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En otro intento por dejar al descubierto los abusos contra los derechos humanos, laborales y empresariales, cometidos por el régimen Ortega Murillo contra personas y empresas, nacionales y extranjeras, la empresa estadounidense Riverside Coffee LLC. presentó uno de los 148 testimonios que recibió la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) en la investigación que sigue contra Nicaragua, y cuyos resultados podrían provocar la suspensión de algunos beneficios fiscales que otorga el DR-Cafta a las exportaciones y generar afectaciones a la economía.
«Nicaragua ha violado de manera demostrable los tratados comerciales de Estados Unidos. Además, la conducta de Nicaragua es ‘irrazonable’. Las prácticas de Nicaragua son manifiestamente injustas e inequitativas. La protección selectiva de otras propiedades privadas invadidas ilegalmente mientras deja vulnerable la inversión local de Riverside subraya la naturaleza discriminatoria de las acciones de Nicaragua. La negación de los derechos humanos es irrazonable», dice parte de la queja presentada por el abogado de la empresa.
Riverside presentó sus comentarios en respuesta a la convocatoria que realizó la USTR como parte de la investigación que realiza amparada en la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. En total 147 empresas, organizaciones y personas de forma individual, la gran mayoría víctimas de las violaciones a los derechos humanos, laborales y empresariales cometidos por el régimen Ortega Murillo, presentaron sus denuncias. Algunas por temor a la represión que se extiende incluso más allá de las fronteras nicaragüenses, lo hicieron de forma anónima.
Se suma a la investigación
La investigación se abrió el 10 de diciembre de 2024, el plazo para presentar comentarios concluyó el 8 de enero y el siguiente paso se realizará el jueves 16 de enero, fecha prevista para la audiencia pública en la que 19 ponentes solicitaron comparecer.
Este no es el primer esfuerzo que Riverside Coffee LLC realiza para demostrar las violaciones que se cometen en Nicaragua. En 2021 invocó el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos conocido como DR-Cafta, para demandar a Nicaragua en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
La empresa estadounidense exige una indemnización de entre 200 millones y 700 millones de dólares por los daños que paramilitares bajo las órdenes del diputado oficialista Edwin Castro provocaron en su inversión en 2018, cuando invadieron y saquearon la Hacienda Santa Fe en Jinotega.
Las audiencias públicas del juicio se realizaron en julio de 2024 y el equipo legal que contrató Nicaragua no pudo desvincular al diputado Castro de la toma y destrucción de la hacienda. Este proceso está en la etapa final, a la espera del veredicto y según especialistas si Nicaragua pierde la demanda, asume el fallo y paga la indemnización que el tribunal establezca, no habría ninguna repercusión sobre el DR-Cafta.
Riverside no pide resarcimiento
Pero si pierde y no acata el fallo, como ha ocurrido en otras instancias judiciales que han emitido sentencias referidas a violaciones a los derechos humanos, habría una potencial violación a los principios del DR-Cafta que Riverside invocó para entablar la demanda, entrará en desacato y eso convertiría al Estado de Nicaragua en un país irrespetuoso del derecho económico internacional y demostraría que no hay seguridad jurídica los inversionistas.
Pese a que todavía no hay un veredicto, en el testimonio que presentó ante la USTR, la empresa dice que no busca resarcimiento, sino demostrar los abusos y violaciones cometidos por el régimen Ortega Murillo. «Riverside no formula ninguna reclamación ni busca remedios en virtud del derecho comercial de los Estados Unidos en esta presentación. En cambio, ofrece observaciones fácticas sobre la conducta de Nicaragua hacia un inversionista nacional de los Estados Unidos, que son pertinentes al mandato del USTR en esta investigación. Riverside solo está aquí como testigo de la triste historia de los acontecimientos en Nicaragua», dice parte del testimonio público que presentó la empresa.
Para Riverside lo importante es demostrar que Nicaragua ha violado el tratado comercial con Estados Unidos y que su forma de actuar es irrazonable. «Las prácticas de Nicaragua son manifiestamente injustas e inequitativas. La protección selectiva de otras propiedades privadas invadidas ilegalmente mientras deja vulnerable la inversión local de Riverside subraya la naturaleza discriminatoria de sus acciones. La negación de los derechos humanos es irrazonable», dice parte del testimonio presentado.
Pide medidas para proteger las inversiones
También señala que «la terrible experiencia de Riverside ejemplifica la represión más amplia de Nicaragua contra las inversiones estadounidenses, los derechos humanos y las normas democráticas». Por lo que considera que la decisión de la USTR será vital para proteger el comercio estadounidense, defender la integridad de los acuerdos internacionales y reforzar el compromiso de Estados Unidos con el Estado de derecho.
Según Riverside, con sus decisiones Nicaragua violó los derechos humanos fundamentales, deterioró el Estado de derecho y redujo las protecciones de los tratados comerciales consagrados en el DR-Cafta. «Es un ejemplo de la erosión más amplia de las salvaguardas legales que ponen en peligro a las empresas estadounidenses y violan las obligaciones comerciales internacionales», asegura en su testimonio.
Además, considera que «Nicaragua no ha tomado medidas satisfactorias para otorgar a los inversores estadounidenses, como Riverside, derechos protegidos por el tratado como ciudadano estadounidense en virtud del capítulo diez del DR-Cafta. Ni ha tomado medidas para eliminar gradualmente las políticas incompatibles con el DR-Cafta».
Ante la gravedad de estos hechos Riverside instó la USTR a considerar medidas en respuesta a las violaciones de Nicaragua que ayuden a los estadounidenses que han sido afectados por la vergonzosa conducta de Nicaragua y establecer un mecanismo para vigilar si Nicaragua cumple con los compromisos establecidos en el DR-Cafta.
«La comunidad internacional está preocupada por el fracaso sistemático de Nicaragua en apegarse al Estado de derecho. En consecuencia, cualquier acción que adopte Estados Unidos debe incluir un seguimiento riguroso del cumplimiento por parte de Nicaragua de las obligaciones que le imponen los tratados comerciales vigentes. Este cumplimiento evitará nuevos actos, políticas o prácticas injustificables que obstaculicen o restrinjan el comercio estadounidense», dice la petición de Riverside.
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