La representación del régimen de Daniel Ortega en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó este miércoles 13 de noviembre su informe de Estado para el Examen Periódico Universal (EPU) que se realiza cada cuatro años y medio.
De acuerdo con la información de LA PRENSA, lo llamativo en la presentación fue que la delegación del régimen de Ortega y Murillo “defendió su política de violaciones de derechos humanos, el despojo de la nacionalidad de opositores, la cancelación de personerías jurídicas a organizaciones sin fines de lucro, a la vez que descartó ratificar el Estatuto de Roma y negó la represión transnacional”.
Pero eso era absolutamente lógico y entendible. Ningún régimen violador de los derechos humanos reconoce sus delitos contra el derecho internacional humanitario. Al contrario, justifican las violaciones a los derechos humanos que cometen, alegando que solo aplican medidas en el marco de la Constitución y las leyes nacionales para defenderse de opositores que según ellos obedecen consignas extranjeras para tratar de desestabilizarlos y hasta derrocarlos. E invocan a su favor el derecho a la libre determinación de los pueblos, que para ellos es de los gobernantes.
Al respecto fue oportuno e importante que la representación de Países Bajos (Holanda) estableciera de manera categórica en el EPU que “el principio de soberanía, independencia y libre determinación no lo pueden invocar los Estados para violar derechos humanos y derechos constitucionales de sus ciudadanos”. Y añadió que el régimen de Nicaragua debe “derogar la legislación que utiliza para criminalizar la crítica”.
Según la información de LA PRENSA, en el EPU del Consejo de Derechos Humanos de la ONU intervinieron representantes de 88 países para hacer comentarios y preguntas sobre el informe de Nicaragua. 51 de ellos eran de gobiernos democráticos y expresaron preocupación por las violaciones a los derechos humanos que sufren los nicaragüenses. Mientras que, como era de esperarse, los delegados de los otros 37 países con regímenes violadores de los derechos humanos, igual que el de Nicaragua, aplaudieron el informe oficial nicaragüense.
Al respecto LA PRENSA recordó que en la reciente Asamblea General de la ONU, el presidente de Argentina, Javier Milei, denunció que esta permite la sinrazón de que participen en su Consejo de Derechos Humanos “dictaduras sangrientas sin el más mínimo reproche”. Y denunció que “algunos miembros (de la ONU) con su silencio complaciente y sus expresiones oprobiosas, felizmente las defienden y justifican…”
Este viernes 15 de noviembre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitirá el informe final del EPU en el que seguramente hará nuevas recomendaciones al régimen de Nicaragua de que no siga violando los derechos humanos. Y nada más.
En realidad, tales recomendaciones solo sirven para ponerlas en un muro de lamentaciones internacionales por los desmanes de las dictaduras, como ha dicho con ironía y certeza un diplomático democrático nicaragüense retirado.
