El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha rectificado en parte las disposiciones normativas que dictó para obligar a los bancos a no aplicar las sanciones internacionales, impuestas a altos funcionarios que han sido relacionados con la represión y las violaciones a los derechos humanos.
El cumplimiento al pie de la letra de esa disposición podría aislar a los bancos nicaragüenses del Sistema Financiero internacional y provocar una catástrofe económica nacional que arrastraría al mismo gobierno.
También el Banco Central retrocedió en la disposición de que a partir del 1 de enero próximo se restringiría al máximo el uso del dólar estadounidense en el país. Una medida que, entre otras consecuencias muy negativas, afectaría gravemente las remesas familiares que son clave para la bienandanza de las finanzas del Estado, la sobrevivencia de gran parte de los nicaragüenses y la estabilidad económica nacional.
Las disposiciones mencionadas no fueron derogadas ni revertidas por completo, que sería lo mejor. Pero al menos han sido modificadas para tranquilizar a la ciudadanía que, con justa razón, temía que sobreviniera una catástrofe en el Sistema Financiero y como consecuencia, en la economía del país.
En todos los países del mundo, en unos más y en otros menos, los gobiernos intervienen en la economía nacional. Lo hacen regularmente a través de las llamadas políticas fiscales, monetarias y regulatorias, tanto internas como en las relaciones comerciales y financieras internacionales.
Si son liberales, los gobiernos procuran que la intervención del Estado en la economía sea solo la indispensable, en tanto que los populistas y socialistas intervienen todo cuanto les es posible, según sean más o menos radicales en su ideología y sus intenciones y programas políticos.
Al respecto los reconocidos economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson, autores del afamado libro Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, advierten que “las medidas económicas de gobierno deben basarse, para ser sólidas, en un cuidadoso análisis de la economía política e incorporar su influencia en los equilibrios políticos futuros”. Así tiene que ser, no solo para que las medidas sean sólidas, que es lo más elemental que se debe procurar, sino también y sobre todo para no provocar desastres económicos sectoriales y nacionales.
Los estudiosos de las relaciones económico-políticas señalan que “para unos la economía no es más que una sierva de la política. Parten de la idea de que la política representa y cuida los intereses de una comunidad organizada políticamente, y por tanto, la salvación del pueblo es la suprema ley y ninguna consideración económica puede prevalecer sobre las decisiones políticas”.
Este ha sido el caso de los comunistas y socialistas marxistas, así como de los populistas de izquierda donde quiera que han tomado el poder. Los que han aplicado su doctrina ideológica izquierdista de la manera más ortodoxa han convertido la economía en una sierva de sus propósitos políticos, causando grandes catástrofes económicas.
Ellos creyeron —e insólitamente algunos siguen creyendo— que lo primero y principal siempre es la construcción del poder, la organización del aparato político, y que lo económico vendría o debe venir después. Pero lo que vino y seguirá viniendo en todas partes donde se ha impuesto esa visión marxista radical de la economía ha sido hambruna y miseria extrema, además de la supresión total de las libertades y derechos de la gente.
Contra la locura de poner la economía al servicio de la política, y peor todavía, no de cualquier política sino de la marxista, estatista y totalitaria, alertó el eminente economista liberal del siglo pasado, Ludwig Mises (1881-1973), al señalar que “contra todo este frenesí de agitación sólo hay un arma disponible: la razón. Sólo se necesita sentido común para evitar que el hombre caiga presa de fantasías ilusorias y eslóganes vacíos”.
Sin embargo, a pesar de las experiencias económicas y sociales catastróficas, sigue habiendo políticos extremistas que toman el poder y, dominados por el frenesí y los eslóganes de la ideología, hacen locuras económicas cuyas nefastas y dolorosas consecuencias siempre las tiene que pagar y sufrir la gente.
Menos mal que en Nicaragua el régimen ha rectificado al menos en parte unas medidas que si fueran implementadas plenamente, dañarían gravemente el Sistema Financiero y en consecuencia toda la economía nacional. La que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) es lo único que hasta ahora este régimen ha manejado más o menos bien.