Publicado en alianza con Darío Medios
Gerald Vásquez y Francisco Flores murieron masacrados la madrugada del 14 de julio de 2018. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) define masacre como: “Matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida”.
Vásquez, de 20 años, y Flores, de 21, no pudieron defenderse de uno de los ataques más despiadados y cobardes que recuerde la historia de Nicaragua.
El ataque comenzó la tarde del 13 de julio, cuando el régimen de Daniel Ortega ordenó el desalojo violento de los jóvenes que mantenían tomada la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), en Managua, como parte de las protestas ciudadanas que se registraban desde hacía 87 días en el país, demandando un cambio de gobierno.
Acorralados
“AHORA. Así suenan las ráfagas contra los estudiantes en barricadas de Universidad #UNAN durante ataque masivo de paramilitares del Gobierno Ortega #SOSNicaragua”, posteó en Twitter el usuario Javier Bauluz a las 4:34 de la tarde, mostrando un video en el que se ve a un grupo de unos cuatro jóvenes resguardados de la lluvia de balas bajo una precaria cubierta de láminas zinc.
—¡Aquí morimos todos! —dice una joven visiblemente asustada en las imágenes.
Nicaragua entera seguía consternada la suerte de los universitarios acorralados en la UNAN Managua.
“Nos están atacando los paramilitares, nos acaban de disparar, nos tienen rodeados”, dice otro joven en otro de los videos que circularon esa tarde.
—Mamá, perdoname, salí a defender mi patria. Te amo —gritó la joven Valeska Sandoval a modo de despedida en un video, ante la inminente posibilidad de morir en esa barricada.
Los paramilitares también hicieron videos del ataque.
—¡Hijueputas! ¡Miren hijos de la gran mil putas, aquí se van a morir! ¡Viva Daniel! ¡Daniel se queda! —expresó un paramilitar mientras filmaba a sus compañeros que portaban armas de guerra y se comunicaban por walkie talkies.
El estado de alarma hizo que el sacerdote Raúl Zamora, párroco de la vecina iglesia Divina Misericordia, se movilizara en una camioneta bajo las balas para buscar cómo rescatar a la mayor cantidad de jóvenes y evitar la masacre que se vislumbraba. Hizo unos cinco viajes. Otros jóvenes llegaron por sus propios pies para refugiarse en la iglesia. Ya al final de la tarde había más de cien jóvenes, dos periodistas y algunos médicos refugiados en la iglesia Divina Misericordia.
A pesar de que los paramilitares tomaron fácilmente el control de la universidad, el ataque no cesó e hicieron lo que estaba fuera de todo cálculo: rodear y mantener bajo fuego durante unas 15 horas a la iglesia que sirvió de refugio a los jóvenes.
“Ya una vez en mi parroquia pensé que ya no iba a haber ningún problema, pero nuestra sorpresa fue que empezó un ataque. Teníamos unos tres heridos ahí y no dejaban entrar ayuda. Esto es cosa que a mí me causó mucho dolor como sacerdote, porque esa dureza realmente no la entiendo, no la comprendo”, describe el padre Zamora.
Los paramilitares que atacaron a los universitarios portaban armas de guerra. (Captura de video)
Arsenal de guerra
La mayoría de los jóvenes se prepararon para morir en la iglesia esa noche del 13 de julio de 2018 y madrugada del día siguiente. Algunos empezaron a despedirse entre ellos. Mientras, afuera, autoridades religiosas y organizaciones civiles buscaban cómo evitar la masacre que se presagiaba.
La ayuda que se movilizó al lugar se vio impedida de llegar hasta la iglesia porque la misma Policía estableció un perímetro de seguridad y control que, por un lado, evitaba que alguien llegara hasta el templo donde estaban acorralados los jóvenes universitarios y, por el otro, dejaba a los paramilitares el campo libre para hacer de las suyas.
Bellingcat, una organización especializada en investigaciones periodísticas en conflictos armados, concluyó a través del análisis de los videos difundidos esa misma tarde que los paramilitares que asediaron las barricadas y la iglesia Divina Misericordia usaron fusiles de guerra M-16, AK, ametralladoras PKM, fusiles Remington 700/M24SWS y pistolas de diversos tipos.
En el mismo análisis, expuesto en febrero de 2019, la organización recuerda que el régimen de Ortega dio bandazos en el reconocimiento de los paramilitares como una fuerza propia usada para la represión.
“La posición del Gobierno de Nicaragua sobre los grupos paramilitares ha fluctuado”, dice en su informe Bellingcat. “El presidente Ortega ha sugerido que los grupos estaban organizados y financiados por traficantes de drogas y los Estados Unidos, y ha negado todo vínculo con los grupos, para después decir que eran ‘policías voluntarios’. Francisco Díaz, el jefe de la Policía Nacional de Nicaragua, dijo en una entrevista con un medio de Noruega (Dagbladet), publicada el 2 de febrero 2019, que ‘la mayoría’ de los paramilitares eran ‘policías profesionales’ en ‘operaciones ocultas’, y que el resto eran ‘policías voluntarios’”.
Desde entonces el jefe policial ha sostenido que los paramilitares eran “policías voluntarios”, autorizados para actuar. “Nosotros cumplimos la orden que nos dio nuestro presidente de la República, nuestro jefe supremo. Se nos dio la orden para restituir la paz en el país, la seguridad, la tranquilidad y que las familias nicaragüenses pudieran seguir trabajando en paz y con alegría”, expresó Díaz el 10 de octubre de 2024 en una entrevista a la cadena rusa de noticias RT.
Sin embargo, el mayor en retiro Roberto Samcam, quien se ha especializado en análisis de seguridad, sostiene que las fuerzas paramilitares que utilizó el régimen para reprimir las protestas estaban compuestas por presos comunes, lumpen, policías y militares en retiro.
“Hay disparos en la cabeza y en el tórax. Son disparos con alta precisión, que no es un tirador cualquiera. Eso te dice que había policías que estaban al frente, probablemente gente que provenía de las tropas Tapir, que eran las tropas especiales de la Policía, hubo reclutamiento de gente que ya estaba en retiro para evitar poner gente, digamos que estaba en activo”, señala.
“Con esas características es fácil empezar a asesinar jóvenes de un solo disparo. Empiezan a disparar como locos, a dispararle a la iglesia, donde vemos todas las perforaciones, que ya eso es con un calibre mayor. Presumiblemente puede ser el ‘catatumbo’ (fusil de francotirador de fabricación venezolana)”, añade.
—Estamos refugiados en la iglesia. ¡Siguen disparando! No tienen piedad —clama en un video una joven universitaria y pide— no basta con rezar, pero sigan orando y hagan internacional la noticia.
Dos muertos
A eso de las 4:00 de la madrugada, caen mortalmente heridos de bala los jóvenes Gerald Vásquez y Francisco Flores.
“Yo lo encontré (a Gerald Vázquez) agonizando, prácticamente con un disparo en la cabeza. Fue muy duro, difícil. Lo traté de ayudar espiritualmente, pero a los cuantos minutos murió”, relató posteriormente el sacerdote Zamora.
Doña Susana López vio por la televisión la imagen de su hijo, Gerald Vázquez, muerto. “Cuando de repente pasan imagen de él. Que lo llevaban casi acostado. Me tocó ir al (hospital) Vivian Pellas. Me dicen que Gerald ya no estaba. Que tenían que ser fuerte y que tenían que estar adentro. Vamos a entrar a reconocerlo me dice porque hay bastantes, había bastantes heridos. Lo miro a él con su short jeans, que es el short con el que sale bailando en el puente. Todo sucio. Y con el disparo en la cabeza. Yo me congelé”.
Desde la noche del 13, la Conferencia Episcopal trató de negociar con el régimen para liberar a los estudiantes. En un primer momento solo lograron que salieran de la iglesia los periodistas Joshua Partlow, de The Washington Post, e Ismael López, de BBC Mundo, que quedaron atrapados mientras cubrían el ataque.
Finalmente, en la mañana del 14 de julio, la gestión de la Iglesia logra que el régimen permita la salida de los jóvenes en varios buses que los llevaron a la Catedral de Managua para reunirse con sus familias.
“Tú me prometiste que ibas a volver”, reclamó a su hijo Susana López cuando estuvo frente al cadáver de Gerald Vázquez. Y le prometió: “Esto no se va a quedar así. Y sí, soy fuerte. Tú me dijiste una vez que era fuerte, sí, soy fuerte y voy a seguir adelante. Y te lo prometo, sea como sea, pero voy a salir”.
Con su dolor a cuestas, doña Susana se encontró con el dolor de otras muchas madres. Del dolor de tantas madres de hijos asesinados nació la organización Madres de Abril.
“Fue triste. Fue triste ver y escuchar cada una de las historias de las madres. Y tragarte todo ese dolor. Porque no era solo yo, sino que lo vivió casi toda Nicaragua entera”, dice doña Susana.
Crímenes de lesa humanidad
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró 355 asesinatos en el contexto de la violencia que se vivió en Nicaragua entre 2018 y 2019. “La actualización del registro de víctimas fatales en el contexto de la crisis da cuenta de al menos 355 víctimas durante la represión a las protestas sociales entre el 18 de abril y el 31 de julio de 2019”, expuso en noviembre de 2021 la Comisión de la OEA. “Según el desagregado por género, 15 serían mujeres y 340 hombres. Además, 27 del total de víctimas serían niñas, niños y/o adolescentes. Los datos también dan cuenta de 23 agentes de la Policía Nacional que perdieron la vida en este contexto”.
Claudia Paz y Paz es la directora del programa para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) e integró durante 2018 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua que organizó la CIDH, con la anuencia del régimen de Nicaragua, para investigar los hechos de violencia que se vivieron en el país.
“Publicamos un informe que recopilaba los graves hechos de violencia y las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en Nicaragua desde que inició la crisis el 18 de abril de 2018, y una de nuestras principales conclusiones es que se habían cometido crímenes de lesa humanidad, que debían de ser investigados”, señala Paz y Paz.
Pero, la justicia local le dio la espalda al reclamo de las madres de hijos asesinados.
“En países como Nicaragua el sistema se encuentra absolutamente cerrado, o sea, la división de poderes no existe, por lo tanto, no funciona el poder judicial, que es el poder madre”, señala Paula María Bertol, exrepresentante de Argentina en la OEA.
“La enorme importancia de un poder judicial libre e independiente marca que en un país exista la verdadera libertad. Al no existir la libertad en Nicaragua esto provoca que no se pueda llevar a cabo hasta el momento ningún proceso judicial que proteja a las víctimas de la tiranía que hoy sucede en Nicaragua”, agrega.
El discurso oficial en Nicaragua reclama justicia solo para quienes considera víctimas de lo que llama “intento de golpe de Estado” e ignora a los asesinados por policías y paramilitares.
Solo el caso de la brasileña y estudiante de Medicina, Raynéia Gabrielle da Costa Lima Rocha, asesinada por el paramilitar Pierson Gutiérrez Solís, la noche del 23 de julio de 2018 en Managua, llegó a los tribunales nacionales como un delito común, aunque el asesino, condenado originalmente a 15 años de cárcel, fue liberado un año después de su detención cuando el régimen lo integró a los beneficios de una amnistía que aprobó el 8 de junio de 2019 para los presos políticos.
“Quieren silenciarnos, borrar la memoria, cuestión que es nuestra historia, y el Gobierno quiere aparentar que Nicaragua está en una normalidad y correr a todas las organizaciones de derechos humanos, cuando realmente nuestros derechos han sido violentados desde quitarle la vida a una persona es la primera violación a los derechos humanos”, dice doña Susana.
Largo camino
Sin embargo, con las puertas de la justicia nacional cerradas, solo queda emprender un largo y tortuoso camino: la justicia internacional.
Camila Ormar es abogada litigante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH) y recuerda que estos procesos de búsqueda de justicia tienen requisitos específicos y plazos para la presentación de escritos, que hay que conocer para desarrollar una estrategia de litigio exitosa.
Desafortunadamente, dice, “las víctimas de violaciones a derechos humanos no siempre tienen la posibilidad de contar con este acompañamiento para acceder al sistema”.
También subraya que la Corte Interamericana no es una Corte Penal y no evalúa la responsabilidad penal de individuos, sino la responsabilidad internacional de los Estados.
“La única vía para que exista justicia en estos casos es la vía internacional a través de la jurisdicción universal”, dice Claudia Paz y Paz y señala que “hay un caso que ya ha iniciado en la Argentina, que es un país que en su legislación interna reconoce la jurisdicción universal”.
Además, sugiere que otros países inicien procesos similares porque “la mayoría de los países de América Latina, sino todos, de alguna manera reconocen esta jurisdicción universal y se podrían adelantar procesos”.
En el mismo sentido, Paula María Bertol apunta que casos como el de Nicaragua, al no poder ser juzgados en el propio país, toman importancia cuando otros países y otras organizaciones y otras instituciones lo toman e intentan resolverlo y llevarlo adelante y delatar a los culpables.
La estrategia en un litigio como este, dice, es no rendirse. “Esperar a que llegue el momento adecuado para que todo esté documentado y todo pueda fluir con mayor rapidez llegado el momento”.
El abogado Alexandro Álvarez señala un punto importante a favor de las víctimas de la represión en Nicaragua en este litigio: “Tienen ganada la batalla de la verdad”, dice.
Álvarez fue miembro del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MeseniI) que instaló la CIDH el 24 de junio de 2018, ante la invitación del Estado de Nicaragua. “Tener ganada la batalla de la verdad, con evidencia razonable, es un paso importante que va a contribuir en su momento cuando pasen las cosas que tienen que pasar en el país”, dice en alusión a “una reconstrucción democrática en Nicaragua, una reconstrucción institucional y a unos procesos de justicia transicional que van a estar atravesados por todo el trabajo que se ha venido haciendo hasta ahora”.
Proceso argentino
Una ventana a la justicia se comenzó a ver en octubre de 2022 cuando la justicia argentina abrió una investigación penal contra Daniel Ortega y Rosario Murillo para determinar su responsabilidad en delitos de lesa humanidad, así como las de “quienes dentro de la estructura estatal o paraestatal” puedan también ser responsables.
La decisión la tomó el juez federal argentino Ariel Lijo luego de una denuncia presentada por dos abogados y del pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien considera que la justicia federal argentina está facultada para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridos en otro país, porque la Constitución argentina reconoce el principio de jurisdicción universal.
“En principio hay que aclarar que en la Argentina existe la jurisdicción universal pura, es decir, que no tiene que haber un hecho vinculante entre el país que violó los derechos humanos y nuestro país”, explica Bertol. “Este pedido tiene que ver con citarlos a declaración Indagatoria y la posibilidad de que se dicte la orden de captura, es decir, que salgan las alertas rojas para que, cuando salgan del país, estas personas puedan ser apresados por Interpol”.
Paz y Paz aclara: “No existe una Policía internacional que va a entrar a Nicaragua y les va a detener”. “Tendrían que estar fuera del territorio de Nicaragua, entonces si ellos salen del territorio, podrían ser apresados”.
“La investigación de Nicaragua es muy extensa y está repleta de pruebas no solo contra Ortega y Murillo, sino contra muchos más funcionarios del Gobierno”, señala Darío Richarte, profesor de Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional y uno de los abogados que promueven el caso contra Ortega y Murillo en Argentina.
“Nicaragua tiene una denuncia que es bastante consistente porque la dictadura realmente es de las peores dictaduras que existen hoy en el mundo”, añade. “Realmente es impresionante la violación a los derechos humanos que cometen. Todo el catálogo que uno enseña o puede ver en la realidad, los dictadores lo llevan adelante”.
Bajo esta premisa, sumada a que en Nicaragua no existe un poder judicial independiente y que el Estado no firmó el Estatuto de Roma, es que la justicia argentina decidió abrir la competencia para empezar a investigar. Dice Richarte que el caso tiene testigos que han declarado bajo reserva de identidad, testigos, expertos y una copiosa prueba documental recolectada, inclusive en el campo, dentro de Nicaragua.
“Realmente se avanzó hasta un punto en donde se nos está agotando la investigación en términos de que está, desde nuestro punto de vista, todo probado. Por eso el fiscal pidió la citación a prestar declaración de indagatoria de cargo a Ortega y Murillo, y por eso nosotros nos adherimos a eso y además pedimos en su momento la captura internacional de ellos y de otros funcionarios del Gobierno, para que estos sean convocados a defenderse de los graves cargos que tienen en su contra”, apunta el abogado argentino.
Habrá justicia
Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, es el abogado del caso de Gerald Vázquez ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). “Nosotros, como Colectivo de Derechos Humanos venimos tratando de utilizar los mecanismos, tanto del Sistema Interamericano como de Naciones Unidas en aras de tratar de buscar justicia, que se sepa trasladar las violaciones a derechos humanos de Nicaragua y que las víctimas sean escuchadas”, dice.
“Gerald Vásquez y su familia son víctimas, evidentemente tanto por el asesinato, pero también por la impunidad que ha caracterizado este caso, así como el de muchísimas personas que han sido asesinadas y víctimas de violaciones a derechos humanos”, añade.
Doña Susana quisiera que la búsqueda de justicia para su hijo fuese más rápida y sencilla. “Quisiera que todos estos procesos fueran más cortos, porque es como una coladera. Para poder entrar, la puerta es chiquita, pero para poder salir por la puerta grande tiene que pasar mucho tiempo”, grafica a su manera.
“Castigar a los culpables es imprescindible de acuerdo a los estándares de derecho internacional”, dice Alexandro Álvarez. “No se trata solamente de una cuestión relacionada con verdad, memoria, reparación, medidas de no repetición, cuando los responsables de los crímenes se encuentran libres y no han sido castigados”.
Recomienda “seguir explorando por parte del activismo nicaragüense, activar jurisdicciones universales en distintos países de América Latina es un proyecto digno de ser evaluado, con mucha atención”, apunta.
¿Qué vamos a hacer?, se pregunta doña Susana. “Bueno, vamos a salir. Y le vamos a demostrar al gobierno que aquí estamos. Y que seguimos firmes y que no nos van a callar. Porque nosotros tenemos que seguir en esa lucha justa”.
Vive con la esperanza de que quienes dispararon contra su hijo aquella madrugada en la iglesia Divina Misericordia paguen por sus crímenes. Que paguen los que ordenaron disparar contra muchachos indefensos. Y que paguen por todos los crímenes que cometieron para mantenerse en el poder. “Yo no pierdo la esperanza, no he perdido esa fe, de que ellos van a pagar por eso”, dice.
“Y eso es lo que me levanta el día a día. Que no he perdido la fe. Y que Susana López sigue en pie de lucha y que Susana López sigue por Gerald Vásquez. Sigue, por aquellas madres que ya murieron sin ver la justicia, porque yo la quiero ver. Un día será de día y Dios hará justicia. Y sé que van a ser juzgados”, sentencia.