La semana pasada se conoció que el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) decidió abrir una investigación de las violaciones del régimen de Nicaragua a las garantías laborales de los trabajadores y los derechos humanos de todos los nicaragüenses.
Esas violaciones son evidentes. Han sido ampliamente documentadas por organismos nicaragüenses e internacionales de derechos humanos. De manera que el Gobierno de EE. UU. no tendrá que investigar mucho, pero la información ha hecho sonar las alarmas en los sectores empresariales y laborales del país que temen una posible o eventual exclusión de Nicaragua del tratado de libre comercio DR-Cafta.
Eso tendría consecuencias económicas catastróficas para el país, golpearía económicamente al régimen, pero sobre todo sería devastador para los productores y en particular los trabajadores nicaragüenses y sus familias.
En realidad, esa posibilidad intimidante ha estado presente desde que los legisladores estadounidenses aprobaron algunas leyes que prevén la posible exclusión de Nicaragua del DR-Cafta, según ellos para castigar al régimen autoritario de Ortega y Murillo.
También sectores radicales de la oposición nicaragüense en el exilio han pedido de manera pública a las autoridades de EE. UU. que sancionen a la dictadura de Nicaragua con más dureza, inclusive con la exclusión o suspensión del DR-Cafta.
Sin embargo, algunos expertos aseguran que no debería haber motivo de alarma en ese sentido. Primero, dicen, porque no es fácil excluir o suspender a un país miembro del DR-Cafta; y segundo, porque la investigación abierta la semana pasada por EE. UU. es o será en el marco de una Ley de Comercio que data de 1974. Y de acuerdo con esa legislación las sanciones probables serían básicamente la imposición de aranceles extraordinarios a productos nicaragüenses exportados a EE. UU.
Como se sabe, los aranceles representan el instrumento de presión internacional preferido por el próximo presidente de EE. UU., Donald Trump. Y, según él mismo lo ha asegurado, en algunos casos de primera importancia comenzará a aplicarlos en cuanto asuma el poder, en enero del próximo año.
Ahora bien, prácticamente todos los productos que EE. UU. compra a Nicaragua están comprendidos en el tratado DR-Cafta. Por datos del Banco Central se conoce que, a pesar de la estrategia del régimen sandinista de sacar al país de la órbita económica de EE. UU. para insertarlo en la de China, Rusia e Irán, la mayor parte del comercio internacional nicaragüense sigue siendo con la gran potencia norteamericana.
Según los datos del Banco Central de Nicaragua, el año pasado el 39.4 por ciento de sus exportaciones fueron a EE. UU. Y entre enero y septiembre de 2024 fueron el 38.4 por ciento.
A esas exportaciones sería a las que EE. UU. impondría los aranceles extraordinarios de castigo, lo que de hecho significaría suspender o excluir al país del DR-Cafta. Por lo menos eso es lo que dice la simple lógica a quienes no son expertos en relaciones económicas y tratados internacionales de libre comercio.
Por supuesto que lo mejor para todos sería que el régimen de Nicaragua restableciera el respeto a los derechos laborales y humanos en general de los nicaragüenses. Tiene obligación de respetarlos sin necesidad de que haya presiones ni sanciones externas de ninguna clase. Al fin y al cabo, según dicen los mismos gobiernos que imponen las sanciones, estas no son para derrocar a ningún gobierno, sino para promover el respeto a las libertades y los derechos fundamentales de la gente.
Sin embargo, para el régimen de Ortega y Murillo respetar los derechos humanos y restablecer el Estado democrático de derecho sería renunciar a su naturaleza autocrática y totalitaria.
