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Referentes de organizaciones y consultoras internacionales alertaron esta semana sobre el riesgo de un «giro autoritario» en Paraguay tras la promulgación de una ley a la que acusan de desalentar el financiamiento internacional de las oenegés y limitar el control de la sociedad civil sobre el Estado.
La «ley de transparencia», promulgada el 15 de noviembre por el presidente Santiago Peña (derecha), establece «el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro».
Además de las obligaciones ya establecidas en las legislaciones vigentes, la norma exige a las organizaciones un detalle anual de fines, programas, listas de profesionales, técnicos y personal de cualquier índole a su servicio.
El abogado Manuel Riera, vinculado a estas organizaciones, dijo el jueves a la AFP que la norma requiere condiciones leoninas «que van a desincentivar su operatividad» en Paraguay.
«Cada año, cada ONG está obligada a presentar al Ministerio de Economía un montón de información, un montón de detalles de personas, de nombres, de datos, que ni la ley especifica», dijo Riera
a la AFP, al considerar que tales exigencias imponen una burocracia «de cumplimiento imposible».
La ley no prohíbe ni restringe el financiamiento exterior de forma explícita, pero establece reglas de juego que, según las oenegés locales, afectarán su operatividad. Por ejemplo, exige mecanismos de registro también para las organizaciones del exterior.
«No tiene sentido que (las oenegés extranjeras) vengan a inscribirse en Paraguay. Con seguridad, todas o casi todas se negarán a hacerlo y ello influirá en el financiamiento» de las locales, dijo a AFP Ezequiel Santagada, portavoz del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD).
El presidente Peña aseguró que «la ley no cercena derechos» y que la reglamentación se hará «de manera participativa con todos los sectores involucrados».
La «ley anti-ONG», como es calificada por sus detractores, suma críticas dentro y fuera de casa.
«La nueva ley reforzará aún más la preocupación por un giro autoritario en Paraguay, que la oposición y la sociedad civil difícilmente podrán detener», escribió la consultora internacional Oxford Analytica en un informe divulgado el martes.
De su lado Gina Romero, relatora de la ONU sobre Derechos a la Libertad de Reunión y Asociación, envió una carta a Peña en octubre, tras la sanción de la ley por el Senado, en la que advirtió que la ley aprobada «aleja a Paraguay de los estándares internacionales de derechos humanos».
Otras entidades como OEA, GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y Amnistía Internacional emitieron alertas y compararon la normativa a las vigentes en Nicaragua y Venezuela.
