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La mayoría de los sacerdotes de la Iglesia católica que quedan en Nicaragua aguantan una lista de vejámenes de parte de la Policía orteguista, en un contexto en que la dictadura de Daniel Ortega ha obligado a religiosos y religiosas a salir del país.
La abogada e investigadora Martha Patricia Molina, quien lleva un registro de los ataques contra la Iglesia católica desde 2018 en su informe Nicaragua: una Iglesia perseguida, dijo que la mayoría de los sacerdotes de todo el país están sometidos a una especie de protocolos policiales que ya son habituales de su día a día.
Entre las acciones policiales más comunes están: interrogatorios frecuentes a los sacerdotes y los obligan a que se tomen fotos junto a ellos; proporcionar los datos y registros de los familiares o personas que trabajan en la parroquia; vigilancia al momento de las misas o cualquier otra actividad parroquial; impedimento para realizar ningún acto de piedad popular fuera de los templos; hacer llamadas a policías e informar todo lo que realizarán durante el día.
Si por alguna razón los sacerdotes reclaman o se quejan del hostigamiento policial, estos son detenidos y luego expulsados del país como ha quedado claro en las últimas semanas.
Un ejemplo es el caso del obispo de la Diócesis de Jinotega, monseñor Carlos Enrique Herrera, quien se quejó del estridente ruido de los partidarios de la dictadura sandinista fuera del templo, mientras se realizaba la misa vespertina el domingo 10 de noviembre.
«Esto es un sacrilegio, lo que están haciendo el alcalde y todas las autoridades municipales, les pedimos perdón a Dios por ellos y por nosotros», dijo el obispo. Tres días después fue desterrado.
Los sacerdotes dentro de Nicaragua prefieren omitir hablar de su situación, sin embargo, algunos la han descrito como «de mucha incertidumbre y miedo». Otros cuentan que la presencia policial aumenta con el tiempo.
Algunos incluso cuentan que han normalizado la presencia policial y de quienes llegan para tomarles fotografías y grabar las eucaristías.
Ortega en guerra contra la Iglesia católica
En Nicaragua, la dictadura de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, acusan a la Iglesia católica de haber apoyado las protestas de 2018, que para Ortega fue un intento de «golpe de Estado».
En los últimos años, el régimen Ortega Murillo ha radicalizado sus ataques contra la Iglesia católica, encarcelando sacerdotes y prohibiendo todas las actividades religiosas que se realicen fuera de los templos. También ha cancelado numerosas organizaciones sociales, caritativas, albergues de la Iglesia católica, centros académicos, medios de comunicación de línea católica, expulsado monjas y sacerdotes del país.
La guerra de Ortega contra la Iglesia católica lo llevó a suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano, tras una crítica del papa Francisco por la detención de sacerdotes en Nicaragua.
