El reciente anuncio del Banco Central de Nicaragua (BCN) que obliga a denominar todos los precios de bienes y servicios en córdobas y los pagos con tarjetas exclusivamente en la moneda local, refleja un objetivo de política económica planteado hace casi una década: la desdolarización de la economía.
La dolarización, en esencia, representa una decisión racional de las personas para proteger sus ahorros y activos. En contextos de incertidumbre económica o política, mantener recursos en una moneda extranjera como el dólar brinda mayor seguridad ante posibles devaluaciones, inflación o inestabilidad. Países con distorsiones y volatilidad en sus mercados han optado por permitir la dolarización e incluso algunos han adoptado el dólar como moneda de curso legal. Sin embargo, la imposibilidad de controlar la emisión de dólares conlleva limitaciones en la capacidad de los gobiernos para manejar sus políticas monetarias y fiscales, lo que explica el incentivo para estos países de revertir este proceso.
El nivel de dolarización en Nicaragua fue el resultado de una combinación de factores económicos, políticos y sociales. Durante la década de los 80, Nicaragua experimentó una de las hiperinflaciones más altas de la historia global, consecuencia de una serie de políticas económicas fallidas implementadas por el régimen sandinista. La emisión excesiva de córdobas para financiar enormes déficits fiscales, el alto endeudamiento público y la inestabilidad económica condujeron a una pérdida significativa del valor del córdoba, lo que llevó a los ciudadanos a buscar refugio en el dólar.
Tras la derrota electoral del sandinismo en 1990, a Nicaragua le tomó casi dos décadas restaurar la economía. Durante este período, los gobiernos democráticos lograron erradicar la hiperinflación, estabilizar la economía, sanear las finanzas públicas, liberar el comercio y obtener la condonación de la exorbitante deuda externa heredada de los años 80.
Pero casi dos décadas de estabilización no fueron suficientes para devolver al país sus niveles de ingreso y bienestar de los años 70, y el uso del dólar ya estaba profundamente arraigado en la sociedad nicaragüense. Los distintos gobiernos aceptaron la utilización del dólar para preservar la estabilidad económica y atraer inversión extranjera.
Es evidente que bajo el actual régimen el Banco Central ha implementado una serie de acciones para reducir la dolarización con el fin de tener mayor autonomía y tener incidencia sobre las tasas de interés y la oferta monetaria, poder financiar el gasto público mediante expansión monetaria en caso de ser necesario, y beneficiarse del señoreaje que es la capacidad de generar ingresos a partir de un pasivo que no tiene costo (la moneda local).
El intento de desdolarización inició cuando el Banco Central retomó la reducción del deslizamiento, que culminó con la eliminación de este en 2024. Paralelamente se introdujeron varias medidas para reducir la prevalencia del dólar, como lo fueron las mejoras al papel moneda y mayores denominaciones, mayores requisitos de capital para los bancos sobre los préstamos en dólares otorgados a personas o empresas con ingresos en córdobas, la modificación del cálculo del encaje bancario de semanal a diario y la emisión de títulos valores de muy corto plazo como una suerte de encaje remunerado en córdobas, entre otras acciones.
Sin embargo, estas acciones no lograron los resultados deseados. Y ahora, en lugar de crear un entorno que incentive un mayor uso del córdoba con relación al dólar, el Banco Central ha optado por imponer que los precios de los bienes y servicios, así como las transacciones de tarjetas, se denominen exclusivamente en córdobas, como si la credibilidad monetaria se construyera por decreto. Esta táctica sugiere que no se ha logrado generar la confianza necesaria para que los nicaragüenses adopten voluntariamente la moneda local.
Si el régimen persiste en restringir la tenencia del dólar mediante la imposición y no a través de incentivos, lo que podría venir son medidas coercitivas adicionales, como límites a los préstamos en dólares, exclusión de los depósitos en dólares del Fondo de Garantía de Depósitos, control de tasas de interés para depósitos en dólares, el pago obligatorio del total de remesas familiares en córdobas y la suspensión del mantenimiento de valor.
Aunque la gestión macroeconómica del régimen ha mostrado cierto orden y la economía ha registrado crecimiento en los últimos años, sustentado en las crecientes remesas familiares, la ausencia de transparencia, la arbitrariedad, el deterioro del Estado de derecho y la represión política socavan la credibilidad necesaria para un proceso de desdolarización exitoso. La historia demuestra que la credibilidad monetaria no se impone, sino que se construye con confianza en las instituciones y políticas previsibles.
El régimen enfrenta el desafío de equilibrar la imposición autoritaria con la necesidad de generar credibilidad económica y financiera. Sin reformas estructurales y un entorno político más estable, la desdolarización corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de control sin resultados reales sostenibles.