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Al menos siete reformas aprobadas este año por la Asamblea Nacional de Nicaragua están orientadas a extremar el control de la dictadura de Daniel Ortega en todos los ámbitos del país y ampliar las restricciones contra los opositores, empresas y organizaciones que no respondan a los intereses del régimen.
Reforma constitucional
El 22 de noviembre, la Asamblea Nacional —bajo el control total del partido gobernante FSLN—, aprobó por unanimidad la reforma constitucional enviada por Ortega, que entre otras cosas oficializa el control del dictador y de su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, sobre los otros poderes del Estado, asegurándose la sucesión dinástica.
La reforma a más de 100 artículos de la Carta Magna concreta la subordinación del poder electoral, judicial y legislativo al poder ejecutivo que ostenta Ortega.
Establece que la bandera rojinegra del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) es un símbolo patrio a la par del Himno Nacional, la Bandera azul y blanco y el Escudo Nacional.
Establece la creación de la «Policía Voluntaria», grupo armado que en 2018 acompañó a la Policía Nacional en la represión contra las protestas civiles, lo que dejó más de 300 muertos, según organismos internacionales de defensa de derechos humanos.
Aumenta de cinco a seis años el período presidencial, el período de los 153 alcaldes del país y de otros altos funcionarios de los poderes e instituciones del Estado.
Debido a que se trata de una enmienda constitucional, esta ley será aprobada en 2025 para que entre en vigencia.
Reforma a Ley de migración
El 28 de noviembre fue aprobada la reforma a la Ley general de migración y extranjería, que legaliza los destierros y la apatridia en Nicaragua, dos condiciones con las que castiga la dictadura a los opositores y críticos.
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La reforma criminaliza a quienes intenten huir o exiliarse del país por puntos ciegos de las fronteras nicaragüenses, tal como ha venido ocurriendo de forma masiva desde abril de 2018, debido a la crisis sociopolítica provocada por la represión armada contra las protestas civiles.
Reforma a la Ley de Ciberdelitos
El 11 de septiembre, los diputados aprobaron con carácter de urgencia la reforma a la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), que adiciona la criminalización del uso de las redes sociales y las aplicaciones móviles, así como aumenta los años de prisión por delitos informáticos, usualmente usados contra opositores.
La Ley original aprobada en 2020 establecía en su artículo 1 la investigación, persecución y sanción para los delitos cometidos «por medio de las tecnologías de la información y comunicación», pero con la reforma se agrega también los delitos cometidos por «el uso de redes sociales y aplicaciones móviles».
Casi todos los opositores que han pasado por la cárcel por criticar al régimen Ortega Murillo han sido acusados por “propagación de noticias falsas», según lo que establece la Ley 1042. Algunos de los acusados fueron encarcelados y procesados por solo haber dado «me gusta» a una publicación política o relacionada con personas que el régimen desprecia.
En los juicios, según han denunciado los excarcelados y sus defensores, las pruebas mostradas por los fiscales orteguistas son «retuits» y «me gusta» a comentarios de terceros, como recientemente han afirmado el tiktoker Cristóbal Geovany López, mejor conocido como Tropi Gamer; y el académico Freddy Quezada, ambos condenados por los delitos que establece la Ley 1042.
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También ha habido casos de campesinos que ni siquiera tenían un teléfono inteligente, ni tampoco tenían redes sociales y aún así estuvieron presos por supuestamente cometer ciberdelitos.
Combo de reformas
En septiembre, la Asamblea también aprobó un combo de reformas que imponen más controles y criminalización al derecho a la libre asociación, legaliza las confiscaciones, el robo de propiedades y le da a la Policía mayores facultades de vigilancia informática.
Las reformas fueron al Código Penal, al Código Procesal Penal, a la Ley contra el lavado de activos (Ley 977) y a la Ley de Unidad de Análisis Financiero (Ley 976).
La reforma al Código Penal modificó 27 artículos y se hicieron 16 adiciones. Su principal objetivo fue legalizar las prácticas represivas contra los detractores y críticos de Ortega.
Se amplía significativamente la lista de los delitos a perseguir, especialmente los delitos añadidos bajo el principio de universalidad, que han sido utilizados para la persecución política y social, como el financiamiento al terrorismo, delitos contra la administración pública, delito contra el Estado o sus instituciones y ciberdelitos.
Mientras que las reformas a la Ley antilavado establecen mayores regulaciones del Sistema Financiero, aumenta el control de las remesas y legaliza la criminalización y confiscación de los opositores y las organizaciones sin fines de lucro (OSFL/ONG), estos últimos en el ojo de la represión en los últimos años.
Otro elemento controversial en el paquete de reformas es el ajuste del artículo 24 de la Ley 977, que ordena emitir normas para fortalecer el proceso de recolección de datos acerca de quienes reciben y envían remesas.
Las reformas a las leyes de la Unidad de Análisis Financiero (Ley 976) y al Código Procesal Penal integra todos los cambios al Sistema Financiero.
Todas las reformas fueron aprobadas sin cuestionamientos ni oposición, en una Asamblea Nacional bajo el total control de la dictadura orteguista.
El Legislativo está conformado por 75 diputados del partido gobernante FSLN y el resto son legisladores de diferentes tendencias liberales, considerados por los críticos como colaboradores de la dictadura. La Asamblea está exclusivamente dedicada a aprobar las leyes que envía Ortega.
