La iniciativa “Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería; y de adición a la Ley 641, Código Penal de Nicaragua”, enviada a la Asamblea por el dictador Daniel Ortega, además de legalizar destierros y apatridia en Nicaragua, también busca criminalizar a quienes intenten huir o exiliarse del país por puntos ciegos de las fronteras nicaragüenses, tal como ha ocurrido desde el inicio de las protestas de abril de 2018, que de forma masiva la población comenzó a buscar refugio en territorio costarricense.
El dictador ordenó, según el documento de la iniciativa, adicionar al artículo 138 del Código Penal de Nicaragua un apartado sobre “Evasión de control fronterizo”, en el que establece que “comete el delito de evasión de control fronterizo quien ingrese, salga o pretenda salir del territorio nacional de forma no regular, evadiendo los controles migratorios de los puestos fronterizos o por cualquier punto no habilitado con fines de menoscabar la integridad de la nación, comprometer la paz, alterar el orden constitucional, fomentar o provocar, proponer, conspirar e inducir a actos terroristas o de desestabilización económica y social del país”.
Las personas que cometan dicho delito, según la imposición enviada por el dictador Ortega, “serán sancionados con prisión de dos a seis años y de seis a mil días multa”.
Además, orienta que “cuando la evasión de control fronterizo sea con fines de cometer el delito de traición, previsto y sancionado en el artículo 409 del Código Penal, la pena por imponer se aumentará en un tercio de sus límites mínimos y máximos”.
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El artículo 409 del Código Penal sobre “Traición” establece que “el nicaragüense que en un conflicto armado internacional tome la armas contra Nicaragua o se una a sus enemigos prestándoles ayuda, colaboración o facilite el avance o progreso de las fuerzas enemigas o dificulte la defensa del Estado, será penado con prisión de diez a quince años e inhabilitación absoluta, para el desempeño de función, empleo o cargo público por el mismo período“.
La Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, desde 2018 hasta junio de 2024, recibió 272,582 solicitudes de refugio; 234,513 correspondían a solicitudes de nicaragüenses, muchos de estos justamente ingresaron a ese país por puntos ciegos, evitando los controles fronterizos de Nicaragua por considerarse perseguidos por el régimen Ortega-Murillo.
En la reforma a Ley General de Migración, en las tarifas por servios de Migración y Extranjería se adiciona también la multa, tanto para nacionales como para extranjeros, relacionada a “evasión de control fronterizo con fines ilícitos”, por un monto de 1,000 dólares.
Institucionalización de la apatridia
El abogado Salvador Marenco, máster en Derecho Público y especialista en Amparo y Procesal Constitucional, apuntó que “cualquier ley que emita el régimen Ortega Murillo carece de fundamento, de legitimidad, de cualquier tipo de obligación jurídica”.
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Señaló que el dictador Ortega lo que busca con estas modificaciones que criminalizan a los nicaragüenses que huyen del país, justamente en busca de refugio, “es legalizar la apatridia de facto que han venido imponiendo desde 2021 a la fecha, a través del impedimento de ingreso de nicaragüenses. Esto es grave, delicado, principalmente por la intencionalidad política que tienen, uno, de directamente institucionalizar y posiblemente masificar la apatridia de facto a través del impedimento de ingreso o slaida, y también es un tema recaudatorio”.
“El régimen de Nicaragua tiene una necesidad económica importante, producto de todas las presiones internacionales y estas reformas tanto al Código Penal, Procesal Penal, como la Ley de Migración tienen un fuerte componente confiscatorio y recaudatorio, pero la idea principal es la institucionalización de la apatridia de facto y es un reconocimiento tácito a los crímenes de lesa humanidad”, añadió.
Régimen busca “criminalizar y sangrar” al pueblo
La defensora Haydée Castillo, integrante de Nicaragüenses en el Mundo y del Espacio de Diálogo para la Concertación entre Actores Nicaragüenses, señaló que la reforma del dictador Ortega, además de plantear que podrán expulsar “a todos aquellos nicaragüenses que se rebelan, que ejercen su ciudadanía”, busca obligar a que “salgan por los puntos fronterizos establecidos” para seguir criminalizando y a quienes no obedezcan “sangrarlos” con multas.
“Ellos (los dictadores) saben que el pueblo se las ingenia en su proceso de rebelarse ante semejante ignominia, entonces, ellos quieren establecer el control social por todas las vías posibles, pero realmente que esto no es posible. El pueblo de Nicaragua está resistiendo y ha dejado de cooperar con la dictadura, están dejando de obedecer a la dictadura”, aseguró Castillo.
Consideró que los últimos movimientos de Ortega, incluyendo la reforma parcial a la Constitución Política, “estriba su ilegitimidad y su pánico, quiere asfixiar al pueblo de Nicaragua que desea la libertad por todas las vías posibles, pero creo que esto es parte del principio del fin de la dictadura, entre más controle, reprima, limite y quiera asfixiar al pueblo de Nicaragua, en realidad que aquí vamos a tener un levantamiento popular”.