se encargaba de ejecutar las órdenes de su superior en ese campo represivo.
Asumió el cargo de jefe de Inteligencia en noviembre de 2022, ascendido por Ortega ante la caída de Marenco. Desde entonces se le considera ficha clave en el entramado de la represión, persecución y secuestros de opositores en Nicaragua. Tampoco figura en la lista de sancionados.
Francisco Díaz. El consuegro de Daniel Ortega era el segundo jefe de la Policía en abril de 2018 cuando estallaron las protestas y comenzó la masacre sandinista.
Su obediencia perruna a los Ortega Murillo le valió para ocupar el cargo de la primera comisionada Aminta Granera, quien abandonaba el barco en medio de una blandenguería vergonzosa y los abusos policiales más atroces que se recuerden en la historia de Nicaragua.
Díaz no sólo se quedó en el cargo en 2018, sino que Ortega lo prorrogó para permanecer como jefe de la Policía sandinista hasta 2031. Díaz y parte de su familia aparecen en todas las listas de individuos sancionados por violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y corrupción.
Julio César Avilés. Desde que asumió como jefe de las fuerzas armadas en febrero de 2010, el general sancionado Julio César Avilés Castillo ha permanecido como comandante en jefe del Ejército sandinista por 15 años consecutivos, tras ganarse la lealtad del proyecto dinástico de la familia Ortega Murillo.
Si bien ya era el jefe del Ejército cuando estallaron las protestas de 2018, su papel brindando apoyo en inteligencia, armas, hombres, logística y avituallamiento a los paramilitares y policías de Ortega le valió el mantenimiento en el cargo, pese a las sanciones que pesan sobre él y gran parte del Estado Mayor.
Con 68 años ya encima, fue prorrogado en el cargo por el dictador por otros 6 años más, hasta 2031. Para entonces, si llega vivo, habrá pasado 21 años al frente de la guardia y sumará 74 años de vida.
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Rosario Murillo Zambrana. Fue una de las primeras en ocupar la lista de sancionados de la dictadura sandinista tras su asignación por Estados Unidos en noviembre de 2018, cuando se reveló que fue ella, de viva voz, quien dio la orden “vamos con todo” contra los manifestantes, mandato que terminó en un baño de sangre y un estado de represión perpetua, que aún perdura.
Desde entonces, su nombre encabeza todas las listas de sanciones aplicadas a su dictadura, junto a incontables señalamientos de crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos, discursos de odio, persecución religiosa y cuanta atrocidad y perversión se ha documentado de su régimen.
Para aquella fecha era vicepresidenta designada tras la farsa electoral de 2016, luego se reeligió como vicedictadora otra vez en 2021 y se recetó la “copresidencia” en las maquiavélicas transformaciones constitucionales que mandó a la Asamblea en diciembre pasado. Podría estar en el cargo hasta 2031.
Los que se sostienen:
Fidel Moreno Briones. Desde antes de las protestas de 2018, a Fidel Moreno ya se achacaban crímenes, represión y terrorismo de Estado en Nicaragua. El antecedente más inmediato fue la golpiza, robo y secuestro de decenas de jóvenes que participaban en las protestas del #OCUPAInss, como se llamó a la manifestación en defensa de los derechos de los jubilados en junio de 2013.
Sancionado en todas las listas conocidas, en 2018 fue quien recibió la orden directa de Rosario Murillo del “vamos con todo”, con el cual iniciaron las “Operaciones Limpieza” que dejaron más de 355 muertes y miles de heridos.
Moreno sigue ocupando el cargo de secretario general de la Alcaldía de Managua, mantiene los cargos de confianza como operador político de la dictadura y sigue funcionando como administrador, testaferro y socio de los negocios turbios de la familia Ortega Murillo.
Sonia Castro. Esta exministra de Salud grabó su nombre en el muro de los sancionados por ordenar que se negara la atención médica en los hospitales públicos a los miles de heridos que dejó la represión sandinista en 2018.
Fue retirada del cargo en 2019 tras recibir las sanciones de Estados Unidos por su sombrío papel en la represión de abril, pero desde entonces ha estado en discretos cargos de asesora presidencial y miembro de comisiones de salud en casos de emergencias.
En 2024 Murillo la quiso “rescatar” del olvido público y la nombró dentro de las ternas de candidatas a ocupar el cargo de secretaria general, del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Sonia Castro, junto a otras figuras con turbios antecedentes represores de la dictadura, fue rechazada por los países miembros del SICA.
Ana Julia Guido. La fiscal general de la dictadura sigue ocupando desde 2018 el mismo puesto máximo en el Ministerio Público. Se mencionó que esta exjefa policial en algún momento podía ser nombrada magistrada electoral, judicial y hasta ministra del Interior, pero nunca prosperó.
Desde el cargo de fiscal general es la principal artífice de la fabricación de cientos de juicios espurios, sin pruebas, plagados de testigos falsos, con casos inventados en sus oficinas para acusar, condenar y confiscar a cientos de nicaragüenses.
Tan burdo ha sido su papel, que no solo se ganó las sanciones a modo individual, sino que logró que el ministerio mismo, con la mayoría de sus fiscales, fuera condenado por Estados Unidos y Europa.
Gustavo Porras. El eterno diputado sandinista no solo figura en todas las listas de sujetos sancionados por violación de derechos humanos y corrupción, sino que también tiene orden de captura por crímenes de lesa humanidad desde Argentina.
Sigue ocupando desde 2018 la presidencia de “la chanchera”, a como llaman vulgarmente al Poder Legislativo, y desde ahí sigue sirviendo con obediencia canina las órdenes del dúo dictatorial Ortega Murillo. Tiene orden de captura internacional por crímenes de lesa humanidad en el proceso que se lleva en Argentina.
Daniel Ortega. Hasta antes de 2018, se le solía llamar “presidente” en los círculos políticos internacionales y foros internacionales.
Después de abril de aquel año, el sustantivo “dictador” lo acompaña en la mayoría de las menciones de la prensa internacional, informes de derechos humanos, discursos políticos y documentales.
Aferrado al poder desde enero de 2007, Ortega no solo ha recurrido a los fraudes electorales, la violencia y el uso de la fuerza para apresar, exiliar y desterrar a quienes le quieren disputar el poder; también se ha recetado un nuevo periodo presidencial de seis años a partir de este año para seguir en el poder, si acaso aun viviera, hasta el año 2031.
