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Consejo Permanente de la OEA. Foto tomada del sitio web de la OEA

Es tiempo de autoevaluación y cambio para la comunidad internacional

El agravamiento de la crisis que enfrentan Nicaragua y Venezuela nos invita a reflexionar sobre el papel de la comunidad internacional.

El agravamiento de la crisis que enfrentan Nicaragua y Venezuela nos invita a reflexionar sobre el papel de la comunidad internacional para buscar soluciones ante la falta de resultados sobre esos esfuerzos. 

Cuando hablamos de comunidad internacional lo primero que debemos hacer notar es la falta de interacción y congruencia en relación con la forma en que entienden y responden a estas crisis los gobiernos, parlamentos, organizaciones regionales, defensores de derechos humanos, organismos judiciales y las Instituciones Financieras Internacionales (IFI). 

En Latinoamérica hay países que asumen posiciones comprometidas con la defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos; otros por razones ideológicas argumentan el respeto a la soberanía de cada país y dan la espalda ante la gravedad de los hechos; y algunos se hacen de la vista gorda porque tienen intereses económicos con ambas dictaduras. 

Estas realidades se reflejan en las votaciones de organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), donde a Nicaragua le tomó seis años de destrucción de la democracia y violación sistematizada de los derechos humanos, conseguir una votación de consenso para condenar los desmanes de la dictadura. En el caso de Venezuela tuvo que realizarse una segunda votación para condenar el fraude electoral. Este actuar repercute en la imagen y rol de la organización, pero sobre todo afecta a la región porque se establecen peligrosos precedentes que ponen en riesgo la democracia. 

Consejo Permanente de la OEA. Foto tomada del sitio web de la OEA.

Condenas y sanciones sin la efectividad deseada 

También está el caso de México que abandera el principio de la no intervención para justificar su falta de actuar, sin importarle que es afectado directamente al convertirse en el epicentro de una crisis humanitaria que ha dejado a miles de migrantes nicaragüenses, venezolanos, cubanos y haitianos en un limbo migratorio en ese país. Mientras estas crisis no se resuelvan ese problema se seguirá agudizando. 

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El actuar de los regímenes de Nicaragua y Venezuela ha sido cuestionado y denunciado públicamente en múltiples oportunidades por parte de gobiernos, organismos políticos, sociedad civil y actores relevantes en el ámbito de los derechos humanos. Algunas de estas condenas han ido acompañadas de sanciones dirigidas a personas e instituciones, que desafortunadamente no han tenido la efectividad deseada.  

En el caso particular de Nicaragua ocurre lo mismo con las recomendaciones emitidas por diversos actores como el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), los parlamentos de la Unión Europea, el británico y el americano, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) y otros, que siguen esperando que los gobiernos, únicas instancias con capacidad de impulsarlas, decidan ponerlas en práctica. 

Las IFI no están exentas de esta realidad y deben valorar sus actuaciones. No pueden seguir justificando el apoyo financiero a estos regímenes basados en la interpretación de reglamentos internos. 

IFI ignoran crisis de derechos humanos 

La investigación El apoyo financiero internacional a Nicaragua y la crisis democrática y de derechos humanos, realizada por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), llama a las IFI a no seguir ignorando lo que está sucediendo y a reconocer que el respeto a la democracia y a los derechos humanos es económicamente relevante y debe considerarse al momento de tomar decisiones. Especialmente si estas decisiones, garantizan la inyección de fondos a estas dictaduras que los utilizan para oxigenarse e incluso para reprimir a sus ciudadanos.  

En septiembre de este año, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un nuevo préstamo de 130 millones de dólares para el régimen Ortega Murillo, bajo el argumento de que es para desarrollo humano e infraestructura social. La decisión contó con el voto de los gobernadores de todos los países de la región, incluidos Guatemala y Costa Rica. Ambos países dieron sus votos, a pesar que sus gobernantes critican de manera pública y contundente al régimen nicaragüense. Actúan bajo la premisa de que si no le aprueban los préstamos entonces Nicaragua no aprobará los suyos. A esto solo se le puede llamar “institucionalidad secuestrada”.  

La falta de interacción y congruencia entre los actores internacionales ha permitido que estos regímenes se sientan inmunes y con carta blanca para reprimir a sus ciudadanos y aferrarse al poder a cualquier costo. 

En la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) creemos que es momento de que la comunidad internacional haga un alto en el camino para comenzar a trabajar de manera conjunta entre países, parlamentos, instituciones y organismos de derechos humanos. Es tiempo para que unánimemente impulsen las recomendaciones emitidas por instancias especializadas y sobre todo para aplicar medidas de presión o retorsión que frenen el incumplimiento de obligaciones internacionales de países como Nicaragua que destruyen la democracia y violan los derechos de sus ciudadanos.  

*Este artículo se publicó originalmente en:  www.cdnicaraguense.org 
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