Desde 2018 hasta la fecha, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha exiliado, desterrado, expulsado y prohibido el ingreso a Nicaragua a un total de 261 religiosos y religiosas; 55 de ellos en este año, indica la actualización presentada por Martha Patricia Molina, abogada y autora del informe Nicaragua: una Iglesia perseguida. El caso más reciente es el del presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y obispo de la Diócesis de Jinotega, Carlos Herrera, quien fue desterrado a Guatemala.
En detalle 141 son sacerdotes, 99 religiosas o monjas, 13 seminaristas, cuatro obispos, tres diáconos y el nuncio apostólico. Además del monseñor Herrera, los obispos Rolando José Álvarez Lagos, de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, y monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega, de la Diócesis de Siuna, fueron desterrados el pasado 13 de enero de 2024, después de haber sido excarcelados.
En 2019, monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, tuvo que exiliarse tras recibir amenazas de muerte. Molina aclaró a LA PRENSA que la cifra de los 261 religiosos y religiosas que se han visto obligados a dejar el país «es apenas una aproximación porque no he incluido a una orden religiosa que se encontraba en el occidente del país, donde 15 de sus miembros entre extranjeros y nacionales abandonaron Nicaragua».
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La investigadora indicó que la dictadura orteguista «continúa con su plan maquiavélico de querer erradicar a la Iglesia católica de Nicaragua, quiere hacer ateos a la ciudadanía porque no ha logrado controlar a los prelados en su totalidad. Por eso los persigue, los asedia, los amenaza de muerte, los obliga a exiliarse».
Vigilancia persiste
Molina, una de las siete personas en el mundo en haber recibido el Premio Internacional de Libertad Religiosa, otorgado por la Oficina Internacional de la Libertad Religiosa del Departamento de Estado de Estados Unidos en 2024, también denunció que la dictadura mantiene bajo vigilancia a todos los obispos, sacerdotes, seminaristas y laicos.
«Llegan a las casas de formación a asediar e interrogar a los sacerdotes y seminaristas», denunció Molina y expuso que durante la semana han sido interrogados y perseguidos, los monaguillos «varios de ellos son menores de edad, a todos les obligan a tomarse fotos y videos junto a los policías».
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La investigadora también denunció que las religiosas, principalmente las que pertenecen a las órdenes a quienes el Ministerio del Interior les canceló su personería jurídica, «se encuentran intervenidas por el Ministerio de Educación (Mined) y vigiladas por policías. Varias de ellas han tenido que huir del país para salvaguardar su vida».
