LA PRENSA informó este lunes 14 de octubre que la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que el Estado de Nicaragua debía ejercerla en el período de 2022 a 2026, está vacante desde noviembre del año pasado, cuando el nicaragüense Werner Vargas renunció —o fue obligado a renunciar—, sin que se aclarara la causa de su dimisión.
El vacío por tanto tiempo en el máximo cargo operativo del SICA se debe, según la información de LA PRENSA, a que ninguno de los candidatos para sustituir a Vargas que ha presentado el régimen de Daniel Ortega ha sido aceptado por los presidentes centroamericanos que son quienes deben elegirlo.
Algunos observadores consideran que la negativa de los presidentes a aceptar a ninguno de los candidatos propuestos por el régimen de Daniel Ortega es un desaire a Nicaragua. Pero lo cierto es que el desdén no es al país, ni a la nación, sino a quienes detentan el poder político.
En realidad, por su naturaleza y sus hechos en el ejercicio del poder el régimen orteguista es incompatible con los principios de la Integración Centroamericana.
El SICA se regula jurídicamente por el Protocolo de Tegucigalpa, una reforma sustantiva integral a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos que aprobaron los presidentes de todos los países del área en diciembre de 1991. En aquel momento histórico todos los primeros mandatarios centroamericanos eran democráticos, incluyendo entre ellos a la presidenta de Nicaragua, doña Violeta Barrios de Chamorro.
Eso explica que el artículo 3 del Protocolo de Tegucigalpa, que es un tratado internacional y tiene fuerza de ley para cada país del área, establece que el objetivo fundamental del SICA es constituir a Centroamérica “como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo”.
En congruencia con ese objetivo superior, el Protocolo de Tegucigalpa reafirma los propósitos de “consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y del irrestricto respeto a los Derechos Humanos”.
Más todavía, el Protocolo de Tegucigalpa dispone que los presidentes centroamericanos deben “conocer de los asuntos de la región que requieran de sus decisiones, en materia de democracia, desarrollo, libertad, paz y seguridad”.
Todo eso significa que la libertad y la democracia son valores consustanciales a la integración centroamericana y por tanto tienen que serlo a los sistemas políticos de cada país o Estado.
En realidad, la experiencia histórica internacional ha demostrado que los procesos de integración de los países afines regionalmente solo pueden ser exitosos si en todos ellos hay libertad, democracia, Estado de derecho y respeto a los derechos humanos.
Esas condiciones las había básicamente en todos los Estados centroamericanos cuando sus presidentes adoptaron el Protocolo de Tegucigalpa. Pero ahora en algunos no las hay, sobre todo en Nicaragua, donde no existe ninguna de las condiciones políticas virtuosas establecidas en el Protocolo de Tegucigalpa.
De manera que es comprensible que los gobiernos democráticos de Centroamérica se resistan a tener en la Secretaría General del SICA al representante de un régimen que ha liquidado la libertad y la democracia y que irrespeta masivamente y como política de Estado los derechos humanos de los nicaragüenses.
