Tenemos derecho a la memoria. Una memoria colectiva, imparcial, que recupere las realidades concretas y palpables de lo que llamamos pueblo, de los individuos que en aquellos barrios y comunidades que se formaron con los programas posguerra para la desmovilización de los contras y otros grupos —por dar un ejemplo— crearon hogares y formaron familias de donde emergió la gran mayoría de jóvenes que tienen en sus manos el futuro de la patria.
Durante la transición de los noventa —entre 1983 y 1993— se pactaron diez amnistías relacionadas al contexto, lo cual enterró por completo las memorias e imposibilitó la justicia no solo para las víctimas, de ambos bandos, sino para Nicaragua en su totalidad. La acción de olvidar y despreciar el pasado, de enterrar la verdad, que es el dolor del servicio militar forzado y todas las muertes, el dolor de la tortura, de la prisión, que sigue siendo un dolor sordo y mudo que nos dejó la guerra y la impunidad y que, además, nos dejó la miseria y la perpetuación de la corrupción y el autoritarismo.
Esto marcó a la sociedad nicaragüense en su cultura política, incrementando su desconfianza, sumado a esto, las prebendas y la corrupción del gobierno liberal de Alemán que al pactar con el Frente terminó por desalentar un posible cambio.
Todo el sacrificio de la guerra y los años posteriores fue en vano… hasta que sucedió abril 2018, que representa una ruptura, porque la mucha teoría sobre la cultura política no puede encasillar las despreciadas emociones contenidas de los nicaragüenses que, aunque perdieron la fe en los partidos, desean un cambio profundo. Abril no puede ser desechado, borrado o menospreciado y es una oportunidad, como ninguna otra, para lograr los cambios que se requieren y encaminarnos en el sendero del desarrollo y la civilización.
Lo que nos detiene en el camino es una gran piedra llamada sandinismo, pero ¿qué es el sandinismo? Mucho se ha hablado de la conceptualización que debemos realizar de esto y aunque muchos hemos coincidido en que es una ideología “sincrética” —una amalgama maltrecha, deforme y desfasada, desde su vertiente comunista, hasta su simple y fatídico fin: tomar y conservar el poder— todavía hay quienes intentan cohabitar con ese monstruo deforme.
¿Se puede cohabitar con el sandinismo?
Han sido varias las figuras políticas que han planteado una cohabitación con el sandinismo y su partido FSLN, siendo una de las más recientes Humberto Ortega, general del Ejército Popular Sandinista en los 80 y 90 y acusado de los crímenes atroces como el servicio militar forzado y la Navidad Roja (genocidio miskito) y quien muere miserablemente, engullido por las fauces de ese mismo monstruo, con el que quería que la oposición cohabitara.
Desde su posición de “centrismo humanista” Humberto aun continuaba pensando que el sandinismo era un sistema óptimo para responder a las necesidades del pueblo y que, “mal que bien” esa paz impuesta mediante el silencio había generado progreso; un discurso que no tiene sus bases en la realidad, pues darle derechos al pueblo no es heroísmo y restringir las libertades a cambio de pan, no es desarrollo.
Sin embargo, muchos actores de la variopinta oposición se emocionaron con el llamado de Humberto porque, cómo el mismo dijo, “…llamativamente en el poder en Washington, algunos procuran una solución pragmática con el gobierno de Daniel Ortega, en la incierta dinámica del día a día o de cara al proceso electoral de Nicaragua en el 2026”.
Estos son los mismos, que hoy visten de luto por la muerte del estandarte y pregonero de su estrategia de “apertura y cohabitación” que viene siendo lo mismo que pactar impunidad a cambio de curules en la Asamblea, bajo las reglas del juego del sandinismo. Una rendición que vendría a borrar de un zarpazo abril 2018 y que impondría al pueblo —al igual que las diez amnistías de los 90— el silencio, el olvido y la corrupción.
Pareciera que no existe, para estas personas, cabida para otra opción, puesto que a quienes hemos sido incisivos en la no impunidad nos han descalificado y desacreditado por ser demasiado vehementes e incluso “enfermos de odio” por negarnos a perdonar a responsables de crímenes atroces con quienes ellos felizmente conversan y planifican “la futura Nicaragua” (que no será nueva, porque no es lo que se pretende).
Las opciones son reducidas para este grupo de opositores que se hacen llamar líderes, cegados por la autoimposición de una falsa dicotomía entre la impunidad o la guerra. Por obvias razones, gran parte de estos personajes son disidentes del FSLN, que tienen claros intereses partidarios, que fueron desechados por no plegarse y adorar al caudillo (práctica sandinista que muchos replican hoy en día).
Este sandinismo de Humberto y muchos otros llamados opositores, intenta atraer con discursos grandilocuentes a funcionarios públicos y fuerzas armadas con la promesa de gobernar mejor, no mejor para el país, sino mejor que Ortega y Murillo, porque el sandinismo no gobierna para intereses mayores, para la libertad, para el progreso, para el futuro; el sandinismo solo quiere tomar y conservar el poder.
Y en este juego discursivo —foucaultiano— entra en escena, la llamada implosión del régimen, que, dicho sea de paso, es un proceso “natural” que puede llevar años o décadas, dependiendo del grado de estabilización económica que se logre y la indefensión aprendida de los nicaragüenses. Este juego puede llegar a provocar un efecto negativo de desarticulación e inacción de las fuerzas de la oposición.
Las recientes declaraciones del jefe de policía Francisco Díaz, aunque son una confesión de crímenes de lesa humanidad, también pueden darnos un vistazo de la cruda realidad: las fuerzas armadas, incluyendo al ejército, están cooptadas, no solo por “ideología” sino por involucramiento en hechos delictivos, corrupción, vinculación con cárteles de droga y trata de personas, incluyendo el beneplácito y la inacción ante la penetración de grupos terroristas -como ya lo ha manifestado el gobierno de Israel- en el territorio nacional.
El ejército no es un actor con influencia, es un engranaje más de la dictadura y que, además, el sandinismo históricamente ha mantenido y manejado a su gusto y antojo; y Humberto Ortega era, claramente, consciente de ello, pero asumo que nunca se planteó en su estrategia de perdón y cohabitación, un ejército realmente nacional. Todo esto, convierte a Nicaragua en una dictadura totalitaria sin oportunidad -a corto plazo- de implosión.
Para acelerar el proceso natural de implosión, pero a la vez el desmantelamiento de la dictadura, se requieren condiciones específicas: la consolidación de una estrategia común, que incluya una narrativa consecuente que no distorsione la realidad por conveniencia, sino que posicione acciones contundentes contra la dictadura, que inevitablemente pasa por la deposición de intereses individuales, particulares y partidarios y la legitimación de un liderazgo político que nos conduzca hacia y durante la transición.
Y en esa conducción hacia la transición a la democracia, los nicaragüenses solo responderán y se movilizarán, no en contra, si no a favor del cambio, ante liderazgos fuertes que tengan claridad, que sean consecuentes e inspiren la esperanza necesaria para que se luche, a lo interno del territorio, por la libertad.
Particularmente he insistido en que debemos impulsar un liderazgo que sea responsable y ético que logre articular la fuerza necesaria para forzar al régimen sandinista a liberar el país. Las “estrategias” como la de Humberto Ortega no son viables ni compatibles con una nueva Nicaragua. Negociar impunidad y las transacciones de poder, nunca han sido la respuesta, no para una república. Estas visiones derrotistas disfrazadas de pragmatismo no inspirarán a nadie en el territorio a luchar contra la dictadura.
Este liderazgo político debe ser capaz de crear una estrategia ecléctica y efectiva, más allá de las diferencias ideológicas, sin sacrificar los logros que abril 2018 pudo posicionar, siendo estos los reclamos políticos y sociales soterrados, que los nicaragüenses apenas habían logrado sofocar cubriéndolos con una manta fría de monotonía e indiferencia.
Los líderes de la oposición deben ser conscientes que ningún proceso de transición es igual a otro, que los procesos de transición y justicia llevados a cabo en América Latina y en otros países tienen diferencias estructurales, contextuales y respecto a las necesidades y realidades de sus sociedades.
Es un hecho, que las condiciones de la transición van a determinar el alcance de los cambios institucionales y estructurales que se puedan realizar, incluyendo los mecanismos de investigación y justicia al que las víctimas puedan acceder, por ello la ética y el compromiso con la justicia debe ser esencial.
La unidad, la concertación y la construcción de confianza son indispensables para terminar este ciclo de violencia y corrupción de una vez por todas. Para evitar los errores del pasado tenemos el derecho, pero también, el deber de la memoria.
La autora es exprisionera política, activista por la justicia y los derechos humanos. Estudiante de Ciencias Políticas y Trabajo Social.
