El Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas identificó la existencia de al menos 25 trabajadores del Estado y simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en situación de «prisión arbitraria», cuyos familiares no denuncian los casos debido a amenazas.
Según el informe presentado por el Mecanismo este lunes 16 de diciembre, los funcionarios y simpatizantes sandinistas encarcelados han sido víctimas de detenciones arbitrarias sin fundamentos legales, procesos judiciales manipulados y desapariciones forzadas, afectando no solo a las víctimas directas, sino también a sus familias.
«En estos casos, las autoridades se niegan a brindar información sobre el paradero de los detenidos, intensificando el sufrimiento de sus allegados», puntualiza el informe.
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El Mecanismo destaca, entre los casos más emblemáticos, al exdiputado, dirigente indígena y asesor en políticas hacia Pueblos Originarios de Nicaragua, Steadman Fagoth, y a Carlos Fonseca Amador, detenido en el marco del caso conocido como “La Comuna”. Este último estuvo desaparecido durante más de tres meses bajo custodia estatal, sin que las autoridades ofrecieran explicación alguna sobre su situación.
Sobre Fonseca Amador, el Mecanismo señala que, «aunque logró reaparecer bajo la aparente medida de ‘casa por cárcel’, las otras diez personas detenidas en este mismo caso permanecen privadas de libertad, sometidas a un proceso judicial carente de garantías».
Según el informe, estas acciones «no solo buscan castigar a quienes consideran opositores, sino enviar un mensaje claro de que cualquier acto de disidencia, real o percibido, será castigado de manera severa».
46 detenciones entre noviembre y diciembre
Entre el 22 de noviembre y el 6 de diciembre, la dictadura realizó redadas en todo el país, resultando en al menos 46 detenciones arbitrarias distribuidas en más de 14 departamentos. La región occidental registró el mayor número de casos, concentrando el 33 por ciento de las detenciones, seguida por la región norte con el 20 por ciento. Dentro de este grupo, seis personas fueron desterradas, incluyendo a la familia del periodista Henry Briceño, quien fue expulsado del país.
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En una actualización, el Mecanismo elevó la cifra de presos políticos a 45 —sin incluir a los 25 funcionarios y militantes sandinistas detenidos—, debido a la liberación de cinco reos políticos y la captura de otras cuatro personas entre el 7 de noviembre y el 13 de diciembre. Del total de presos políticos, seis son mujeres y 39 son hombres.
Desapariciones forzadas
El informe también subraya que la desaparición por ocultamiento de paradero sigue siendo una práctica sistemática del régimen Ortega-Murillo. Nueve personas continúan desaparecidas.
«La falta de respuestas de las autoridades no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que perpetúa el sufrimiento de sus familias», concluye el informe.
