Algún día habrá que agradecer que los aniquiladores del Estado de derecho se hayan quitado las máscaras y se presenten tan abiertamente como lo que son, a plena luz y al desnudo. No es ingenuidad de su parte, sino una clara afrenta y una apuesta descarada hacia la consolidación total y definitiva de un modelo dictatorial que desde ahora ya no será sólo fáctico, sino que quedará reflejado en un engendro jurídico al que en Nicaragua darán rango de Constitución. Este texto, llamado a ser un ejemplo utilísimo para los anales de la historia de la infamia y para futuras acusaciones penales, tiene poca comparación en la jurisprudencia mundial, pues el nivel de paranoia que contiene lo convierte en un caso inimitable.
No faltarán en estos días analistas especializados que vayan desgranando cada artículo, advirtiendo sobre las regresiones que suponen para las libertades y derechos, y estudiando palmo a palmo las implicaciones que tendrá para cada nicaragüense su próxima aplicación. Bien está: no hay que ceder nunca a la indiferencia ni considerar que cada nueva ofensa es una simple artimaña más propia de niños malcriados que de gobernantes con capacidad de juicio.
Pero aun así conviene también aceptar de entrada que, al igual que nadie puede considerar como un verdadero proceso electoral el ritual que desde hace años tiene lugar en Nicaragua cada cierto tiempo, sería pretencioso llamar Constitución a un compendio de insensateces que tardará en ser derogado lo mismo que tarde la dictadura en caer. Tienen ahora el poder de aplicarla, sin duda, pero eso no quiere decir que tengan la legitimidad para que les otorguemos el beneplácito de su obediencia, que está vinculada únicamente a la fuerza de la autoridad y de las armas.
¿Se usará este ordenamiento para mantener la persecución implacable contra todo aquel que piense distinto? Sí. ¿Servirá como aval para institucionalizar la represión y dar carta de legalidad a los abusos permanentes? Sí. ¿Hay que temer nuevas oleadas de encarcelamientos y destierros bajo su paraguas? Sí, sí y sí. Todo lo que se les ocurra, será. Pero no será mucho más diferente de lo que ya vemos hoy, día a día, con la vieja Constitución, que mantenía algún mínimo estatus de credibilidad pero que era vulnerada sin rubor cuando así se terciaba. Cambiarán los relatos, pero permanecerán los mismos relatores.
Nada de ello elimina la importancia de este momento, ni que sea para constatar el declive de este régimen en su particular decadencia (paralela a la de sus dos decrépitos protagonistas), y en cómo pretende hilvanar la ley con el yugo, creando un mundo ficticio de resonancias orwellianas. En este punto también conviene reconocer que, si no fuera por la tragedia diaria que viven los ciudadanos que están adentro y los que están afuera, podríamos hacer un ejercicio de glosa que entroncaría con la mejor tradición humorística del continente.
Y es que basta con revisar el preámbulo para toparse con una renovada lista de insignes nombres, que emergían de la Constitución de 1987, convertida ahora en un pastiche al mejor estilo de la retahíla de la Tula Cuecho, que mezcla dignos héroes y mártires con curas y obispos, guerrilleros y periodistas, niños, jóvenes y mujeres de toda índole, pasando por Emiliano Zapata, el Che, Fidel Castro y Hugo Chávez. Solo encontré a faltar a Clodomiro el Ñajo, supongo que porque todavía sigue vivo.
Este afán de justificarse con la sombra de personajes recientes, en un indigesto puré ideológico, demuestra la trivialidad con que tratan a sus propios camaradas y cofrades, todos ya fallecidos, no se diera el caso de que pudieran hablar de pronto y se les ocurriera negarles el privilegio de ensuciar sus nombres y apellidos.
A partir de aquí ya todo viene en bajada: el artículo 1 agrega sin tardanza a los traidores a la patria, que como se sabe somos todos. Luego se habla de democracia directa (artículo 2), tan directa que uno agacha intuitivamente la cabeza para evitar el pencazo que le va a caer. Pero es el artículo 3 el que derrama hipocresía en cada línea: una Nicaragua cristiana que asegurará “el respeto e igualdad de derecho de todas las personas”. ¿Entonces en qué escala del reino animal deben ser considerados los 200.000 solicitantes de refugio en Costa Rica? ¿Aplicarán como personas también? Por no hablar de la libertad de culto y fe que dictamina el artículo 5, cuando todavía está caliente el cojín del asiento del último obispo desterrado.
Para qué seguir: el ejercicio comparativo entre el texto ayer vigente y el hoy promulgado es necesario y útil en cualquier caso, y doctores hay para ello. Lo que parece obvio es que hay dos realidades paralelas sin posibilidad de coexistir: por un lado, un Estado revolucionario en el que la bandera rojinegra pasa a ser símbolo patrio (artículo 13), donde los ciudadanos pueden perder su nacionalidad (17), se crea un cuerpo fascista de carácter paramilitar que actuará cuando sea preciso (97), y con una copresidencia a medida de la familia real que ostenta el mando (133). Se les olvidó incluir la imposibilidad de morirse nunca, pero no voy a dar ideas a estas alturas.
Y hay otro país de fantasía en el que no se confiscarán bienes (artículo 46), donde los nicaragüenses en el extranjero gozarán de la protección del Estado (26), se podrán crear organizaciones a conveniencia (49), habrá derecho de manifestación (52) y de organizar partidos políticos (53), se disfrutará de información veraz (66) y de libertad sindical (86). Es decir, todo lo que no existe hoy y que usted y yo sabemos que seguirá sin existir mañana, aunque lo escriban con cincel sobre una piedra.
Todo esto demuestra un par de verdades: el régimen pone el cerrojo a la última oportunidad de diálogo para cambiar de rumbo, y a la vez toda esperanza de alternativa por la vía electoral. Quien todavía promueva alguna esperanza de presentarse a una contienda en 2026 (o ya en 2027 si aplica la nueva legislatura de seis años), está en su derecho, como el que espera que llueva café. Pero la estrategia no puede seguir siendo la misma ante esta brutalidad: hay que renovar el discurso y la práctica de oposición y afrontar un plan de acción acorde a la nueva realidad. Esta carta magna certifica un modelo con vocación de perdurar por varias décadas.
Bien, pues ahora ya tienen su juguetito para seguir entreteniéndose unos años más, como criaturas que ya han pinchado un balón y piden otro. Esta Constitución tiene la misma densidad que el famoso canal interoceánico, ese descomunal timo que de vez en cuando vuelve a aparecer para regocijo de incautos. Su prosa bebe de las fuentes del engaño: cada palabra conspira contra sí misma. Cada artículo tiene debajo de sí una lectura emboscada, y lo que no se dice es lo que realmente importa. De hecho, hubiera bastado con un único artículo: “Se considerará enemigo y traidor a la patria a todo aquel que no piense como Ortega y Murillo”. Nos hubiéramos ahorrado papel y algunos debates estériles.
Así que me niego a llamarla por su nombre: desde ahora y para mí es un constitucionazo en toda regla, una forma de autogolpe de Estado revestida de legalidad que entroniza un modelo de poder absoluto y hereditario. Y esto les importa a los nicaragüenses, pero también le debería importar al mundo: hay realidades que, aunque no vayan acompañadas de misiles y bombas y que no ocupen su espacio en los medios internacionales, tienen la capacidad de causar el mismo mal, que es la aniquilación del adversario de manera sistemática por motivos políticos. Y eso tiene un nombre en el ámbito jurídico, que el lector inteligente sabrá descifrar con solo que piense unos segundos.
El autor es cooperante español en Centroamérica.
