Un grupo de religiosos envió una misiva al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, solicitando una extensión y redesignación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua, así como la designación de este beneficio para la República Democrática del Congo.
En la misiva enviada el 9 de diciembre a Mayorkas, a la que tuvo acceso LA PRENSA, los religiosos señalan que, en el caso de Nicaragua, las condiciones que impiden que las personas regresen de manera segura al país “se han exacerbado desde su designación original en 1998”.
“Nicaragua está experimentando niveles extraordinarios de agitación civil, persecución política y religiosa, y la privación arbitraria de la vida humana, incluyendo desapariciones masivas y ejecuciones extrajudiciales”, señala la misiva.
Una revisión realizada por LA PRENSA a los reportes anuales elaborados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) al Congreso de Estados Unidos refleja que hasta el año fiscal 2022, todavía 4,163 nicaragüenses estaban bajo ese estatus.
Confiscaciones, persecución religiosa y reformas
Los religiosos hacen hincapié en que desde que comenzó la crisis de derechos humanos en Nicaragua en 2018, más de 5,000 organizaciones de la sociedad civil han perdido su estatus legal y sus activos han sido confiscados por el Estado, incluidas más de 1,200 fundaciones con afiliaciones religiosas.
“La Iglesia católica ha sido específicamente atacada, con cerca de 300 religiosos obligados a abandonar el país, incluyendo a cuatro obispos y 141 sacerdotes. Tan solo el mes pasado, el obispo de Jinotega (monseñor Carlos Herrera), quien también sirve como presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, fue agregado a la lista de personas arrestadas y expulsadas del país”, señalan.
La carta de los religiosos advierte también que las reformas constitucionales otorgan poderes ilimitados a la dictadura Ortega-Murillo y tendrán “consecuencias graves y de largo alcance para los derechos fundamentales del pueblo de Nicaragua”.
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Con base en sus consideraciones, expresaron que una redesignación de TPS para Nicaragua está “justificada” y que es “largamente esperada”.
“Dados estos considerandos y otros, creemos que una redesignación de TPS para Nicaragua no solo está justificada según los requisitos establecidos en 8 U.S.C. 1254a, sino que es largamente esperada”, agrega.
La carta está firmada por monseñor Mark J. Seitz, obispo de El Paso y presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos; Kerry Alys Robinson, presidenta y directora ejecutiva de Catholic Charities USA; monseñor A. Elias Zaidan, obispo de la Eparquía Maronita de Nuestra Señora del Líbano y presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos; Anna Gallagher, directora ejecutiva de Catholic Legal Immigration Network, Inc.; y el reverendo Christopher Kellerman, SJ, secretario de la Oficina de Justicia y Ecología de la Conferencia Jesuita de Canadá y Estados Unidos.
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Iniciativa para que nicaragüenses llamen
Por otro lado, Bertha Sandles, migrante nicaragüense y activista por los derechos de los migrantes, instó a los nicaragüenses a llamar al número de la Casa Blanca, 1-888-427-0484, entre el martes 10 y el jueves 12 de diciembre, para pedir el TPS para Nicaragua.
“Recuerden que vienen muchas amenazas de deportaciones, pero el TPS nos dará, al menos, un alivio temporal, la certeza de que podremos permanecer aquí. Si eventualmente se decide cancelar el TPS, también lo llevaremos a los tribunales y esto no se acabará así de fácil”, dijo Sandles.
El caso de El Congo
En el caso de El Congo, destacaron que las condiciones en ese país continúan empeorando debido a la inseguridad alimentaria, crisis sanitaria, conflictos armados y la violencia sexual.
Además, señalan que la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos se comunicó previamente con el Departamento de Estado respecto a la situación en El Congo.