“Usted ya no es nicaragüense”: el calvario de los apátridas

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Era el 15 de febrero de 2023, miércoles, Christian Fajardo recibió la llamada de un amigo, quien le informó que aparecía en una lista de 94 personas a las que les acababan de quitar la nacionalidad y que también sería confiscado.

Fajardo, originario de Masaya y quien fue prisionero político de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras las protestas de 2018, se encontraba en ese momento en California. Se exilió en Estados Unidos y vive en Maryland, pero en esa ocasión visitaba a unos amigos.

“Entré como en un trance. Estaba en un centro comercial y me senté a ver el video donde estaban leyendo nuestros nombres. Comencé a pensar, a tratar de entender qué es lo que estaba pasando y me sentí hasta cierto punto un poco orgulloso, paradójicamente, porque salía en una lista en la que Ortega, la dictadura, nos consideraba sus enemigos y había sentimientos encontrados como de orgullo y de zozobra. Estoy a la par de muchos, que yo sé que han luchado contra la dictadura, me decía”, explica Fajardo sobre lo que experimentó ese día.

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Ligia Gómez, una exfuncionaria del Banco Central de Nicaragua (BCN) que denunció ante organismos internacionales la represión criminal de la dictadura durante las protestas de 2018, también fue desnacionalizada ese día e igualmente se sintió confusa sobre lo que significaba haber sido despojada de la nacionalidad nicaragüense.

“Estábamos en el comedor, con mi familia, cenando, y un sobrino escribió un chat diciendo que revisáramos las noticias, que estaba algo sobre mí. Mi esposo vio la noticia, me la dijo, y nos quedamos un poco desconcertados porque no entendíamos cuáles eran las implicaciones reales de eso. Fue hasta en los días posteriores que fuimos tomando conciencia de lo que estaba sucediendo. El impacto no fue inmediato, sino que fue como ir asimilando, no entendíamos cómo iba a afectar a mi familia, a mis hijas”, recuerda Gómez.

A partir del 9 de febrero de 2023, cuando los Ortega Murillo sacaron de la cárcel a 222 prisioneros políticos para luego desnacionalizarlos y desterrarlos a Estados Unidos, la dictadura le ha arrebatado la nacionalidad al menos a 470 nicaragüenses, pero la cifra real podría superar el millar si se toma en cuenta que hay muchos ciudadanos que han sido impedidos de entrar al país, pero no denuncian la situación por temor, explica la defensora de derechos humanos, Haydée Castillo.

Primero fueron los 222 excarcelados políticos, luego los de la lista de 94 personas. En enero de 2024 fueron desterrados 19 sacerdotes, incluidos monseñor Rolando Álvarez. En septiembre pasado la dictadura desnacionalizó y desterró a Guatemala a otros 135 excarcelados políticos. Sin embargo, indica Castillo, ha habido otras personas desnacionalizadas.

“Somos cientos, si no miles, porque a esto hay que agregarle la cantidad de nicaragüenses a los que se les ha negado el derecho a retornar al país, el derecho a tener un documento de identidad, el derecho a salir de Nicaragua, porque igual los han despojado de sus documentos, incluso, a funcionarios del mismo régimen, o sea, somos incontables, porque también hay muchísima gente que no denuncia por temor a represalias al resto de su familia, pero nosotros conocemos muchísimos casos que nos dicen: yo te puedo dar mi testimonio, pero no se puede hacer público porque tengo temor a represalia”, manifiesta la activista pro derechos humanos.

Christian Fajardo, por ejemplo, en octubre pasado recibió la visita en Estados Unidos de su mamá, Gladys, pero cuando ella quiso retornar al país, la dictadura le prohibió la entrada. Ahora, ella está desterrada junto con su hijo.

Las desnacionalizaciones que aplican los Ortega Murillo solo se han visto en la Alemania nazi de Adolfo Hitler, en la Italia fascista de Benito Mussolini y, en América Latina, en el Chile de uno de los dictadores más crueles que ha existido, Augusto Pinochet. En muy pocos países más, indica Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), un organismo que se dedica a promover el respeto a los derechos humanos en el continente americano.

Un plan de vida truncado

Silvia Nadine Gutiérrez Pinto y su progenitora, la excarcelada política Evelyn Pinto, también fueron desnacionalizadas por la dictadura. Pinto en el grupo de los 222 y Gutiérrez en el de los 94.

Gutiérrez entró en un estado de negación cuando su mamá le avisó que la habían despojado de la nacionalidad. No podía entender la saña de la dictadura porque ella se exilió cinco meses antes de que su madre fuera secuestrada y no veía razón para que la siguieran persiguiendo.

“Cuando vi la noticia, aún seguía sin poder creerlo. A pesar de que uno está en el exilio, te siguen persiguiendo, te siguen queriendo amedrentar y que tu voz se siga callando con esta medida”, señala Gutiérrez.

Poco después, Gutiérrez vio que la desnacionalización era un golpe fuerte, cuando requirió hacer trámites y ya no podía decir que era nicaragüense, aunque siempre se considera como tal.

“Lo que más me dolió es el tema de lo complejo que es con los hijos de uno. Porque eso al final hace que tus hijos se vuelvan apátridas de facto porque vos no podés tramitar una partida de nacimiento, pasaporte, todos esos documentos que uno requiere, que necesita. Esas implicancias también le llegan a tus familiares y eso sí me generó mucha rabia, mucho enojo, porque el asunto es conmigo, en todo caso, y que también le llegara a mis hijos me frustró, me enojó muchísimo”, explica.

Gutiérrez recibió apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos en Costa Rica, como el Colectivo Nicaragua Nunca Más, donde le ayudaron a conocer las consecuencias de la desnacionalización. Luego, también recibió la nacionalidad española, algo que Gutiérrez agradece a las autoridades de España.

Sin embargo, las consecuencias de la desnacionalización siguen presentes en su vida.

Por ejemplo, el Gobierno de Costa Rica nunca se ha pronunciado sobre la pérdida de la nacionalidad de los nicaragüenses que se encuentran como refugiados o como solicitantes de esta condición. A Gutiérrez las autoridades costarricenses le aceleraron el proceso de refugio, pero este último se lo concedieron sobre la base de que ella era nicaragüense, pero ahora ella no sabe si su desnacionalización tiene alguna consecuencia sobre su refugio, máxime que ahora es española, debido a que el gobierno tico no se ha pronunciado al respecto.

“Me han dicho que, como ya tengo una protección de España, Costa Rica me puede decir usted ya no es refugiada, porque allá está España que te está brindando tu protección. Lo que pasa es que no han dicho nada. Si yo salgo con mi pasaporte español, luego, ¿cómo entro a Costa Rica? Ya no podría entrar como refugiada, tengo esas incógnitas. Me gustaría que Costa Rica al menos pudiera decirnos a todos los que estamos aquí que nos van a seguir acogiendo, dándonos protección. Que nos digan que, aunque tenemos nacionalidad española, que saben que somos perseguidos políticos por ser nicaragüenses”, comenta Gutiérrez.

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Gutiérrez agrega que, aunque ahora es española, su vida está en Costa Rica y no podría irse a España porque allá no tiene arraigo y tendría que empezar una vida de cero.

“(La desnacionalización) truncó mi plan de vida”, lamenta.

¿Y mi pensión de vejez?

El político opositor Luciano García, de tendencia conservadora y mejor conocido como Chanito García, tampoco comprendía lo que significaba haber sido despojado de la nacionalidad por la dictadura. Se sintió muy contrariado y solo pensó que los dictadores son “estúpidos”.

“Como ya estaba en el exilio, podía mandar a pedir mi partida de nacimiento para algún trámite. Cuál es mi susto que me comienzo a dar cuenta que una persona que pierde su nacionalidad es como que te desnuden y te tiren a la calle desnudo. Me di cuenta que me habían borrado del sistema y fue un shock darme cuenta de la importancia de tener una nacionalidad”, comenta García.

Lo primero que resintió el opositor es que, como tiene un negocio fuera de Costa Rica, se le iba a dificultar salir del país.

“Esa parte me afligió mucho más porque era quedarme entrampado, sin ningún documento de viaje. Fue un trauma el saber que no contaba con una identidad para hacer cualquier tipo de trámite y las consecuencias de eso después las estás viendo en pequeños detalles como, por ejemplo, ya no aparecer en el Registro, en la licencia (de conducir), en la Alcaldía. Es como que te desaparecieron de Nicaragua”, indica.

García empezó a valorar lo que significa ser una persona apátrida. “Ahora tengo empatía por los que son apátridas, ahora entiendo por qué es un crimen de lesa humanidad despojar de la nacionalidad a una persona. Es como que te desaparezcan del planeta, o sea, así de sencillo de repente sos marciano, no sos humano”, dice.

Uno de los impactos más grande en García por haber sido despojado de la nacionalidad tiene que ver con el Seguro Social, pues ya tenía más de 900 cotizaciones y se las desaparecieron, se queja.

“Perder todo lo que ahorraste, eso sí me preocupó bastante. Es una de las cuestiones que más nos ha golpeado, porque de alguna manera uno decía: cuando llegue a la vejez ahí tengo eso (una pensión), pero ahora ya sabés que no. Es una de las consecuencias de las más seria. Vamos a terminar siendo mantenidos por nuestros hijos”, comenta García.

García agradece mucho la solidaridad de Costa Rica y también de España, porque ahora es español, sin embargo, eso no compensa las consecuencias negativas de haber sido despojado de la nacionalidad nicaragüense.

“Lo nicaragüense no te lo quita nadie, pero la nacionalidad es un daño. Perdés derechos y afecta a tu entorno familiar. Ser español es una curita, pero no compensa perder la nacionalidad”, comenta García, añadiendo que también fue confiscado.

Del lado correcto de la historia

Christian Fajardo todavía está sin nacionalidad, pues aún está a la espera de que le otorguen la española.

También está confiscado, porque la dictadura le arrebató propiedades que eran producto del sacrificio de sus padres y las cuales él había mejorado.

“Son propiedades patrimonio de la familia, del trabajo de mis padres y de mi trabajo, porque ellos me dieron el arranque, yo lo hice producir, yo lo hice crecer, mejoré las propiedades. No fueron piñateadas, porque mi familia nunca fue simpatizante del Frente, nunca. Tampoco fueron somocistas”, enfatiza Fajardo.

El líder de las protestas cívicas de 2018 afirma que, a pesar de haber sido desnacionalizado, se siente “del lado correcto” de la historia de Nicaragua. Del lado “de los buenos”, responde cuando se le consulta, porque cree que en la lista de los desnacionalizados “salieron algunos que no eran tan buenos, que tienen sus cuentas pendientes, desde los ochenta”.

El principal problema que Fajardo tiene actualmente es la falta de un pasaporte, por lo que no puede viajar a visitar a amistades que tiene, por ejemplo, en México, Costa Rica y El Salvador.

No obstante, agradece que las autoridades de Estados Unidos lo han apoyado y tiene un estatus migratorio legal en ese país norteamericano.

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Cada vez que denuncia su caso ante organismos internacionales, los funcionarios le hablan de que la dictadura Ortega Murillo es muy brutal. “Me han dicho que estamos frente a una represión sofisticada”, finaliza.

Una gran incertidumbre

La desnacionalización ha provocado una gran incertidumbre a Ligia Gómez y a su esposo e hijas.

“No me preocupo solo por mí, sino porque tengo dos hijas que dependen de mí y también en la situación de mi esposo, porque igual él ha salido afectado en todo”, asevera Gómez.

Cuando fue desnacionalizada, Gómez estaba esperando una entrevista para el trámite de solicitud de asilo en Estados Unidos y la cita nunca llegaba, lo cual fue una de las primeras grandes preocupaciones.

Ahora, tiene la nacionalidad española, la cual aceptó precisamente por la incertidumbre que rodea a la familia, pues en aquel momento ni siquiera podía moverse hacia otro lugar.

“El daño de una persona que tiene muerte cívica, un apátrida, va hasta segunda generación. No queda solo con mis hijas, sino que también en los hijos de mis hijas y para evitar tener tantos impactos negativos, pues había que ir buscando cómo tener una documentación de respaldo”, indica Gómez.

El hecho de ser ahora española no significa que compensa el haber dejado de ser nicaragüense, pero ayuda mucho, manifiesta Gómez, quien agradece mucho el apoyo del gobierno español por ayudarla a recuperar derechos, como ser ciudadana, poder viajar, trabajar, entre otros beneficios.

“A nivel emocional siempre sigue afectando porque no es una pérdida que uno puede decir que no está ahí, es algo que va a quedar conmigo hasta que me regresen mi nacionalidad y podamos también sentir que nuestra patria la recuperamos porque por el momento la sentimos totalmente robada, no solo la nacionalidad, sino nuestro país y es duro. No voy a mentir en decir que no ha significado nada, claro que ha significado mucho y principalmente por el momento un poco de desesperanza al ver que las cosas en el país no mejoran, porque al mejorar en el país pues sentimos que eso también va a permitir que recuperamos más fácilmente la nacionalidad”, termina diciendo Gómez.

Un momento muy complejo

Haydée Castillo estuvo encarcelada bajo la dictadura somocista y también vivió la guerra para derrocarla. Sin embargo, para la defensora de derechos humanos haber sido despojada de la nacionalidad fue una situación muy compleja. “Es casi como un asesinato, pero civil, lo que nosotros le llamamos una muerte civil”, dice.

“Nunca se me olvida el día que me llamaron mis hijos. Yo estaba en México porque andaba trabajando, viendo el tema de los migrantes allá en México y el exilio y ellos me llaman para darme la noticia y me dicen: ‘Mamá, te quitaron la nacionalidad. Te quitaron todos los bienes’. Yo estaba asombrada porque también uno ha estudiado, ha leído la historia y yo de lo único que me podía acordar era de los tiempos del Holocausto. Entonces fue un golpe fuerte”, recuerda Castillo.

Como estaba en México, la defensora de derechos humanos tuvo que ser apoyada por funcionarios estadounidenses en Nicaragua, en México y en Estados Unidos para poder regresar a ese país norteamericano, donde solicitó asilo político.

“Mi asilo político estaba asociado a la nacionalidad nicaragüense, entonces es como sentirse completamente desprovisto de derechos. Uno se imagina en qué momento te deportan, te mandan para Nicaragua y uno que es una persona perseguida, que ha recibido amenazas de muerte, que estamos vivos prácticamente de milagro, más el impacto en la familia”, indica.

Castillo también fue confiscada, pero ella le pone mente también a lo emocional, porque la dictadura también ha denigrado a los desnacionalizados.

“Cuando a usted le dicen que le quitan la nacionalidad porque es traidor a la patria, porque ha incurrido en atentar contra la seguridad del Estado, porque somos terroristas, porque hemos sido financiadores del terrorismo, o sea, le empiezan a uno también a manchar el nombre, a poner la ética y el prestigio que uno se ha construido a través de toda la vida, aunque uno sabe que son mentiras, pero es un golpe emocional para una y para su familia”, explica.

Castillo agradece mucho a quienes le han dado protección, especialmente a Estados Unidos y a España, pero considera que no hay forma de resarcir el daño que la dictadura ha hecho con las desnacionalizaciones. “Te han arrebatado un derecho con el que uno nace”, concluye.