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CONTENIDO EXCLUSIVO.En febrero de 2007, apenas semanas después de asumir la Presidencia, Daniel Ortega gozaba de un 61 % de valoración positiva en las encuestas, tras haber ganado los comicios con el 38 por ciento de los votos.
Para entonces Ortega, quien había guardado la bandera roja y negra en la campaña, prometía un cambio social y económico tras años de desestabilizar el país, alimentando la esperanza de millones de nicaragüenses que creyeron en su pegajoso mensaje musical: “Lo que queremos es trabajo y paz, juntos digamos reconciliación”.
Sin embargo, casi dos décadas después, el panorama ha cambiado drásticamente. Dos sociólogos consultados por LA PRENSA coinciden en que de aquel optimismo inicial que reflejaban las encuestas no queda rastro: ni trabajo, ni paz, ni reconciliación.
El país se encuentra sumido en una crisis política y social caracterizada por pobreza laboral, represión sistemática, un debilitamiento institucional sin precedentes y un clima de desinformación que hace casi imposible medir la verdadera opinión pública, concluyen.
Este reportaje reconstruye el contraste entre el pasado esperanzador que reflejaban los estudios de opinión pública y la cruda realidad actual.
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Aquella encuesta de 2007
Veamos esta escena como una fotografía full color que poco a poco se va volviendo sepia hasta mutar a blanco y negro: es 2007 y Nicaragua acaba de vivir una jornada electoral tensa que finalmente concluye con un escenario que ya las encuestas advertían. Daniel Ortega, el antiguo guerrillero que dejó destruido el país tras perder los comicios de 1990, volvió al poder vestido con camisas blancas y renovados mensajes de paz y progreso.
Asume el 10 de enero y de inmediato empieza a dar instrucciones que le generan un estado de opinión positivo hacia su gestión.
Según una encuesta realizada entre el 6 y el 11 de febrero de ese año por CID-Gallup, Ortega inicia su período con un 61 % de valoración favorable y con el 54 % de los encuestados opinando que el Gobierno estaba tomando un rumbo correcto.
Quedaba claro: este optimismo inicial respondía a las expectativas de la población de que Ortega no repetiría los errores de los años 80, por los cuales había pedido perdón en campaña.
Las encuestas entonces medían la opinión pública sobre diversas personalidades e instituciones que gozaban de atención social y cierta credibilidad.
La lista de personalidades mejor valoradas incluía figuras como doña Violeta Barrios de Chamorro, Aminta Granera, Pedro Solórzano y Dionisio Marenco, entre otros.
Mientras tanto, la Iglesia católica ocupaba la cima de las instituciones más creíbles, junto a los medios de comunicación independientes que disputaban con el Ejército las posiciones 2 y 3.
Debajo de ellos, las organizaciones de la sociedad civil y las universidades reñían porcentajes de credibilidad a la empresa privada que, junto con entes como la Policía y las instituciones públicas como el Consejo Supremo Electoral y los partidos políticos, ocupaban la tabla de posiciones de la mitad hacia abajo.
Y llegamos a 2024: 17 años después, como el dinosaurio en el cuento de Augusto Monterroso, Ortega aún está ahí y las figuras visibles de aquella época no existen en Nicaragua, algunas muertas por la edad y la mayoría exiliada o silenciada.
Tampoco existen los medios de comunicación independientes, ni las organizaciones de la sociedad civil ni los foros empresariales, ni la mayoría de las universidades que antes brillaban, ni los partidos políticos reales…
De las instituciones públicas tampoco queda nada: Policía, Ejército, Presidencia, poderes del Estado se fusionaron en un solo bloque que obedece ciegamente a la familia Ortega Murillo.
Las últimas encuestas realizadas por CID-Gallup indican que la simpatía por el Frente Sandinista y sus líderes cayó del 54 % que tenían hasta 2016 al 23 % en 2019.
Y la caída continuó en los años siguientes hasta obtener el 8 % de la simpatía popular en septiembre de 2021, en la víspera de la farsa electoral de noviembre de 2021.
En septiembre pasado, CID-Gallup midió el apoyo social para Ortega entre el 11 y el 12 %.
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Opinión pública y credibilidad en crisis
La socióloga Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), citando al sociólogo Pierre Bourdieu, explica que las encuestas son una imagen que muestran cuál es la percepción de la gente en un momento determinado, y que eso está influido por las condiciones o coyuntura específica del momento en el que se hace la encuesta.
“Eso es como una premisa de partida para explicar toda la evolución de la situación en el país. Ahora efectivamente la situación de Nicaragua ha variado significativamente; cuando Ortega regresó a la Presidencia en el 2007 tenía un porcentaje alto de expectativas favorables de parte de la población, es decir, había el beneficio de la duda en relación a su gestión y podías escuchar en la calle, por ejemplo, con bastante frecuencia, que muchos no esperaban que repitiera los errores de los 80, se pensaba que iba a ser una gestión de gobierno diferente”, analiza Cuadra.
Sin embargo, Ortega no solo cometió errores de los años 80, sino que empeoró las condiciones de represión y control social en comparación con aquella época.
“En abril de 2018, tras 11 años de radicalización del régimen, estalló el descontento y la insatisfacción social con todo lo que ha significado hasta hoy la crisis sociopolítica y de derechos humanos, entonces, evidentemente todo eso tiene impacto en la opinión de la población en el sentido de que su estilo autoritario difícilmente obtenga ahora una mayoría de opinión favorable”, analiza Cuadra.
Para ella era comprensible que Ortega alcanzara en su inicio en 2007 un alto porcentaje de opinión favorable por la expectativa de cambio que genera todo nuevo gobierno al iniciar.
Sin embargo, Cuadra explica que del mismo modo en que se podía explicar ese alto nivel de aceptación al inicio de su régimen, se puede entender que a estas alturas el apoyo a su gestión sea muchísimo menor “sobre todo porque en realidad el descontento ciudadano se ha ampliado”.
Ni piedra sobre piedra
“Ahora es mucho más fuerte el sentimiento de descontento incluso entre sus propios partidarios. Eso explica en parte el comportamiento de esa disminución de opinión favorable que reflejan las encuestas de hoy en relación con la gestión de Ortega ayer”, dice Cuadra.
La explicación de la socióloga a este fenómeno es obvia: a lo largo de los años la percepción pública hacia el régimen de Ortega y las instituciones del país se ha deteriorado drásticamente debido a sus acciones represivas, radicalizadas desde 2018.
Según Elvira Cuadra, tres grandes cambios reflejados en las encuestas destacan en este periodo para explicar cómo Ortega pasó de gozar de un respaldo significativo en 2007 a enfrentar un amplio rechazo popular.
Primero, dice Cuadra, la radicalización autoritaria tras la crisis sociopolítica de 2018 marcó un punto de inflexión, con un aumento del descontento incluso entre sus propios partidarios.
Luego, según la socióloga, muchas de las personalidades reconocidas en las encuestas iniciales han sido silenciadas, exiliadas o marginadas, lo que ha reducido drásticamente los referentes sociales dentro del país.
Y después vino el desplome de la credibilidad de las instituciones públicas y privadas, debido al control y manipulación del régimen a entes como la Policía, los poderes del Estado y los despachos estatales, mientras anulaba a los medios, la sociedad civil, la empresa privada y las instituciones religiosas.
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Otra realidad con sus propias encuestas
Para contrarrestar esa imagen negativa, Ortega y Murillo han recurrido a sus propias encuestas.
Un ejemplo de ello son los informes de M&R Consultores, única firma que opera públicamente en Nicaragua y a la vez la única donde Ortega siempre aparece con altos índices de aprobación.
La socióloga considera que esas encuestas carecen de credibilidad debido a métodos poco transparentes y al temor a represalias de la ciudadanía por expresar opiniones críticas bajo el actual estado de represión.
Esa combinación de la manipulación propagandística, la obstaculización en la recolección de datos y el temor ciudadano a opinar, a criterio de Cuadra, complica aún más la tarea de medir la opinión pública como se hacía antes.
Cuadra señala que en 2024 la opinión pública en Nicaragua estuvo marcada por el miedo, la desconfianza y la percepción de deterioro en todos los ámbitos.
Ella señala que la falta de personalidades y la propaganda oficialista han creado un entorno donde las encuestas independientes son cada vez más difíciles de realizar.
Sin embargo, Cuadra concluye que el contraste entre estas encuestas y los indicadores sociales y económicos confiables demuestra que el descontento ciudadano y la insatisfacción predominan en el país.
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Adiós a las encuestas en el terreno
Las dificultades para hacer encuestas en Nicaragua ya han sido señaladas por Luis Haug, director de CID-Gallup, quien en 2023 explicó a la Voz de América todos los escollos que deben saltar para obtener información en el país.
Haug relató que los investigadores y equipos eran continuamente asediados por miembros de la Policía o de afiliados al oficialista Frente Sandinista.
“Una vez que llegábamos a uno u otro segmento eran inmediatamente rodeados para cuestionar sobre qué estudio estábamos haciendo, que por qué estábamos llevando a cabo uno u otro trabajo, y cuestionándonos para ver el cuestionario a evaluar”, dijo Haug a la Voz de América
“Querían saber sobre el informante que estábamos buscando, quién estaba patrocinando el estudio, el porqué queríamos hacerlo en uno u otro lugar en específico, si estábamos escogiendo de forma aleatoria o querían saber específicamente qué estaba diciendo tal o cual persona”, explicó en referencia a las preguntas de las autoridades a los encuestadores en el terreno.
No solo CID-Gallup ha enfrentado adversidades en sus propósitos de evaluar la opinión pública en Nicaragua.
En 2022, la organización encargada de realizar el Latinobarómetro, uno de los estudios de opinión pública más grandes en la región, anunció que no realizarían las mediciones correspondientes al país centroamericano por carecer de las condiciones de seguridad necesarias para sus colaboradores.
La organización dijo que por primera vez en 28 años no podrían aplicar el estudio en un país (Nicaragua) debido al riesgo que implica para los encuestadores, algo con lo que no habían lidiado ni en Venezuela hasta entonces.
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La realidad que no ocultan las encuestas
Para el sociólogo Oscar René Vargas, pese a las dificultades para emitir y recoger opiniones en Nicaragua, hay indicadores y elementos que el régimen no puede ocultar y que reflejan la dramática debacle del país desde 2007.
Vargas considera que aquella fotografía de 2007, con un Ortega con elevado índice de percepción, se debía a que la gente había agotado la paciencia con los tres gobiernos anteriores a los que Ortega se encargó de desestabilizar prolongadamente.
“Ortega prometió cambios significativos, tras un periodo marcado por problemas como los apagones eléctricos y el empobrecimiento de la población durante el gobierno de Enrique Bolaños”, dice Vargas.
Según el sociólogo, estas expectativas se basaban en los discursos del nuevo presidente, quien prometía mejoras sociales bajo el lema “arriba los pobres”. Sin embargo, Vargas señala que “todo lo que él dijo, nada lo cumplió, al contrario, empeoró todo”.
Para ejemplificar el incumplimiento, Vargas cita datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y del Banco Central, que revelan que solo el 19.13 % de los trabajadores formales ganan lo suficiente para cubrir una canasta básica, mientras que el 80 % vive en pobreza laboral.
“Esto significa que la mayoría de los trabajadores formales, por sus bajos ingresos, enfrentan inseguridad alimentaria, y muchos apenas logran subsistir”, dice Vargas, quien enfatiza que esta precariedad económica explica el descontento generalizado en el país y las altas cifras de migración en los últimos años.
Para Vargas, la clave para medir la opinión pública a Ortega no está tanto en la opinión de una población diezmada por el temor y el exilio, sino en las cifras económicas que el régimen está obligado a publicar para obtener financiamiento.
Factores como el déficit habitacional de más de un millón de viviendas, las cifras de migración y los datos de las remesas, el estancamiento en las cifras del Seguro Social, las altas cantidades de deuda externa, la baja captación de préstamos y otros elementos, revelan que la situación del país “no es de maravilla como la quieren pintar ellos con sus encuestas”.
Según Vargas, la dictadura tiene sus propias encuestas con datos reales del rechazo social hacia su régimen y por eso recurre a tres cosas: leyes represivas para mantener bajo control la amenaza por el alto índice de rechazo, informes manipulados para simular un respaldo social del que carecen y acciones populistas como adelantos de salarios a los trabajadores públicos.
Ortega en caída libre y sin paracaídas
Para Vargas, el hecho de que Ortega iniciara en 2007 con un 61 % de aprobación y que en 2024 haya caído a cerca del 10-12 %, es la muestra más palpable de “una implosión social lenta, pero progresiva”.
Esa descomposición, más la información interna del amplio rechazo nacional e internacional, ha llevado al régimen a cometer errores “imperdonables” como la persecución a la Iglesia católica, el aislamiento internacional, el desmantelamiento de la sociedad civil y la comunidad donante, así como el destierro y expulsión de figuras críticas, como los obispos, embajadores de países poderosos como Brasil, empresarios y periodistas.
A la par, dice Vargas, la dictadura comete errores tras errores, como el intento de “desdolarizar la economía” y “obligar a la banca a pelearse contra el Sistema Financiero internacional”.
“Estos errores muestran que el régimen está desesperado porque sabe que la descomposición social es acelerada y no hay encuesta que maquille eso”, dice.